El diputado bonaerense del Frente Renovador, Juan Malpeli, esta semana elevó un proyecto de ley para promover el desarrollo de la industria naval en la provincia de Buenos Aires, mediante la creación de incentivos económicos e instrumentos de financiamiento productivo.
En ese sentido, Malpeli afirmó que la iniciativa apunta a “duplicar” la generación de empleo en la provincia mediante beneficios fiscales, tales como la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y mecanismos de articulación con el sistema portuario provincial.
La propuesta, que el legislador presentó días atrás junto a la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, la exdiputada Susana González, crea el Fondo Provincial de Desarrollo de Astilleros Bonaerenses (FPDAB) y tiene por objetivo financiar proyectos vinculados con la industria naval.
“Es una actividad estratégica que no solo genera valor agregado en sí misma, sino que además se encuentra estrechamente vinculada con el comercio exterior, la logística, la industria metalmecánica y el desarrollo tecnológico, configurando un entramado productivo de alto impacto económico y social”, puntualizó el legislador de Fuerza Patria.
Según precisó Malpeli, la industria naval argentina, y la bonaerense en particular, atravesó desde la década de 1990 un “proceso de debilitamiento estructural” vinculado con la desregulación del transporte marítimo. En ese período, la apertura del mercado de fletes y la eliminación de instrumentos de política industrial llevaron a que menos del 5 % del comercio exterior marítimo se efectúe con buques de bandera nacional.
En este marco, el proyecto elevado en la Cámara baja bonaerense institucionaliza un régimen de promoción aplicable a las actividades de construcción, reparación, transformación, mantenimiento y modernización de embarcaciones desarrolladas en astilleros radicados en la provincia.
En detalle, podrán participar como financiadores o ejecutores entidades financieras, como el Banco Provincia; y los Consorcios de Gestión Portuaria provinciales. Asimismo, serán beneficiarios los astilleros públicos y privados, talleres navales, operadores logísticos, empresas navieras y personas humanas y jurídicas que promuevan proyectos de construcción y reparación de embarcaciones.
De esta manera, los Consorcios de Gestión Portuaria que adhieran al régimen podrán establecer incentivos para las embarcaciones construidas en la provincia, entre los que figuran exenciones o reducciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. Asimismo, el Estado provincial deberá priorizar, en igualdad de condiciones técnicas, la contratación de bienes y servicios provenientes de la industria naval radicada en la provincia.
“La reactivación de la industria naval presenta un alto potencial en materia de generación de empleo. Actualmente, la industria naval argentina emplea entre 7.000 y 10.000 trabajadores directos, pero podría duplicar o triplicar esa cifra con un esquema adecuado de financiamiento”, concluyó Malpeli.
