Este martes representantes de asociaciones de defensa del consumidor, organizaciones socioambientales y de derechos humanos, y vecinos de 26 municipios bonaerenses coparon el Senado de la provincia de Buenos Aires para tener un cara a cara con legisladores peronistas sobre el proceso de privatización que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei en Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA).
El encuentro tuvo lugar en el Salón Dorado de la Cámara alta, donde los kicillofistas Fernando Coronel y Germán Lago, y el massista Marcos Pisano atajaron las preocupaciones que las entidades vecinales realizaron sobre las posibles consecuencias que causará la venta de la empresa que se hace cargo de la potabilidad del agua y las cloacas de todo el país.
“Defender a AySA como patrimonio del Estado es defender los derechos del pueblo y la mejor calidad de servicio que se pueda brindar tanto en el agua como en las distintas modalidades de saneamiento que correspondan. La privatización de AYSA afecta gravemente un derecho humano como lo es el agua potable”, opinó un referente de las organizaciones que promovieron la reunión.
En plano político, el convite fue motorizado por el propio Coronel, quien reconoció la “expresión genuina” de distintos sectores sociales que se unieron para promover la lucha contra la privatización de AySA. “Con esta venta, el Gobierno está garantizando ganancias exorbitantes que las van a terminar pagando los usuarios”, alertó el alfil del Movimiento Derecho al Futuro.
La reunión se dio en el marco de un plan de lucha que se desarrolla bajo el lema “No a la privatización de Aysa” y que tendrá lugar en Gobernación y la Defensoría del Pueblo. La agenda contempló este encuentro con legisladores, a modo de conseguir apoyos formales en la cruzada por impedir que Casa Rosada venda una de las empresas estatales más importantes del país. El grupo de manifestantes está compuesto por representantes de los 26 distritos que forman parte del área de concesión del servicio en el Gran Buenos Aires.
“No hay duda que esta reunión pone de manifiesto que la lucha por la no privatización de AySA es la lucha por garantizar el agua como un derecho humano inalienable, que está jurídicamente consagrado en la constitución y en nuestra identidad como pueblo. En el campo de las afectaciones cognitivas, el 80% de las disenterías infantiles corresponden a la utilización y consumo de agua no potable”, mencionó otro de los presentes en la reunión.
Vale aclarar que la privatización de AySA inició en junio de 2024, cuando el Congreso sancionó la llamada “Ley Bases“ de Milei, que incluyó a la empresa como parte de la lista de firmas estatales sujetas a ser vendidas. En julio de 2025, el Gobierno ordenó el inicio del proceso de venta de todas las acciones de titularidad del Estado nacional (el 90% de la entidad), y en mayo de este año se autorizó el llamado a licitación pública, que tiene como plazo final el próximo 15 de septiembre, es decir la semana que viene.
Senadores peronistas alertaron por las consecuencias de la privatización de AySA
En diálogo con Diputados Bonaerenses, Coronel consideró que la privatización de AySA tendrá consecuencias “sociales, económicas y de salud”. Por caso, el oriundo de San Fernando recordó que la desinversión en agua y en cloacas viene acompañado de un fuerte impacto en el precio de las tarifas y de subas en enfermedades causadas por el mal consumo hídrico.
“Después está el tema ambiental. El agua es un recurso escaso a nivel mundial y es esencial para la vida. Los argentinos no podemos mirar para el costado ante esta política que está llevando adelante Milei, que es un gobierno de entrega, que está en contra de los intereses de los argentinos y que está más preocupado por defender los intereses de afuera que los intereses de nuestra población”, consideró el senador peronista.
Por su parte, el también legislador referenciado en Axel Kicillof, Germán Lago, reflexionó que la venta de AySA sigue el mismo camino que la eventual privatización de la Nucleoeléctrica (NASA), la principal firma de energía atómica nacional. “Todo empieza por privatizaciones y ventas de activos, pero después pasa a generar angustia e imposibilita condiciones para poder desarrollar proyectos de distribución respecto a la accesibilidad de servicios básicos”, advirtió.
“La provincia de Buenos Aires tiene un potencial en cuanto a la energía eléctrica, ya sea en las instancias de generación, distribución y comercialización, como así también concretar un servicio propio para la provincia”, consideró el exintendente de Alberti sobre la situación de Nucleoeléctrica, otro proceso privatizador de Milei que ya tuvo su correlato en la Legislatura.
En tanto, Pisano enalteció el trabajo “humano y sensible” de AySA durante la gestión de su ahora compañera de banca, Malena Galmarini, quien se hizo cargo de las obras para potenciar el acceso al agua potable y a cloacas de calidad en el Conurbano bonaerense, el centro demográfico con mayor densidad poblacional del país. “Dejó una empresa absolutamente saneada, con 8.000 empleados trabajando al servicio de los de todos los municipios”, subrayó.
“El Gobierno está privatizando una empresa absolutamente estratégica para algo tan sensible que es el agua y la cloaca, que les resuelve la salud a millones de bonaerenses y que también ayuda a los intendentes, ya que les da la posibilidad de que disminuyan los pacientes producto de la mala calidad de agua y el no saneamiento cloacal. Claramente le ven un negocio al agua y a la cloaca para llevarse réditos económicos a una empresa que está desendeudada, que fue dejada en total funcionamiento”, cerró el exintendente de Bolívar.
