El titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Andrés De Leo, este miércoles presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo provincial instrumente la exclusión de Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) de la concesión sanitaria en Bahía Blanca y, de esta manera, transferir a la Municipalidad la jurisdicción sobre la prestación del servicio hídrico.
En ese sentido, la iniciativa de De Leo establece un procedimiento bilateral en la municipalización del servicio, condicionado a la aceptación mediante ordenanza en el Concejo Deliberante local y a la celebración de un Convenio de Transferencia.
El proyecto de ley indica que el Ejecutivo bonaerense y la Municipalidad de Bahía Blanca deberán acordar un Convenio de Transferencia para atender las condiciones jurídicas, económicas, laborales y patrimoniales necesarias para asegurar la continuidad, calidad y eficiencia del servicio. Asimismo, deberá contemplar las consecuencias derivadas de la adecuación del régimen concesional de ABSA.
“Ahora depende de la decisión del gobernador Axel Kicillof y del intendente Federico Susbielles que ABSA se vaya de Bahía Blanca. Los bahienses estamos cansados de un servicio que no está a la altura de lo que necesitamos. El municipio necesita acciones, no discursos vacíos”, puntualizó el legislador lilito.
Uno de los puntos centrales del texto elevado por De Leo pasa por la realización de una auditoría integral e independiente previa a la firma definitiva del convenio de transferencia para determinar el estado y la capacidad de la infraestructura; las pérdidas físicas y comerciales; como así también la capacidad de captación, potabilización, y las inversiones necesarias a corto, mediano y largo plazo.
Según precisó el legislador de la Coalición Cívica, el proyecto para retirar la concesión de ABSA en Bahía Blanca fue presentado en base a los “problemas persistentes y públicamente documentados” en la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales, algo que dio lugar a numerosos reclamos de usuarios, como así también críticas de concejales y autoridades municipales.
“Entre las dificultades verificadas se encuentran interrupciones y deficiencias en el suministro de agua potable, pérdidas prolongadas en la vía pública, roturas de cañerías, problemas de presión, desbordes cloacales, obstrucciones y deterioro de colectores, junto con demoras en la obtención de soluciones estructurales”, graficó el presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados.
En septiembre de este año, el propio intendente peronista Federico Susbielles cuestionó a la empresa por la falta de obras sistema cloacal y estimó que la extensión de colectores que requeriría renovación por parte de ABSA equivale a unos 27.000 metros. “Si no lo va a hacer, pedimos que la distribución pueda realizarse bajo la órbita municipal”, reclamó.
No obstante, el jefe comunal aclaró que la municipalización no constituye el objetivo principal de la gestión. “¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Que se municipalice la distribución? No, la búsqueda nuestra es que se invierta el dinero que tiene que invertir en Bahía Blanca”, remarcó.
Bahía Blanca: la letra chica del proyecto de De Leo para municipalizar el servicio de agua
El proyecto del legislador de la Coalición Cívica plantea expresamente que el cambio de gestión no podrá utilizarse como argumento para “suspender, modificar o liberar las obligaciones asumidas previamente” por la Provincia, ABSA u otros organismos respecto de obras e inversiones destinadas al sistema sanitario de Bahía Blanca.
De esta forma, las obras que a la fecha de entrada en vigencia del Convenio de Transferencia del servicio de agua se encuentren presupuestadas, financiadas, licitadas, adjudicadas, contratadas o en ejecución “continuarán bajo responsabilidad de quien las hubiera asumido hasta su completa ejecución, recepción y puesta en funcionamiento, salvo acuerdo expreso en contrario con la Municipalidad”.
En rigor, la iniciativa del diputado bonaerense condiciona la efectividad del proceso a la aprobación del inventario de bienes, la auditoría integral, el régimen de infraestructura compartida, el programa de transición, la asignación de pasivos y obligaciones y el esquema de financiamiento.
Producida la transferencia, Bahía Blanca podrá determinar la modalidad de organización y prestación del servicio. Podrá hacerlo por administración directa, mediante ente autárquico o descentralizado, empresa o sociedad con control estatal municipal, mecanismos de cooperación intermunicipal, o mediante concesión u otra modalidad legalmente admitida.
“Cualquiera sea la modalidad elegida, deberá preservarse la naturaleza de servicio público esencial y garantizarse su continuidad, regularidad, universalidad, calidad, eficiencia, sustentabilidad y accesibilidad”, precisó De Leo.
