El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, aumentó por segunda vez en tres años los montos fijos del impuesto a los Ingresos Brutos por los volúmenes operados en los puertos del territorio bonaerense y generó un fuerte malestar en el sector privado, puesto que afirmaron que la medida es inconstitucional.
De acuerdo a lo que consignaron las firmas, la resolución del Gobierno de Kicillof repercute en los costos de los exportadores e importadores. A partir de febrero, por cada tonelada o fracción superior a 500 kilogramos, el servicio de carga de buques en los puertos pasará a valer $125, es decir, tendrá un incremento del 68%.
En tanto, con el nuevo aumento que autorizó la administración de Kicillof, el servicio de descarga en los puertos bonaerenses pasará a valer $375 por tonelada o fracción superior a 500 kg, lo que signigfica una suba del 86%, mientras que el servicio de movimiento de mercadería tendrá un costo de $60, lo que representa un incremento del 82%.
Por su parte, desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) manifestaron sus criticas por el aumento de impuestos de Kicillof dado que “se está adicionando una carga impositiva, tanto a la exportación como a la importación, que según la Constitución es facultad exclusiva del Congreso nacional”.
En esa línea, el monto variable adicional de las operaciones portuarias de Kicillof carecería de legalidad, de acuerdo a lo que manifestaron desde CERA. “Al adherirse a la Constitución nacional, la provincia de Buenos Aires le cedió al gobierno federal la regulación de los derechos de importaciones y exportación”, afirmó el abogado tributario Diego Fraga.
En tanto, según indicaron desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el aumento de impuestos que aplicó Kicillof a los puertos se debe a un ajuste por inflación, tras lo cual aseguraron que mantienen relaciones permanentes con los sectores privados para analizar el impacto de la medida.
Según los datos del puerto de Bahía Blanca correspondientes al segundo trimestre de 2022, las 9.098.693 toneladas operadas en ese lapso implicarían, luego del segundo aumento de impuestos que aplico la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, un ingreso estimado de más $ 1.239 millones solo en esa localidad.
Asimismo, desde CERA consideraron que el incremento en el impuesto que grava a las actividades de los puertos bonaerenses es “un claro retroceso y un profundo error estratégico, por su inconsistencia con la necesidad de promover el fomento fluvio-marítimo y el desarrollo exportador”, un una clara crítica al Gobierno de Kicillof.
El reclamo por la falta de facultades constitucionales de la provincia de Buenos Aires es compartida por el gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Fernando Furci, quien aseguró que “además de la inconstitucionalidad, la medida ejerce presión adicional e importante sobre los costos del comercio exterior”.
Además, Furci indicó en al diario La Nación que el aumento de impuestos de Kicillof perjudican en mayor proporción a las pequeñas y medianas empresas, que a las de mayor dimensiones. “En materia portuaria, la Argentina es sumamente cara para los exportadores e importadores”, puntualizó el directivo.
