Este viernes, los senadores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) salieron al cruce del gobernador Axel Kicillof por la falta de respuestas ante la crisis hídrica que golpea a Carlos Casares, con inundaciones y problemas de acceso al agua potable que afectan a los vecinos del distrito.
“ABSA es una responsabilidad provincial. El gobernador no puede decir, porque es ridículo, que la culpa es de otro. Gobierna hace siete años, es responsable directo de la decadencia de la Provincia. Cada funcionario es responsable de gestionar su jurisdicción”, apuntó la senadora bonaerense, Analía Balaudo.
En ese sentido, la legisladora por la Cuarta sección electoral volvió a cuestionar al mandatario provincial y lanzó: “El comportamiento de Kicillof es de un mediocre que quiere echar la culpa a otro de las necedades que comete, sometiendo al pueblo bonaerense a la mayor de las humillaciones”.
El reclamo de Balaudo se suma a las acciones judiciales que impulsó a mediados de enero de este año, cuando presentó una denuncia penal contra Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y funcionarios de la administración provincial, con competencia en el área, a raíz de los problemas de abastecimiento de agua que sufren los vecinos de la localidad.
En la demanda, la legisladora de la tropa violeta denunció a ABSA y a funcionarios provinciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de la prestación deficiente, irregular y estructural de un servicio público esencial.
Pese a los reclamos de los legisladores y los propios vecinos de la localidad, durante una visita en Carlos Casares, Kicillof fue consultado por la denunciada impulsada desde La Libertad Avanza. En su respuesta, el mandatario volvió a responsabilizar al Gobierno nacional y cuestionar su política de “obra pública cero”.
“Me decís que alguien de La Libertad Avanza está reclamando obra pública, esta gente no tiene cara, ponele los videítos de (Javier) Milei diciendo cero obra pública y que vayan a pedirle al Presidente”, contestó el mandatario bonaerense a un periodista que le consultó sobre la denuncia por ABSA.
La respuesta de la tropa violeta no tardó en llegar. Desde la bancada que comanda el senador bonaerense, Carlos Curestis, subrayaron la necesidad de que la discusión política no impleque eludir las responsabilidades que tiene el Estado provincial ante las deficiencias en el servicio de agua potable.
“Mientras el gobernador Kicillof sigue culpando al gobierno nacional, desligándose de su responsabilidad, los vecinos de toda la provincia siguen sufriendo el abandono hace muchos años”, destacaron los senadores libertarios.
Al respecto, el senador bonaerense Gonzalo Cabezas apuntó contra la postura de Kicillof y recalcó: “Como siempre, como pasó en todas las gobernaciones de tinte peronista o en cualquiera de sus expresiones, no se hacen cargo absolutamente de nada, son un constante camino de excusas y la gente queda en el medio”.
La denuncia penal de los senadores libertario por falta de agua en Carlos Casares
El pasado 13 de enero, Balaudo presentó una denuncia penal contra ABSA y la administración provincial por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de la prestación deficiente, irregular y estructural de un servicio público esencial, con puesta en peligro de la salud pública en el distrito de Carlos Casares.
“En diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna, esto pasa en la provincia de Buenos Aires en 2026, en las zonas rurales fue peor, vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo”, relató.
Según detalló Balaudo, a los anegamientos que vienen sufriendo los vecinos hace varios años, se le sumó la falta de agua en plena temporada de verano, lo que obligó al distrito a recurrir a camiones cisterna para abastecer a centros de salud, instituciones y barrios.
“Los hechos no constituyen episodios aislados, contingentes ni sobrevinientes, sino que se inscriben en un proceso progresivo, prolongado y estructural de deterioro del servicio en Carlos Casares, cuya existencia era conocida, previsible y advertida por las autoridades”, remarcó la legisladora de la bancada violeta.
Si bien la denuncia penal se circunscribe al distrito de Carlos Casares, la senadora bonaerense alertó que la falta de agua se repite en varios lugares de la Cuarta Sección Electoral. “En Carlos Tejedor, en la cabecera el servicio funciona bien, pero en los otros pueblos del distrito no”, señaló.
Ante este contexto, desde el bloque libertario también presentó un pedido de informes para conocer el estado de las obras de ABSA, las causas técnicas de la baja presión y los cortes, las medidas de contingencia previstas y las inversiones realizadas en los últimos cinco años. El planteo abarca las 95 localidades donde opera la empresa provincial.
La Justicia condenó al Municipio de Carlos Casares por ocultar información sobre obras viales
Los desmanejos de Carlos Casares suman varios capítulos. El último se conoció la semana pasada, cuando la Justicia condenó a la administración local, que conduce Daniel Stadnik, por incumplir sus obligaciones de acceso a la información pública y le ordenó entregar documentación sobre obras de alcantarillado en la Ruta Provincial N° 50.
El pedido incluía expedientes, órdenes de trabajo y de servicio, resoluciones, planos, presupuestos, estudios técnicos, documentación de contratación, identificación de los responsables de las tareas, fechas de ejecución, cantidad y tipo de alcantarillas colocadas, maquinaria utilizada, actas de inspección, eventuales autorizaciones de organismos provinciales y registros fotográficos.
Durante el trámite, la administración de Carlos Casares aportó parte de la información. Sin embargo, el juez Pablo Germain consideró no alcanzaba para satisfacer el pedido de acceso a la información. Según surge de la sentencia, la comuna respondió algunos de los puntos solicitados, pero “no brindó una contestación precisa y completa” sobre los demás aspectos del pedido.
Ante esta situación, la Justicia ordenó al Municipio de Carlos Casares que, dentro de los 30 días hábiles posteriores a que la sentencia quede firme, ponga a disposición la información correspondiente a los puntos que quedaron pendientes. Además, el juez impuso las costas del proceso a la comuna.
