La senadora bonaerense del bloque de Fuerza Patria (FP), Malena Galmarini, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para crear una Agencia Provincial que tenga como función la custodia, administración, asignación y eventual disposición de los bienes secuestrados y descomisados del Estado.
Según explicó la legisladora massista, el proyecto busca que bienes criminales como vehículos, propiedades, bienes muebles registrables, entre otros, que hayan sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas sean transformados en bienes comunes y reutilizados social y económicamente.
“La reutilización de los bienes es una práctica que permite al Estado cumplir con su deber de reparación de daño padecido por las víctimas directas de la delincuencia, a las víctimas indirectas, que es el propio Estado, pero fundamentalmente a la sociedad civil en general, con particular énfasis en los sectores vulnerables”, recalcó Galmarini.
En ese marco, la dirigente del Frente Renovador instó a la Legislatura bonaerense a crear un marco normativo que incite el recupero de los bienes provenientes del delito y que su destino sea el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias que se dedican a atender las necesidades de los grupos con más vulnerabilidades de la provincia.
Para ello, Galmarini propone la creación de la Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados que funcionará como ente autárquico y descentralizado en la órbita del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, debiendo actuar en coordinación con las demás agencias del Estado.
El texto también establece que la autoridad de aplicación contará con un Consejo Provincial Asesor de Bienes Secuestrados y Recuperados, el cual se reunirá por lo menos una vez cada seis meses, para generar recomendaciones y/o sugerencias al organismo sobre las políticas generales a implementar procurando un impacto provincial positivo.
Entre sus funciones, el Consejo Provincial deberá impulsar protocolos, buenas prácticas y recomendaciones para el mejor funcionamiento de la Agencia; promover redes de información e intercambio con dependencias de cualquier tipo; promover acciones de capacitación, difusión e investigación, así como elevar propuestas y emitir opinión sobre todas las políticas públicas relacionadas al objeto de la ley.
Además, Galmarini solicitó la creación de una comisión Bicameral de Fiscalización de Bienes Secuestrados y Recuperados con el objetivo de supervisar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de los principios y garantías individuales consagrados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
“La Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para controlar, citar, requerir e investigar de oficio”, expresó la senadora bonaerense y aclaró: “Su pedido al organismo de contralor de Bienes Secuestrados y Recuperados deberá suministrar la información o documentación que el cuerpo parlamentario solicite”.
Cabe destacar que, en los considerandos de la iniciativa, Galmarini señaló que la propuesta está basada en el proyecto de Ley de Administración y Reutilización Social de los Bienes Cautelados y Decomisados en causas penales, presentado en el Congreso de la Nación.
En paralelo, Galmarini recordó que existen numerosos antecedentes exitosos de organismos de esta índole, como en Italia donde está la Agencia Nacional para la administración y la destinación de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada (ANSBC).
“Argentina enfrenta un desafío creciente en lo que a la lucha contra el crimen organizado se refiere, ante este escenario, el enfoque de la política criminal del Estado en su conjunto ha demostrado ser poco efectiva para contener este proceso y para proteger los derechos de las víctimas”, alertó la senadora bonaerense.
En esa línea, Galmarini concluyó: “Si bien se han realizado esfuerzos recientes en áreas específicas, la ausencia de un abordaje integral amenaza la capacidad del Estado argentino de dar cuenta de la magnitud de este fenómeno, por estas razones, el caso italiano puede ser una guía útil que oriente una política de largo plazo para Argentina.”
