Las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación, así como de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación fijaron este lunes los criterios de participación para la audiencia pública, en la que se inscribieron más de 27.000 personas, que tendrá lugar el próximo 25 y 26 de marzo, en el marco del debate por la reforma de la ley de Glaciares.
Según alegaron los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, se opto por un esquema mixto de participación en la audiencia pública, presencial, virtual y mediante presentaciones escritas o en video, frente a la magnitud inédita de inscriptos y en la necesidad de asegurar la operatividad del mecanismo participativo.
Así, el oficialismo resolvió que quienes se encuentren inscriptos hasta el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas podrán enviar sus ponencias por escrito y/o adjuntar un video de hasta cinco minutos de duración, que deberá ser publicado en la sección “Comunidad” del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados nacional.
Además, los diputados dispusieron que las exposiciones presenciales del miércoles 25 y las virtuales del jueves 26 de marzo sean reservadas para quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada jurisdicción, a fin de asegurar un enfoque federal.
Sin embargo, desde los cuerpos legislativos aclararon que todas las presentaciones recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración durante el tratamiento del proyecto.
“Este tipo de mecanismos constituye una practica habitual en audiencias públicas y permite que la totalidad de las opiniones queden formalmente registradas”, alegaron las autoridades de las comisiones, en la misiva que dieron a conocer.
Entre los argumentos, los presidentes de las comisiones advirtieron que la magnitud de las inscripciones hace materialmente imposible que todos los interesados expongan de manera presencial o virtual dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal funcionamiento del Congreso.
Por tal motivo, los diputados sostuvieron que la adopción de criterios organizativos resulta indispensable para garantizar un debate ordenado, sustantivo y representativo en una discusión que despierta un alto nivel de interés social y político.
Vale recordar que, la modificación de la ley de Glaciares habilita la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales, hasta el momento prohibidas, siempre que las provincias determinen que no afectan reservas estratégicas de agua.
A su vez, el texto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial, lo que, según organizaciones ambientalistas, debilita la protección ambiental y favorece la actividad minera.
Ley de Glaciares: el gobierno de Kicillof rechazó los criterios adoptados para la audiencia pública
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, rechazó la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) que pretende debilitar los mecanismos de control sobre la actividad minera en la zona periglaciar, así como los criterios adoptados para la audiencia pública.
“La Provincia está absolutamente en contra del intento de modificar la Ley de Glaciares: no se debe cambiar la ley, sino mejorar su implementación, la reforma es ilegal e inconstitucional, viola el art. 41 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente”, alegó la funcionaria.
En esa línea, la Ministra señaló que el proyecto afectaría gravemente a los sectores productivos del sur de la provincia de Buenos Aires, ya que habilitaría actividades extractivistas en zonas actualmente protegidas, lo que generaría consecuencias ambientales graves e irreversibles como la pérdida de reservas estratégicas de agua y la contaminación de cuencas hídricas.
“Para las audiencias públicas en el Congreso, ya se inscribieron más de 50.000 personas para expresarse en su enorme mayoría en contra de esta reforma, pero el Gobierno nacional quiere habilitar solo dos días para llevarlas a cabo”, advirtió Vila.
