Legisladores bonaerenses del bloque de La Libertad Avanza (LLA) salieron en fila a pegarle al gobernador Axel Kicillof por la reciente suspensión del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, en toda la provincia de Buenos Aires.
“Kicillof garantiza la impunidad del delincuente, este es el ejemplo más claro de que la crisis que atraviesa la Provincia es consecuencia del modelo del gobernador, que convirtió al Conurbano en un infierno por sus caprichos garantistas”, lanzó el titular de partido libertario en suelo bonaerense, Sebastián Pareja, a través de su cuenta de X.
Acto seguido, el diputado nacional defendió la normativa y recalcó que el gobierno provincial “insiste con un sistema que garantiza impunidad”. “Hay que terminar con esta locura y recuperar el sentido común, con los delincuentes encerrados y las personas de bien libres”, cerró.
Es que, en el marco de un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 en Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, suspendió el nuevo régimen en toda la provincia de Buenos Aires.
Entre los argumentos, la magistrada advirtió la falta de condiciones mínimas para alojar a un mayor número de adolescentes privados de su libertad. “¿Puede el Estado ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables?”, planteó la resolución.
La jueza también justificó el carácter preventivo de la medida. “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”, remarco, al considerar que existían elementos suficientes para advertir un riesgo concreto derivado de la aplicación inmediata de la nueva legislación.
Frente a esta decisión, el jefe de la bancada libertaria en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, también salió con los tapones de punta a cargar contra Kicillof. “Mientras el Gobierno nacional impulsa una Ley que se debatió y sancionó en el Congreso Nacional para combatir la inseguridad, por otro lado, está Kicillof que sigue defendiendo a los delincuentes”, expresó.
“La Provincia de Buenos Aires está viviendo una crisis sangrienta en materia de seguridad y los bonaerenses viven con miedo, la Ley de baja de imputabilidad fue una decisión y política concreta en contra de la puerta giratoria de la justicia y el Gobernador pretende seguir defiendo la impunidad de los delincuentes”, completó Curestis.
En tanto, su correligionario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Juanes Osaba, también apuntó contra la administración provincial. “Mientras haya kirchnerismo, habrá inseguridad, Nación endurece las reglas contra la delincuencia y la Provincia va a contramano, defendiendo al que roba”, cerró.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
Este sábado entró en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que reemplaza el Régimen Penal Juvenil establecido en 1980 y permite que niños adolescentes de 14 y 15 años sean imputados, juzgados y condenados penalmente por delitos previstos en el Código Penal, aunque bajo un sistema especial que contempla sanciones alternativas, medidas de seguimiento y privación de la libertad para determinados casos.
Cabe mencionar que, la reforma del Régimen Penal Juvenil fue impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei con el objetivo de establecer un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil para menores de 16 años, pero su implementación comienza acompañada por interrogantes vinculados con los recursos disponibles para aplicarla.
La principal modificación está en la edad a partir de la cual una persona puede ingresar al sistema penal: mientras el régimen anterior establecía la inimputabilidad de quienes tenían menos de 16 años, la nueva normativa incorpora a los adolescentes de 14 y 15 años.
Sin embargo, esto no significa que cualquier delito cometido a esa edad implique automáticamente una condena de prisión, ya que la ley establece un régimen diferenciado según la gravedad del hecho y contempla distintas respuestas por parte de la Justicia.
De esta manera, el nuevo Régimen Penal Juvenil dispone que las sanciones deben orientarse tanto a la responsabilidad por el delito cometido como a la educación, resocialización e integración social del adolescente. Para determinados casos, especialmente aquellos en los que la pena prevista no supera los tres años, no podrá aplicarse prisión efectiva, mientras que en otros delitos con penas de hasta diez años podrán utilizarse medidas alternativas si se cumplen las condiciones establecidas por la norma.
Entre esas alternativas aparecen la reparación del daño a la víctima, las reglas de conducta, las restricciones de acercamiento, la prohibición de concurrir a determinados lugares y la realización de actividades educativas o comunitarias. También se incorpora la amonestación, entendida como un llamado de atención formal acompañado por otras medidas, y el monitoreo electrónico como mecanismo para controlar el cumplimiento de determinadas sanciones.
