Durante la sesión ordinaria de esta semana, el Senado bonaerense aprobó el proyecto impulsado por la legisladora de Fuerza Patria, Amira Curi, para ampliar las licencias para mujeres víctimas de violencia que cumplan funciones en la Administración Pública, como así también en sociedades con participación estatal mayoritaria.
El texto aprobado por los senadores apunta a incluir la violencia digital en la ley provincial que regula la “Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia” para así garantizar una protección completa para todas las trabajadoras estatales bonaerenses.
Según precisó la senadora Amira Curi, el proyecto busca en primer lugar adecuar a normativa provincial a la Ley nacional N° 27.736, conocida como “Ley Olimpia”, que incorporó en 2023 la violencia contra mujeres en entornos digitales como una modalidad de violencia de género.
“Entendemos conveniente incorporar la violencia digital o telemática para que las mujeres, que son víctimas de este tipo de violencia, puedan contar con herramientas concretas para denunciar en sus respectivos espacios de trabajo y solicitar la licencia”, afirmó la senadora kirchnerista y titular de la comisión de Derechos Humanos y Garantías.
En detalle, la “Ley Olimpia” define a la violencia digital como toda conducta en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar.
En segundo lugar, el proyecto de Curi establece la incorporación de la confidencialidad en torno a la tramitación de la licencia. “En el caso de incumplimiento del deber de reserva, se instruirá de oficio sumario administrativo pertinente”, subrayó la legisladora.
Es preciso mencionar que, el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia implementó el año pasado el Protocolo Marco para la Prevención, Intervención y Abordaje Integral de las Violencias Laborales en el Sector Público, que entró en vigencia el 29 de septiembre de 2025.
En el documento, la reserva de identidad y confidencialidad aparece como uno de los principios rectores desde el inicio del procedimiento de intervención ante casos de discriminación, acoso sexual o psicológico, y violencia simbólica con connotación sexista.
