Este martes, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó una nueva presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para exigirle al gobierno de Axel Kicillof que convoque a los trabajadores del Poder Judicial a reanudar la discusión paritaria del cuarto trimestre de 2026, con el objetivo de avanzar en una recomposición salarial frente al aumento de precios y abordar los reclamos laborales pendientes del sector.
Desde el gremio que conduce Hugo Russo señalaron que la continuidad de los incrementos de precios afecta el poder adquisitivo de los salarios y profundiza la necesidad de una actualización de los ingresos que permita recuperar lo perdido. En ese marco, la AJB reiteró el pedido de una convocatoria inmediata para retomar las negociaciones con el Ejecutivo provincial.
El reclamo tiene como antecedente el último acuerdo salarial alcanzado en julio, cuando los judiciales bonaerenses aceptaron una oferta de aumento del 7% en dos tramos, con una suba del 5% correspondiente a julio y otra del 2% para agosto, ambas calculadas sobre los salarios de junio. En aquella negociación, el Gobierno provincial también se comprometió a retomar la discusión paritaria en septiembre.
Además de la recomposición salarial, la AJB busca avanzar con otros planteos que permanecen pendientes, entre ellos la cobertura de vacantes en distintas dependencias judiciales, la creación de una mesa técnica de carrera judicial y la incorporación de medidas para mejorar las condiciones laborales.
En tanto, el sindicato liderado por Russo realizó una advertencia respecto de la sobrecarga de tareas que genera la falta de personal en distintas dependencias judiciales de la provincia de Buenos Aires, además de los problemas de infraestructura y las situaciones de inseguridad que afectan a varias sedes.
Es preciso recordar que, en los primeros días de septiembre, la AJB exigió la convocatoria a paritarias y le recordó al Ejecutivo de Kicillof que la reanudación de las negociaciones había quedado acordada durante la última reunión paritaria de julio, por lo que buscaban que el Gobierno bonaerense llame nuevamente a las partes para revisar la evolución de los salarios.
Por caso, el reclamo sindical de la AJB tiene como antecedente inmediato el último acuerdo alcanzado por la Provincia con los gremios estatales, que otorgó una suba acumulada del 7%, con un 5% para julio y otro 2% para agosto. Aquel entendimiento también contempló una revisión para septiembre, por lo que en la primera semana de ese mes los distintos sindicatos comenzaron a reclamar la reapertura de la discusión salarial.
En medio de la tensión salarial, los reclamos pendientes de la AJB
A pesar de que los judiciales bonaerenses aceptaron la última propuesta salarial de Kicillof, la AJB mantiene abierta su agenda de reclamos ante la Suprema Corte provincial. El conflicto alcanzó uno de sus puntos más tensos en abril de este año, cuando el gremio encabezó dos jornadas provinciales de protesta por la falta de respuestas del máximo tribunal.
La primera medida tuvo lugar el 8 de abril e incluyó asambleas, recorridas y acciones de visibilización en los 20 departamentos judiciales. Una semana después, la organización que conduce Russo convocó a un paro de actividades y al retiro de los lugares de trabajo para exigir mejoras en la carrera judicial, los salarios y las condiciones laborales.
Entre sus principales demandas, la AJB pide la implementación integral del esquema de subcategorías, la cobertura de vacantes y la creación de nuevos cargos para reducir la sobrecarga laboral, aunque estos dos últimos pedidos todavía continúan vigentes. A su vez, el sindicato planteó la necesidad de sancionar una Ley de Paritarias, conformar una mesa técnica de carrera judicial y atender los problemas edilicios y de seguridad en las dependencias.
Tras las medidas de fuerza, las autoridades gremiales se reunieron con Sergio Torres, quien acababa de asumir la presidencia de la Suprema Corte, y lograron la creación de una mesa de trabajo para analizar la carrera administrativa del personal, una decisión que permitió contener parcialmente el conflicto por las condiciones laborales.
