La senadora bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Nerina Neumann Losada, sumó una nueva iniciativa al creciente debate legislativo sobre la situación de los Bomberos Voluntarios en la provincia de Buenos Aires. La dirigente correligionaria propuso actualizar el esquema de financiamiento destinado a los cuarteles y consolidar un respaldo institucional que ya comenzó a replicarse en distintos Concejos Deliberantes del territorio bonaerense.
La nueva presentación de Neumann se inscribe en un contexto marcado por los reclamos de las asociaciones bomberiles, que desde hace tiempo advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo de los recursos que reciben para sostener sus actividades cotidianas. El incremento sostenido de los costos operativos, la inflación acumulada y la ausencia de mecanismos automáticos de actualización colocaron al sistema en una situación de creciente fragilidad financiera.
“La iniciativa busca recuperar el espíritu original de la legislación vigente, garantizando recursos acordes a la realidad que atraviesan los más de 260 cuarteles bonaerenses, instituciones que cumplen una función esencial en la atención de emergencias, incendios, accidentes y catástrofes naturales“, fundamentó la legisladora radical al explicar los alcances de la propuesta.
Según precisó Neumann, la iniciativa tomó forma luego de numerosas recorridas y reuniones mantenidas con asociaciones de bomberos de la Sexta sección y de otros puntos de la provincia. A partir de estos encuentros, las autoridades de los cuarteles coincidieron en señalar que la principal dificultad radica en la insuficiencia de los fondos para afrontar gastos cada vez más elevados vinculados al mantenimiento del servicio.
“El trabajo de los Bomberos Voluntarios es irremplazable. Son hombres y mujeres que todos los días están al servicio de sus comunidades y que necesitan herramientas, equipamiento y recursos para seguir cumpliendo esa tarea fundamental“, puntualizó la senadora.
En paralelo, la representante del radicalismo también impulsó un proyecto de resolución para que los Concejos Deliberantes bonaerenses acompañen el reclamo mediante pronunciamientos institucionales. De hecho, un puñado de concejales de distintos municipios ya comenzaron a presentar iniciativas de adhesión, con el objetivo de trasladar el debate a escala local y expresar un respaldo transversal al sistema bomberil.
“La defensa de los Bomberos Voluntarios debe ser una política de Estado. Por eso estamos promoviendo un trabajo conjunto entre el Senado y los Concejos Deliberantes, para que la voz de cada distrito también acompañe este reclamo“, concluyó Neumann.
Vale precisar que el impulso legislativo de la referente opositora no constituye un hecho aislado, ya que en las últimas semanas distintos bloques políticos presentaron proyectos orientados a dar respuesta a una problemática que atraviesa a los más de 17.500 bomberos voluntarios distribuidos en los 135 municipios de la provincia, y a las 268 asociaciones que administran más de 300 cuarteles y destacamentos.
La iniciativa de Neumann se suma al debate abierto por el financiamiento de los Bomberos Voluntarios
Uno de los expedientes en curso corresponde al senador del PRO, Juan Manuel Rico Zini, quien en los últimos días propuso actualizar el Fondo para el Financiamiento Operativo del Sistema de Seguridad Siniestral Bonaerense. La normativa vigente establece que el 3% de los ingresos provenientes del Impuesto Inmobiliario que recauda la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) se destina a los Bomberos Voluntarios, aunque fija un tope máximo de $500 millones.
En ese sentido, el proyecto en cuestión eleva ese límite a $700 millones e incorpora un mecanismo de actualización automática anual basado en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con el objetivo de evitar que la inflación vuelva a erosionar la capacidad financiera del sistema.
“Vincular la subsistencia de los cuerpos de Bomberos Voluntarios a un índice de actualización oficial previsible no solo garantiza la autarquía financiera de las asociaciones, sino que resguarda la continuidad del servicio público de seguridad“, afirmó Rico Zini.
En tanto, la preocupación por fortalecer la actividad bomberil también encontró eco en la Cámara de Diputados bonaerense, donde el titular del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, reflotó un proyecto de su autoría que busca eximir a los integrantes de los cuerpos activos del pago de aranceles provinciales vinculados al otorgamiento y la renovación de las licencias de conducir.
La presentación retoma una iniciativa que el dirigente había impulsado anteriormente junto a su excompañera de bancada, Sabrina Sabat, actual integrante del bloque “Unión y Libertad”. A través de una misiva dirigida al presidente de la Cámara baja bonaerense, Alejandro Dichiara, Cuervo pidió avanzar nuevamente con el tratamiento de la propuesta y volvió a poner sobre la mesa el debate por medidas orientadas a fortalecer a los integrantes del sistema de bomberos voluntarios.
Por su parte, la diputada de Hechos-UCR Identidad, Paula Bustos, presentó una iniciativa en la misma línea, que además propone invitar a los municipios a adherir mediante la eliminación de las tasas locales correspondientes. De prosperar la medida, el costo del registro para quienes integran los cuerpos activos podría reducirse prácticamente a cero.
“El objetivo principal es propiciar condiciones adecuadas que contemplen la gran tarea que asumen y cumplen los bomberos en nuestra sociedad, reconociendo la importancia que reviste la licencia de conducir en el ejercicio de sus funciones“, expresó Bustos en los fundamentos.
En la misma línea, la diputada radical Priscila Minnaard presentó semanas atrás una iniciativa similar a la de Rico Zini, orientada a modificar el esquema de financiamiento previsto en la Ley N°14.761 e incorporar mecanismos automáticos de actualización para evitar nuevos atrasos.
De acuerdo con el articulado impulsado por la legisladora, los montos actuales resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento adecuado de los cuarteles. Según detalló la dirigente de la oposición, cada asociación recibe entre 2,5 y 3,5 millones de pesos anuales, distribuidos en dos pagos semestrales que deben cubrir gastos esenciales para mantener operativo el servicio.
