La comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara de Diputados bonaerense dictaminó este jueves un proyecto de ley para fijar un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras en el territorio provincial, una medida que busca ponerle un freno a la eliminación de las restricciones que promovió el gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, los diputados aprobaron por mayoría unificar los expediente presentados por la titular de la comisión de Tierras, Noelia Saavedra, y el de la legisladora del Frente Renovador, Sofía Vannelli, con el objetivo de crear el Registro de Tierras Rurales, con zonas de protección territorial estratégica, como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas.
En detalle, el expediente respalda la normativa nacional promulgada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner y apunta a resguardar recursos estratégicos bonaerenses, al establecer el límite de 15% “a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio provincial” a personas extranjeras.
“En un contexto donde el Gobierno nacional presenta normas para avanzar en la extranjerización de tierras, considero que la provincia debe pensar en un régimen propio para proteger donde se producen gran parte de los alimentos y donde están las zonas estratégicas para nuestro desarrollo”, indicó Saavedra durante la reunión de comisión.
La iniciativa unificada de Saavedra y Vannelli alcanza a personas humanas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en Argentina, con menos de 10 años de residencia en el país, a personas jurídicas constituidas cuyo capital social implique el manejo de voluntad societaria, y a empresas extranjeras con más del 51% de capital extranjero.
De esta manera, el Registro Provincial deberá llevar el padrón de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera; y expedir los certificados de habilitación de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad.
Otro punto central de la iniciativa es la creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, conformado por las carteras provinciales de Justicia, Desarrollo Agrario, Ambiente, Gobierno y Seguridad.
Asimismo, la iniciativa plantea que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la provincia, delimitada en los municipios de Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento. San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco.
Los datos publicados por el Registro Nacional de Tierras Rurales dan cuenta de 834.421 hectáreas extranjerizadas en la provincia, es decir, un 2.89% de la tierra rural. En ese marco, Saavedra advirtió que en municipios lindantes al Río Paraná (Zárate y Campana) exceden el 15% de extranjerización que establece la Ley nacional de Tierras. “Es necesario frenar el proceso de extranjerización”, concluyó.
Por el amplio rechazo, el Gobierno nacional decidió postergar la reforma a la Ley de Tierras
Durante el reciente debate en el Congreso del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza resolvió postergar el tratamiento del capítulo sobre Ley de Tierra, luego de no reunir los votos necesarios en el Senado. La decisión se tomó tras los cuestionamientos de gobernadores aliados y numerosas organizaciones civiles y ambientales.
En base al proyecto redactado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Gobierno apuntó en un primer término a reformas a diversas leyes, como la de tierras rurales. En este último caso buscaba eliminar el límite de 15% a la compra de capitales extranjeros.
Desde el Ejecutivo nacional aseguran que la reforma busca dar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones. En cambio, varias organizaciones ambientales sostienen que los cambios facilitarán la concentración de tierras en manos de grandes capitales extranjeros y reducirán los controles sobre un recurso que consideran estratégico para el país.
Finalmente, el proyecto de Ley de Inviolabilidad Privada tuvo media sanción por parte de la Cámara alta nacional, pero en la votación en particular introdujo modificaciones, tales como la eliminación completa de los Capítulos III y IV, referidos a la adquisición de tierras rurales por extranjeros y a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
