El gobierno de Javier Milei este martes dio un nuevo paso hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la apertura de las ofertas técnicas que dejó en carrera a dos consorcios interesados en adquirir el 90% de las acciones estatales de la empresa que presta los servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a 26 municipios del Conurbano bonaerense.
El primero de los grupos está encabezado por Rowing S.A. e integrado por Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX, mientras que la segunda propuesta lleva la firma de Roggio ROAS S.A.U., junto con Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Si bien el procedimiento había registrado en un principio a 17 participantes, solamente esos dos consorcios formalizaron propuestas para continuar en la compulsa.
Vale precisar que el avance del Ejecutivo nacional ocurre en medio de una disputa judicial por el futuro de AySA. Hace algunos días, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una cautelar que impide reducir las obligaciones de la empresa vinculadas con el acceso al agua potable, la salud y el ambiente.
En paralelo, la privatización también enfrenta una creciente resistencia política en territorio bonaerense. Desde el ámbito parlamentario, un puñado de legisladores de Fuerza Patria acompañó los reclamos de asociaciones de consumidores, organizaciones socioambientales y vecinos de los 26 municipios alcanzados por el servicio, que advirtieron sobre el impacto que podría tener la venta en las tarifas, las obras de infraestructura y el acceso al agua potable.
La ofensiva tuvo uno de sus principales capítulos en la Cámara alta, donde los senadores Fernando Coronel, Germán Lago y Marcos Pisano recibieron a representantes de los distritos afectados y cuestionaron el proceso impulsado por la actual conducción nacional. Días después, el bloque que conduce Sergio Berni formalizó su “rechazo categórico” a la privatización y reclamó la reactivación de las obras hídricas paralizadas.
Ahora, la Comisión de Evaluación creada para la licitación deberá determinar si los aspirantes cumplen con las exigencias legales, técnicas, económicas y financieras que estableció el pliego, entre ellas antecedentes en la prestación de servicios sanitarios de gran escala y un patrimonio neto consolidado de al menos USD 300 millones. Los grupos que superen esa instancia pasarán a la apertura de las ofertas económicas, que definirá al ganador según el mayor precio presentado en dólares.
No obstante, el esquema de venta no estableció una base ni un precio mínimo para el 90% del paquete accionario de AySA, por lo que el monto final dependerá de la competencia entre los dos oferentes que superen la evaluación. El Ministerio de Economía proyecta obtener entre USD 450 millones y USD 500 millones, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada.
Una vez conocida la novedad, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, celebró la apertura de las ofertas técnicas y señaló que el futuro operador deberá realizar inversiones superiores a los USD 2.000 millones durante los primeros cinco años. “Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato. Más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”, remarcó el funcionario a través de su cuenta de X.
Fuerza Patria rechazó la venta de AySA y desempolvó el antecedente de Aguas Argentinas
En medio del avance de la privatización de AySA, los senadores bonaerenses de Fuerza Patria pusieron el foco en el antecedente de Aguas Argentinas, que quedó en manos privadas durante la década de 1990. Según plantearon desde la bancada oficialista en el comunicado, aquel proceso de concesión estuvo acompañado por un incremento superior al 80% en las tarifas, además de cargos fijos y mecanismos de actualización que perjudicaron a los usuarios.
Los legisladores también reivindicaron la etapa de gestión estatal iniciada en 2006, tras la rescisión del contrato con el grupo francés Suez. De acuerdo con los números difundidos por el bloque, desde entonces la compañía nacional incorporó a más de 11 millones de personas al servicio de agua potable y permitió que otras 8 millones accedieran a la red de cloacas, con especial impacto en el segundo y tercer cordón del Conurbano bonaerense.
“La experiencia demuestra que este tipo de privatizaciones no alivian las cuentas públicas: las empeoran. El Estado termina asumiendo la deuda, garantizado ganancias en dólares y subsidiando a la empresa concesionaria cuando reclama falta de rentabilidad”, indicaron los senadores oficialistas, entre ellos, la extitular de AySA, Malena Galmarini.
Senado bonaerense: el comunicado de Fuerza Patria en repudio a la privatización de AySA
