A partir del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el llamado “Mega DNU” 70/2023, el bloque de Fuerza Patria busca acelerar en la Legislatura bonaerense una iniciativa que apunta a limitar la compra y posesión de campos bonaerenses por parte de extranjeros.
En efecto, la Cámara de Diputados bonaerense tenía en estudio dos proyectos en ese sentido, que durante los últimos días fueron unificados en la comisión de Tierras y Organización Territorial para avanzar con un texto común. Uno de ellos pertenece al titular de la bancada peronista, Facundo Tignanelli, a la diputada del Movimiento Evita, Noelia Saavedra, y a la representante de Patria Grande, Cintia Romero; mientras que el otro lleva las firmas de los massistas Sofía Vannelli, Rubén Eslaiman y Alexis Guerrera.
El cuerpo que preside Saavedra aconsejó la aprobación con modificaciones de ambos expedientes y los condensó en una única propuesta, que quedó encaminada para continuar su recorrido parlamentario hacia el recinto. La redacción acordada mantiene como eje los límites a la extranjerización del suelo bonaerense, al tiempo que suma nuevas herramientas para controlar la titularidad y posesión de las tierras rurales.
Entre sus principales puntos, el texto fija un tope del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, contempla la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y establece resguardos especiales para áreas consideradas estratégicas, como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas.
La iniciativa unificada recupera varios de los criterios de la Ley Nacional N° 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner, que hasta su derogación a fines de 2023 limitaba al 15% la superficie rural en manos extranjeras y establecía restricciones adicionales para una misma nacionalidad y un mismo titular.
El debate tomó mayor impulso en los últimos días luego de que la Corte Suprema rechazara la acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) contra el artículo 154 del decreto oficial. El máximo tribunal sostuvo que la organización no tenía legitimación para impulsar la demanda y, sin expedirse sobre la constitucionalidad del decreto, dejó sin efecto la sentencia que había mantenido vigente la Ley de Tierras.
Con ese telón de fondo, durante la última sesión de la Cámara baja, Tignanelli intentó llevar el tema al recinto con un proyecto de repudio al fallo y una moción de preferencia para que la Ley de Tierras bonaerense sea tratada en la próxima sesión. Sin embargo, el presidente del bloque oficialista no consiguió los dos tercios necesarios para habilitar su incorporación al temario.
“Después estos bloques se embanderan en la cuestión Malvinas y en la soberanía, pero es todo sarasa. No pueden ni siquiera repudiar un fallo de tres tipos que son unos delincuentes. Esa es la realidad que se vive en la política argentina, hacemos bravuconadas en los medios pero después no nos la bancamos cuando hay que levantar la manito”, fustigó el diputado por la Tercera sección electoral, luego de que su pedido sea rechazado.
Vale precisar que, el oficialismo provincial fundamenta la avanzada en los niveles de extranjerización registrados en algunos distritos estratégicos. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados en los fundamentos de una de las iniciativas, la provincia de Buenos Aires cuenta con 834.421 hectáreas rurales extranjerizadas, equivalentes al 2,89% de su superficie rural.
Sin embargo, algunos municipios superan ampliamente el límite del 15% que tomaban como referencia las restricciones nacionales, con Zárate en un 24,8% de extranjerización y Campana en un 50,2%.
“En un contexto donde el Gobierno nacional presenta normas para avanzar en la extranjerización de tierras, considero que la provincia debe pensar en un régimen propio para proteger donde se producen gran parte de los alimentos y donde están las zonas estratégicas para nuestro desarrollo”, indicó Saavedra durante el último encuentro de la mesa de trabajo que preside.
En qué consiste la Ley de Tierras que acordó el peronismo bonaerense
El despacho unificado establece un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de las tierras rurales con alcance en toda la provincia y carácter de orden público. En primera instancia, la iniciativa considera como “tierra rural” a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, sin importar su localización o destino, y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas.
Uno de los puntos centrales del acuerdo parlamentario es la recuperación de los límites que ya establecía la Ley nacional, un criterio que además aparecía en los dos proyectos originales que dieron lugar a la síntesis parlamentaria. El texto fija un tope del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, porcentaje que también deberá respetarse en cada municipio, mientras que una misma nacionalidad no podrá superar el 30% de ese cupo.
La redacción acordada también mantiene otro criterio compartido por los dos proyectos originales, al disponer que un mismo titular extranjero no podrá superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo bonaerense. Este límite podrá traducirse en una superficie equivalente para otras áreas de la provincia, según la ubicación de los campos, su proporción dentro del municipio y las condiciones productivas de la tierra.
En ese punto, el texto retoma del proyecto impulsado por Saavedra, Tignanelli y Romero la delimitación de la zona núcleo en 22 municipios, entre ellos Junín, Pergamino, Chacabuco, Chivilcoy, San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Bragado. Sin embargo, la iniciativa acordada también habilita la incorporación de otras áreas que, por sus características y relevancia, ameriten quedar alcanzadas.
Otra de las incorporaciones que proviene del proyecto kirchnerista son las denominadas zonas de protección territorial estratégica, que comprenden cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas, áreas periurbanas, territorios de agricultura familiar y sectores vinculados con políticas de hábitat o planificación territorial.
Según establece el articulado, cualquier adquisición, transferencia, cesión de derechos, fideicomiso, modificación societaria o arrendamiento de largo plazo que implique dominio, posesión, tenencia, control o aprovechamiento económico por parte de extranjeros requerirá autorización previa del Estado provincial.
La autoridad de aplicación tendrá la facultad de rechazar estas operaciones cuando puedan afectar el acceso al agua, la producción local de alimentos, la agricultura familiar, el arraigo de las comunidades o la preservación de los recursos naturales. La misma restricción alcanzará los casos que favorezcan procesos de concentración económica, especulación inmobiliaria, uso improductivo de la tierra o control extranjero sobre bienes estratégicos.
En cambio, la redacción final de comisión recoge del planteo del Frente Renovador la prohibición para extranjeros de adquirir o poseer inmuebles ubicados en zonas de seguridad, además de aquellos que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de envergadura. A su vez, el aporte massista establece que la compra de tierras rurales no será considerada una inversión a los efectos de los Tratados Bilaterales de Inversión, al tratarse de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor.
Por otra parte, la propuesta consensuada también endurece los controles sobre las estructuras societarias, con una herramienta que tenía fuerte presencia en el proyecto de Saavedra. De esta manera, la versión resultante del consenso legislativo obliga a identificar al beneficiario final de sociedades, fideicomisos, fondos de inversión y otras figuras que posean, exploten, administren o controlen tierras rurales, mientras que la falta de esa identificación impedirá registrar la operación.
El nuevo expediente toma de la propuesta massista la creación de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales, aunque con una integración modificada. El organismo estará conformado por representantes de las carteras provinciales de Gobierno, Economía, Desarrollo Agrario, Ambiente y Justicia y Derechos Humanos, con funciones vinculadas a la ejecución de la política provincial sobre tierras rurales, la coordinación con otros organismos, así como la definición de equivalencias de superficie.
Además, el escrito que se encamina para su debate en el recinto también crea un Registro Provincial de Tierras Rurales dentro del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, con funciones vinculadas al relevamiento de tierras en manos extranjeras, la emisión de certificados de habilitación y el control del cumplimiento de la norma.
