Al igual que en otros distritos, productores de General Guido acudieron a la Justicia para presentar una demanda penal contra la administración local, que comanda el peronista Carlos Rocha, por el pésimo estado de los caminos rurales.
Según explicaron los damnificados, la denuncia apunta al deterioro de los caminos rurales y el uso de los fondos recaudados de la Tasa de Red Vial, luego de los reiterados planteos por la falta de mantenimiento y los sucesivos aumentos del gravamen.
Ante este escenario, los productores solicitaron que el Ejecutivo comunal detalle los fondos recibidos y aplicados a la red vial, así como informe los trabajos realizados en los últimos tres años con la cantidad de kilómetros intervenidos.
“También queremos conocer el destino de los recursos provenientes de otras fuentes destinadas al mantenimiento de los caminos”, expresaron los productores, tras cuestionar las ordenanzas tarifarias y el criterio de cobro basado en la cantidad de hectáreas.
Los demandantes recalcaron que debe existir una relación efectiva y proporcional entre el monto que pagó cada contribuyente y el servicio que recibió porque los caminos rurales están detonados, desde un tiempo considerable hasta esta parte.
Como medida subsidiaria, los productores pidieron el reintegro de los importes abonados en exceso o, en su defecto, que los valores se retrotraigan a la Ordenanza Fiscal 2023, con ajustes “razonables y no confiscatorios”.
“El mal estado de los caminos no solo impacta en la producción agropecuaria, sino también en la vida cotidiana, hay dificultades para el acceso de alumnos a las escuelas, la atención de emergencias de salud y la circulación de quienes viven y trabajan en el campo”, advirtieron los ruralistas.
Caminos rurales: los antecedentes de los productores ante la Justicia
El reclamo de General Guido no es aislado. En Ayacucho, la situación de los caminos rurales también volvió a generar preocupación entre productores y vecinos. La Sociedad Rural local convocó a una asamblea abierta para analizar el estado de la red vial, el funcionamiento de la Mesa de Caminos y las alternativas para afrontar la problemática.
En Daireaux, Azul y Carlos Casares, la Justicia declaró la ilegitimidad del cobro de las tasas municipales en relación a la red vial. Entre los argumentos, los magistrados señalaron la falta de prestación efectiva del servicio por parte de las administraciones locales.
Además, los ruralistas de Carlos Casares presentaron una denuncia penal contra la administración local, que comanda Daniel Stadnik, a quien responsabilizan por mantener inactivo al Comité de Cuenca Subregión A3 que preside, mientras la región sigue bajo el agua desde principio de año.
