Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron esta semana un pedido de informes para conocer de qué forma el Ejecutivo provincial de Axel Kicillof implementará en la provincia de Buenos Aires el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
En la iniciativa, que fue acompañada por toda la bancada violeta, los legisladores bonaerenses exigen conocer en detalle las medidas administrativas, presupuestarias, edilicias y operativas adoptadas desde la sanción de la normativa para garantizar su aplicación, así como si existe un plan provincial de implementación, ante los reparos que puso la Justicia.
Asimismo, los diputados bonaerenses libertarios piden saber la cantidad, ubicación, capacidad habilitada, niveles actuales de ocupación y condiciones edilicias de los centros especializados destinados al alojamiento de adolescentes sometidos a procesos penales en suelo bonaerense.
Además, el texto contempla el pedido de información sobre las obras de construcción, refacción o adecuación proyectadas o ejecutadas durante los últimos seis años, así como su fecha estimada de finalización, y las razones por las cuales las condiciones materiales del sistema provincial no fueron adecuadas con anterioridad.
Para los legisladores libertarios, la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil debía significar el comienzo de una etapa de mayor responsabilidad por parte de la administración provincial frente a los delitos graves cometidos por adolescentes, junto con la aplicación de medidas especializadas a su reinserción social.
Sin embargo, apenas dos días después de su entrada en vigencia, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora dispuso suspender su aplicación durante 60 días en la provincia de Buenos Aires, ante la falta de condiciones mínimas para alojar un mayor número de adolescentes privados de su libertad.
“¿Puede el Estado ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para la aplicación de la normativa?”, planteó la jueza Marta Pascual en la resolución, que luego fue revocada por la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora.
Al respecto, los libertarios advirtieron: “Los fundamentos de la medida exponen una situación institucional de extrema gravedad, estamos frente al resultado de años de desinversión, falta de previsión y ausencia de planificación del Gobierno provincial en un área que se encuentra bajo su responsabilidad directa”.
“El Poder Ejecutivo no puede utilizar su propia falta de preparación como argumento para justificar que una ley nacional sancionada por el Congreso deje de aplicarse en el territorio”, arremetieron desde el brazo legislativo del presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.
Acto seguido, los diputados fueron lapidarios con Kicillof al señalar que el Ejecutivo provincial “tampoco puede reducir la cuestión a una disputa presupuestaria con Nación, cuando debe explicar qué hizo con los recursos provinciales, qué prioridades estableció y por qué el sistema llegó a esta situación después de años bajo la misma administración”.
“La falta de infraestructura no puede transformarse en impunidad, no alcanza con responsabilizar a otras jurisdicciones ni con formular declaraciones públicas, el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas por el estado del sistema que administra y garantizar las condiciones necesarias para aplicar plenamente la legislación vigente”, cerraron desde la bancada libertaria.
Piden conocer cómo se implementará el régimen penal juvenil en PBA: la respuesta de la administración de Kicillof
Según pudo averiguar Diputados Bonaerenses, la subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, a cargo de José Luis Zerillo, estaría llevando adelante un plan de ampliación del sistema penal, con la construcción de un predio nuevo en la localidad de Abasto con 6 módulos de alojamiento.
Además, desde la administración bonaerense aseguran que el plan de obras contempla también una enfermería y el reciclado de edificios que la propia Justicia sacó de funcionamiento por las deplorables condiciones edilicias.
En declaraciones con el canal TN, Zerillo afirmó que desde la administración provincial “están en un proceso de obras”. “Llevan muchísimo tiempo de ser realizadas, por ejemplo, países como Chile, cuando tuvo su ley de baja de imputabilidad se tomó un año y medio para implementarla, a nosotros no solo se nos impuso en 6 meses, sino que no hay ningún tipo de financiamiento, ni presupuesto designado”, advirtió.
