La Libertad Avanza pide el juicio político de la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil

Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza impulsarán el juicio político a la magistrada que suspendió por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil.

Diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza impulsarán el juicio político de Marta Elba Pascual, la jueza que suspendió por 60 días en la provincia de Buenos Aires la plena aplicación de la ley promulgada por el Gobierno nacional que bajó la edad de imputabilidad a 14 años.

La iniciativa, motorizada por el presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, será presentada en los próximos días en la Legislatura bonaerense. El partido cuestionó el alcance de la cautelar de la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al considerar que “profundiza la situación de impunidad” que padecen los ciudadanos de la provincia.

Marta Pascual es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada por el Congreso que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando. Por eso, debemos pedir su enjuiciamiento”, cuestionó Pareja.

Según precisaron las autoridades libertarias provinciales, los legisladores bonaerenses del espacio trabajan junto a un equipo técnico en una presentación para avanzar en la remoción de la magistrada, quien dio lugar recientemente a un “habeas corpus preventivo colectivo” para frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Legisladores de La Libertad Avanza pidieron el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual.
Legisladores de La Libertad Avanza pidieron el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual.

“La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una Justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, afirmó el titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado provincial, Carlos Curestis.

Por su parte, el presidente del bloque libertario en la Cámara baja, Juan Osaba, calificó como “inadmisible que un fallo de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley, dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad”. “Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, enfatizó.

A través de un comunicado, los dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza hicieron extensivas sus críticas al gobernador Axel Kicillof, al enfatizar que la suspensión por 60 días de la aplicación de la Ley Penal Juvenil es un “fallo político” efectuado por una jueza que “actúa como un peón” del mandatario bonaerense.

Es preciso mencionar que, se denomina juicio político al mecanismo de enjuiciamiento de los integrantes de los Superiores Tribunales y atiende a la forma de investigar la conducta de los jueces y funcionarios. Se trata de un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el denunciado debe continuar en el ejercicio de su cargo.

El fallo de la jueza Marta Pascal que derivó en el pedido de juicio político por parte de LLA

La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, dio curso a la acción de habeas corpus presentado el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo.

En su fallo, la jueza resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil, la normativa promulgada este año que amplió el universo de adolescentes alcanzados por el sistema de responsabilidad penal, al considerar que el actual sistema bonaerense de privación de la libertad no cuenta con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para afrontar el eventual incremento de detenidos.

“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes”, argumentó la magistrada.

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