El Ministerio de Trabajo bonaerense prorrogó este martes por otros cinco días la conciliación obligatoria vigente en el conflicto entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA), en medio de la incertidumbre por unos 1.200 trabajadores despedidos en las plantas que la compañía posee en territorio provincial.
La cartera que conduce Walter Correa tomó la decisión tras una extensa audiencia celebrada este lunes en La Plata, donde representantes de la empresa y del gremio volvieron a discutir la situación laboral. De esta manera, la conciliación permanecerá vigente hasta el próximo viernes 2 inclusive, cuando las partes deberán encontrarse nuevamente para intentar destrabar el conflicto.
Cabe recordar que la medida en cuestión obliga a Granja Tres Arroyos a reincorporar a los trabajadores alcanzados por los despidos y retrotraer la situación al momento previo a las cesantías. Sin embargo, el sindicato denunció durante la audiencia que los empleados todavía no percibieron sus salarios, que la firma no concretó las reincorporaciones y que los afectados continúan sin tareas asignadas.
En tanto, el conflicto laboral tiene uno de sus principales focos en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, donde la compañía comunicó alrededor de 700 despidos y mantiene una fuerte incidencia sobre la economía local. La planta llegó a emplear a unos 900 trabajadores en una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes, pero durante los últimos meses atravesó una pronunciada caída de la producción hasta paralizar sus actividades a fines de agosto.
La crisis también golpeó a otros establecimientos del grupo, con alrededor de 450 despidos comunicados en Esteban Echeverría y desvinculaciones en la planta Pinazo, ubicada en Pilar. Fuera de territorio bonaerense, la planta de Avex en Río Cuarto, Córdoba, cerró y dejó a unos 350 trabajadores sin empleo, mientras que la compañía también registró interrupciones en la actividad de su establecimiento de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Por su parte, los representantes del STIAPBA habían pedido que el Ministerio no extendiera la conciliación obligatoria porque, según plantearon, la continuidad de esa instancia impide que los trabajadores despedidos puedan tramitar el fondo de desempleo. La organización sindical también denunció durante el conflicto deudas salariales, atrasos en el pago del medio aguinaldo, persecución contra delegados y un posible “vaciamiento encubierto” de la compañía.
En paralelo, el apoderado del grupo empresario, Walter Carrizo, volvió a exponer ante las autoridades provinciales la delicada situación económica, financiera y productiva que atraviesa la firma. El asesor legal de la compañía reclamó que la Justicia Comercial avance con los concursos preventivos de WADE y Granja Tres Arroyos S.A., junto con la cordobesa Avex SA, y permita que los procesos tramiten de manera conjunta, una definición que todavía permanece pendiente.
Por último, la disputa laboral transcurre en pleno proceso de reestructuración financiera de Granja Tres Arroyos, que informó un pasivo cercano a los US$350,9 millones después del fracaso de una negociación privada con sus acreedores. La empresa, fundada por la familia De Grazia, atribuyó parte de sus dificultades al impacto de la gripe aviar durante los primeros meses del año y al cierre de mercados internacionales, mientras que la audiencia prevista para el viernes será clave para definir la situación de los trabajadores y el futuro inmediato de las plantas bonaerenses.
La crisis de Granja Tres Arroyos encendió cruces en el Senado bonaerense
Durante las últimas semanas, la crisis de Granja Tres Arroyos también se instaló en la agenda política y legislativa bonaerense, con presentaciones y cruces por las responsabilidades detrás de la delicada situación financiera de la compañía.
Uno de los últimos contrapuntos tuvo lugar en la última sesión del Senado bonaerense, cuando el senador libertario Gonzalo Cabezas se refirió a la situación de la empresa avícola y rechazó responsabilizar al Gobierno nacional y a la gestión municipal de la ahora mileísta Fernanda Astorino por la crisis. El legislador, oriundo de Capitán Sarmiento, apuntó en cambio contra la conducción empresaria y sostuvo que los problemas financieros de la compañía se remontan varios años atrás.
El cruce comenzó luego de que la senadora peronista Laura Clark tomara la palabra durante el tratamiento de un proyecto de su autoría para expresar preocupación por la situación de la firma nacional. En ese marco, la legisladora del bloque Fuerza Patria pidió “apelar a la responsabilidad política de la intendenta y a los senadores que representan a Capitán Sarmiento” para articular respuestas frente a la crisis.
Tras la intervención de su par legislativa, el representante de La Libertad Avanza (LLA) pidió la palabra y rechazó vincular la situación particular de la compañía con el panorama general de la actividad avícola. “El sector avícola está pasando por un excelente momento, el resto de las empresas se están expandiendo con un crecimiento del consumo interno cercano a 50 kilos. Me parece en algún punto desafortunado, por no decir oportunista”, sostuvo el representante de la oposición bonaerense.
En ese sentido, el alfil libertario ubicó el origen de los problemas económicos de Granja Tres Arroyos en 2018, cuando el grupo empresario avanzó con la compra de la avícola Cresta Roja por USD 121 millones.
“Así como hay malos médicos, malos políticos y malos periodistas, también existen malos empresarios. La familia que hoy lleva adelante la empresa tiró a la basura una empresa que es muy importante para la región, pero no es la realidad del sector”, cuestionó Cabezas.
