Durante su intervención en el Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió del guión de defender al gobierno de Javier Milei, para exigirle a la Legislatura bonaerense que trate la pila de proyectos de ley para bloquear los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Con el objetivo de seguir polarizando con la gestión de Axel Kicillof, Adorni destacó la sanción de la Reforma Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la enlazó con la reciente medida del Gobierno para instalar dispositivos de detección y bloque de celulares en cárceles federales.
Acto seguido, Adorni invitó a todas las provincias, haciendo mención especial a Buenos Aires, a aplicar la misma tecnología, que está orientada a frenar las bandas delictivas que usan teléfonos para orquestar amenazas, estafas y extorsiones desde su celda. “Un celular en manos de un preso es un arma”, enfatizó.
En rigor, la temática de los celulares en cárceles en las últimas semanas viene siendo uno de los ejes centrales de la Legislatura. Tanto la oposición como así también un sector del propio oficialismo elevaron proyectos que persiguen ese mismo objetivo, tras varios antecedentes en los que se descubrieron grupos de detenidos que llevaron a cabo delitos a través de su celular.
En línea con Adorni, La Libertad Avanza presentó la “ley Rodrigo”
A principios de marzo, el diputado libertario Oscar Liberman presentó la “ley Rodrigo”, una normativa que cuenta con el apoyo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La iniciativa lleva ese nombre en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica.
La investigación judicial arrojó que el delito se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena y fue efectuado por familiares de los detenidos en aquella unidad penitenciaria. Justamente, la propia jueza Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva para siete personas acusadas de formar esa organización criminal.
En rigor, en su proyecto Liberman propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, un esquema dictado durante 2020 en la pandemia del coronavirus para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias. Asimismo, modifica el inciso 5 del artículo 0 de la Ley de Ejecución Penal bonaerense para establecer que las personas recluidas de su libertad solo podrán tener una comunicación telefónica con los dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.
En ese sentido, el tiempo de comunicación por interno estará limitado a un máximo de dos horas diarias y solo podrán llamar a hasta 5 personas, que serán autorizadas por medio de un listado realizado por el propio detenido y elevado al oficial de turno. El Servicio Penitenciario deberá supervisar dichos contactos para “garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.
El Frente Renovador también pidió prohibir los celulares en las cárceles
A pesar de que La Libertad Avanza y el peronismo no suelen coincidir en propuestas, esta ocasión fue la excepción. Días después de la presentación de Liberman, la senadora massista Malena Galmarini también presentó una iniciativa para prohibir los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires e instalar inhibidores de señal.
La propuesta de la senadora del peronismo establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, al tiempo que contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
En este sentido, la senadora del massismo remarcó que, detrás de cada estafa o extorsión telefónica, hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas a raíz de amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias. “El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó.
El PRO se sumó a la ola de proyectos sobre celulares en las cárceles
Lejos de quedarse atrás, el titular del bloque de senadores del PRO, Pablo Petrecca, también redactó una normativa para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y reemplazar el esquema vigente por un sistema de comunicación digital supervisado por el Estado.
Al igual que el texto libertario, la iniciativa del legislador amarillo busca dejar atrás el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, implementado en 2020 durante la pandemia, que permitió el uso de dispositivos móviles ante la suspensión de visitas por el coronavirus, y que en la actualidad continúa vigente sin un marco legal aprobado por la Legislatura, alcanzando a unos 49.000 detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
En ese sentido, Petrecca propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada diseñada para garantizar que los internos puedan mantener llamadas únicamente a través de canales autorizados, ya que el sistema limitará las comunicaciones a contactos previamente registrados y verificados por las autoridades. Además, impide el acceso a internet abierto y a redes sociales.
Hechos ingresó una ley para terminar con los celulares en las cárceles
El último proyecto ingresado en la Legislatura bonaerense sobre celulares en las cárceles pertenece al bloque de senadores de Hechos – UCR Identidad, que apunta a derogar el protocolo dictado en la pandemia para prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario bonaerense.
“Se busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, luego de que una medida excepcional adoptada durante la pandemia de COVID-19 —que habilitó el uso de celulares ante la suspensión de visitas— se haya extendido en el tiempo sin respaldo legal ni evaluación de su impacto”, alegaron desde Hechos.
En este sentido, el proyecto de ley establece que las personas privadas de su libertad mantendrán garantizado el derecho a la comunicación, pero solo lo podrán gozar a través de medios oficiales, como líneas institucionales o sistemas supervisados, controlados y registrados por las autoridades penitenciarias.
En rigor, el texto parlamentario propone eliminar toda normativa o disposición administrativa que haya autorizado el uso de celulares en cárceles; implementar sistemas tecnológicos de inhibición, bloqueo o detección de señales móviles en las unidades penitenciarias; y considera falta grave la violación de esta prohibición, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales.
