Durante la última sesión de este martes, el Senado bonaerense acompañó un proyecto del legislador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que busca endurecer las sanciones contra quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, trabajadores de la salud y agentes de servicios públicos esenciales dentro de escuelas, hospitales y dependencias estatales de la provincia de Buenos Aires.
La Cámara alta bonaerense dio media sanción a la iniciativa que apunta a modificar el artículo 74 bis del Código de Faltas provincial, en medio de una serie de episodios que encendieron las alertas dentro de la órbita estatal, especialmente por el avance de situaciones de violencia en las escuelas.
“Este es un proyecto que tiene por objeto dar un manto de protección a estos servidores públicos que son la primera cara del Estado ante la atención en las escuelas, en los hospitales, en las otras dependencias públicas, que reciben o que son objeto de maltratos, agresiones, hostigamientos”, señaló Vargas durante la sesión del Senado.
En concreto, la propuesta extiende el alcance de la normativa, actualmente centrada en el personal educativo, hacia trabajadores de la salud y de otros servicios públicos esenciales. En ese sentido, el texto contempla penas de arresto y multas para quienes hostiguen, insulten, agredan o perturben el normal ejercicio de sus funciones dentro de los establecimientos alcanzados por la ley.
“Básicamente, el proyecto tiende a imponer una sanción de 5 a 30 días de arresto, con el agravante de que se endurece si se hace en un colegio frente a alumnos, si se hace en un hospital frente a los otros pacientes. Pone un manto de protección a estos servidores públicos que día a día concurren a sus trabajos y que son los que verdaderamente ponen el lomo y se desloman por la atención de los bonaerenses”, destacó el legislador por la Sexta sección electoral.
“Si bien la Ley N° 14.898 representó un avance significativo al proteger específicamente a los trabajadores de la educación, la realidad actual nos exige ampliar este ‘escudo legal’ para abrazar también a los médicos, enfermeros, choferes de ambulancia y agentes de servicios esenciales que enfrentan situaciones de violencia idénticas en el ejercicio de sus funciones”, señala el dirigente de la Sexta sección electoral en los fundamentos del proyecto.
En efecto, uno de los puntos que Vargas destacó durante el debate es que el proyecto contempla penas de arresto de 5 a 30 días o multas de entre 50 y 500 Unidades Fijas (UF) con agravamiento si la situación se desarrolla en el espacio de trabajo y frente a otros participantes de la vida.
Por fuera del esquema sancionatorio, la iniciativa también obliga al Poder Ejecutivo bonaerense a implementar protocolos de actuación inmediata ante este tipo de episodios. Estos mecanismos deberán contemplar el auxilio de la fuerza pública para retirar al agresor, la intervención del Ministerio Público cuando resulte necesario solicitar medidas de restricción o exclusión y el resguardo preventivo de la víctima durante su jornada laboral.
Asimismo, la Provincia deberá garantizar patrocinio jurídico gratuito a los trabajadores alcanzados por hechos de violencia, con la posibilidad de que se constituyan como particular damnificado o querellante en las causas judiciales. El proyecto también incorpora asistencia psicológica inmediata y acompañamiento especializado, a través de programas de salud ocupacional o de las aseguradoras de riesgo de trabajo.
Finalmente, la propuesta crea un Registro Provincial de Hechos de Violencia Institucional para reunir estadísticas y antecedentes sobre agresiones en servicios esenciales. La herramienta buscará detectar zonas críticas y orientar la asignación de recursos de seguridad, con la obligación de preservar la confidencialidad de las víctimas y respetar la normativa vigente sobre protección de datos personales.
“Defender a nuestros servidores públicos es, en última instancia, defender la calidad y la continuidad de los servicios que recibe cada ciudadano de la Provincia. El respeto por la función pública debe volver a ser la regla, y el Estado debe ser el primero en asegurar que así sea”, concluyó Vargas.
El Senado dio media sanción al proyecto de Vargas contra la violencia hacia trabajadores públicos
