Este viernes, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor, diputados bonaerenses de todos los bloques políticos aprobaron un paquete de cuatro leyes que apuntan a buscar soluciones al sobreendeudamiento con fintech y bancos, un flagelo que sufren más de dos millones de personas en la provincia de Buenos Aires.
Como informó este medio, con la intención de motorizar el acuerdo parlamentario con la oposición para reactivar la Legislatura, el peronismo organizó un plenario de comisiones para este viernes con el único objetivo de tratar los 9 proyectos de ley presentados para combatir el endeudamiento familiar.
En este sentido, de esas 9 iniciativas, finalmente se unificaron los textos en cuatro leyes distintas, que abarcan temáticas como la contratación de crédito, el pedido de información clara de los prestadores a los tomadores de deuda; la regulación de la publicidad y la promoción del crédito, la prohibición de publicidad engañosa y la prevención del endeudamiento y promulgación de la educación financiera.
La única que quedó fuera del temario es la del peronista Ricardo Lissalde, que quería crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Bonaerenses, en el ámbito del Banco Provincia. Según explicó el titular de Legislación General, Rubén Eslaiman, la propuesta quedó en espera dado que desde la entidad financiera provincial alegaron una “pequeña diferencia” con un artículo sobre intereses y pidieron estar en una futura reunión de la comisión. “Van a venir a exponer la próxima”, marcó el diputado.
Aunque las cuatro propuestas fueron aprobadas y llegarán al recinto en la sesión del próximo martes, la jornada no estuvo exenta de choques. Desde la UCR y el PRO se abstuvieron en las votaciones y cuestionaron el tratamiento express de los proyectos; mientras que La Libertad Avanza marcó distancia de todas las propuestas y negó la responsabilidad de la gestión nacional de hacer crecer el endeudamiento familiar. No obstante, el punto álgido se encontró en el tratamiento de la ley promovida por el camporista Facundo Tignanelli, que fue la que más polémica generó dado que hasta el kicillofismo se atrevió a ponerle observaciones y casi condicionar su avance.
De esta forma, los proyectos fueron rápidamente girados a sus últimas comisiones para que reciban su tercer despacho y así queden listos para ser votados por mayoría simple en la sesión de la semana que viene. Algunos de ellos serán tratados por la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que sesiona esta tarde a las 13 horas, y otros por Presupuesto e Impuestos, que tendrá actividad a las 16 horas.
1: el proyecto de Tignanelli para que la Defensoría proteja a las familias endeudadas
El plato fuerte de la jornada fue el proyecto firmado por Tignanelli en colaboración con el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, que busca darle respaldo legal a los sujetos que afrontan deudas con bancos u otras entidades. Ya sea por cuestiones técnicas del articulado, como así también porque el propio titular del bloque peronista no se conectó a la reunión para defender su iniciativa, el texto fue aprobado pero con varias abstenciones, entre ellas las del kicillofismo. De hecho, los legisladores que no quisieron votar lograron concretar una reunión para el lunes con el propio alfil kirchnerista para ver si podían solucionar sus diferencias y meter los cambios para que la propuesta se vote en la sesión del martes.
“Obviamente jamás podría estar en contra de eso, pero tenemos algunas diferencias en cuanto a la autoridad de aplicación. Yo estoy convencida de que la protección tiene que ser a través de las oficinas municipales de información al consumidor y en articulación con la Dirección de Defensa del Consumidor, porque entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene otras otras competencias y otras facultades. Pero si el lunes podemos tener la posibilidad de de ponernos de acuerdo y llegar al martes por con un texto unificado, bienvenido sea”, comentó Balor.
Lo mismo fue replicado por el peronista José Galván, un legislador que tiene núcleo en la vicegobernadora Verónica Magario. “Este proyecto está muy bueno, sobre todo porque es de un compañero nuestro, nuestro jefe de bloque. Entiendo que podría existir la posibilidad de una controversia constitucional. En el artículo 55 de nuestra Constitución se establecen los parámetros en los cuales se debería mover la Defensoría del Pueblo. Está la posibilidad de que algún juez dictamine que es que no es constitucional. Yo no votaría en contra de un proyecto de mi compañero, pero sí me abstendré. Por eso veo con muy buenos ojos si podemos tener la posibilidad de otra nueva reunión”, indicó el matancero.
En la votación final, el kirchnerismo despachó la propuesta a pesar de la abstención de los kicillofistas Balor y Galván, de los integrantes de Nuevos Aires, Gustavo Cuervo y Viviana Romano, y el dirigente del Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Este último pidió que la propuesta contemple que la participación en una negociación para refinanciar la deuda sea obligatorio para el acreedor y optativo para el consumidor, con el objeto de evitar que el deudor se vea forzado a pasar por una instancia que le demore o impida acudir directamente a los tribunales. En tanto, LLA votó en contra.
Según pudo saber este medio, el proyecto consta de unas 24 páginas en el que describe procedimiento administrativo de la Defensoría del Pueblo ante expedientes de endeudados, repasa las facultades de este modus operandi para proteger a las personas de presiones de terceros, impone condiciones para reestructurar una deuda y crea un Registro Provincial de Prestamistas, entre otros ejes.
2: diputados despacharon una ley para regular y prevenir la toma de deuda
En rigor, el segundo proyecto nace de los proyectos de los oficialistas Ariel Archanco, Juan Martín Malpeli, Noelia Saavedra y la ya nombrada Balor, y básicamente incorpora el concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios (N°13.133). Un dato de color es que el proyecto de Balor ingresó en el temario del plenario de comisiones a última hora, dado que fue despachado por Asuntos Municipales esta mañana a las 9.
La intención del texto es que las prestadoras de dinero brinden “información clara” al interesado en tomar deuda, como así también apunta a regular la publicidad y la promoción del crédito; a prevenir sobre el endeudamiento a través de la educación financiera; y a brindar la posibilidad de revisar las condiciones del crédito ante el deterioro de la situación económica tanto general como la del deudor.
“El primer eje es el de protección durante la contratación y ejecución del crédito, que una familia o una persona que esté que decida tomar un crédito pueda contar con la información clara en todo momento. El segundo tiene que ver con regular la publicidad y la promoción del crédito, la publicidad engañosa muchas veces se presta a confusiones y tiene que estar prohibida, es muy fácil tomar un crédito, pero es muy difícil deshacer esas decisiones. Y el tercero es para prevenir el sobreendeudamiento con información y educación financiera, para que los usuarios y consumidores sepan sus derechos”, describió Saavedra en su rol de miembro informante de la iniciativa.
La propuesta fue despachada con los votos del peronismo, y pese al rechazo de La Libertad Avanza. Por su parte, tanto el radicalismo como el PRO se abstuvieron de votar, al tiempo que remarcaron que, si bien no quieren entorpecer el tratamiento de los proyectos, no están a favor del “análisis express” de estas iniciativas. Además, adelantaron que expresarán su opinión en la sesión del martes.
“A nosotros se nos complica desde ayer a hoy procesar tanta información. No es nuestro ánimo ni entorpecer ni demorar, creemos que es un tema complejo y hay muchos proyectos para analizarlo. Vamos a llevar nuestra opinión al recinto”, marcó el boina blanca Diego Garciarena.
3: la ley para prohibir las prácticas abusivas avanzó en Diputados
El tercer proyecto tiene que ver con prohibir las “prácticas abusivas” de los bancos contra los deudores, y surge de la unificación de un proyecto de la kicillofista Balor para “prevenir el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deuda” y de la monzoísta Silvina Vaccarezza, que apunta a que el Gobierno bonaerense formule políticas de protección de los consumidores y usuarios, acentuándose respecto a consumidores “hipervulnerables” como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. Este último es el único texto opositor que se trató en la jornada.
“Este proyecto de ninguna manera avasalla ni limita los derechos de los acreedores a cobrar su deuda ni a iniciar procesos judiciales para el mismo, sencillamente lo que viene a regular es justamente el procedimiento que se lleva a cabo a la hora de intentar cobrar esta deuda de manera extrajudicial. Hemos detectado que lo que sucede es que al usuario y a los consumidores se los amenaza, se los hostiga, se los intimida no solo en su domicilio, sino que también en los lugares de trabajo, llamando a sus jefes; o en los lugares de entretenimiento, como los clubes; y hasta en los colegios de los hijos”, describió Balor durante el plenario de comisiones.
Entre sus puntos, la normativa busca esclarecer la información de la persona que se comunica telefónicamente con el deudor, a través de la exigencia de su nombre y apellido, la razón social, el número de CUIT y el domicilio. “El usuario y consumidor no sabe quién está del otro lado del teléfono y qué le está cobrando. Los proveedores de servicios, empresas o terceros autorizados no suelen identificarse. Hay ejemplos de agencias de cobranzas que pretenden cobrar deudas que ya están saldadas, por lo tanto también se exige la emisión del libre deuda en menos de 24 horas”, precisó Balor.
Por su parte, Castillo pidió incorporar un artículo para limitar mensualmente los llamados a los deudores, y otro para que los acreedores tomen la responsabilidad en caso de que la empresa que contrataron realice acciones de hostigamientos a la hora de reclamar una deuda, algo que fue aceptado por Balor. En tanto, el radical Garciarena y la bullrichista Florencia Retamoso marcaron que la prohibición de las prácticas abusivas ya está contemplada en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, por lo que advirtieron acerca de una “superposición legislativa” entre la Constitución bonaerense y la nacional. En la votación, el peronismo y el FIT votaron a favor, la UCR y el PRO se abstuvieron, y LLA rechazó la normativa.
4: luz verde a una ley para agilizar los trámites de endeudados
Por último, las comisiones avanzaron en una iniciativa unificada entre los peronistas Leonardo Moreno y el ya mencionado Malpeli que crea un Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo, que permite a los vecinos presentar denuncias en los Juzgados de Familia y de Paz, para así aligerar la vía legal en los reclamos sin iniciar ningún trámite administrativo previo.
“El juez, en el marco de 5 días, puede tomar una definición acerca de los acreedores, citándolos. Se puede tomar una definición muy veloz en la demanda del caso, podrá llamar a los acreedores en un proceso gratuito y sin tantas discusiones, sin perder tanto tiempo. Además, puede proteger al consumidor, que en un corto tiempo ya sabe cuándo, dónde y cómo tiene que pagar, se hace una audiencia sencilla y una sentencia mucho más expeditiva. Se anulan las cláusulas abusivas, el objetivo básicamente es ordenar, organizar y plantear, según la situación económica de cada consumidor, cuál va a ser el método legal y real que pueda pagar la deuda con los acreedores y con las empresas”, relató Moreno.
El diputado de La Libertad Avanza, Pablo Morillo, justificó la postura del mileísmo, que rechazó absolutamente todas las leyes despachadas este mediodía. “Los diputados están marcando una línea de tiempo a partir del 2024, pareciera que todos los problemas son ocasionados por el Presidente. Les recuerdo que estas dificultades tienen una consecuencia anterior, con el 58% de pobres y la inflación del 211% del gobierno de Alberto Fernández. Me parece atinado dejar la posición establecida, porque sino contamos solo una parte de la historia”, recriminó.
En tanto, por la UCR, Garciarena tomó la palabra y pidió que en el futuro se contemple en el debate las situaciones de las PyMES y emprendedores que deben dejar de pagar el Impuesto Inmobiliario y la patente por su mala situación económica, lo que los deja a merced de “tasas de intereses usureras”. Al igual que el PRO, el radicalismo se abstuvo.
Por último, Cuervo se manifestó a favor de la normativa de Moreno y Malpeli, pero marcó una contradicción entre esta ley y la impulsada por Tignanelli. “Acá se habilita al deudor a iniciar el proceso judicial sin ningún trámite administrativo previo, pero el de Tignanelli establece que la instancia ante la Defensoría del Pueblo es siempre obligatoria y previa a toda acción judicial”, dispuso el diputado de Nuevos Aires, que terminó pidiendo exactamente el mismo artículo que Castillo: que la negociación para refinanciar la deuda sea obligatorio para el acreedor y optativo para el consumidor.
