El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia la documentación y las respuestas a las 20 preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito y el de su esposa, Bettina Angeletti, un día antes del vencimiento del plazo previsto para este martes 22 de septiembre.
El requerimiento original había vencido el pasado 1° de septiembre, pero el juez Ariel Lijo concedió otros 15 días hábiles después de que la defensa de Adorni solicitara acceder a documentación vinculada con el contratista Matías Tabar, señalado como testigo clave de las refacciones realizadas en una propiedad del exfuncionario de Javier Milei.
Finalmente, el abogado Matías Ledesma presentó un escrito de 78 carillas con las explicaciones y la documentación respaldatoria, en el que la defensa sostuvo que la evolución patrimonial del dirigente de La Libertad Avanza (LLA) entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra “sustento razonable y verificable” en la prueba documental, contable y técnica aportada, sin que exista un enriquecimiento apreciable que no admita explicación.
En tanto, el fiscal Pollicita había requerido explicaciones sobre las diferencias detectadas entre los recursos del matrimonio Adorni y los gastos del grupo familiar durante el período bajo la lupa. Según el análisis técnico que respalda el requerimiento, el excoordinador ministerial y su esposa tuvieron ingresos comprobados por $229,7 millones, mientras que los egresos alcanzaron los $272,8 millones, lo que arroja una diferencia de $43.068.549 que la fiscalía considera sin respaldo suficiente.
A ese desajuste se suman USD 402.578,12 en gastos que, de acuerdo con la investigación, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”. Dentro de ese monto aparecen la compra y refacción de inmuebles, mobiliario, alquileres temporarios y viajes, mientras que uno de los puntos que requirió mayores precisiones fue el supuesto pago en efectivo de USD 245.000 a Tabar por la remodelación de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Sobre el origen de los dólares en efectivo, Adorni afirmó que contaba con ahorros provenientes de la liquidación de Bitcoin entre 2017 y 2018, antes de su ingreso a la función pública. La defensa sostuvo que ocho billeteras generaron un total de USD 591.544,61 y señaló que acreditó las claves privadas mediante un acta notarial.
De acuerdo con la presentación, las direcciones de esas billeteras registraron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y actualmente no conservan saldo, mientras que la defensa explicó que una parte de los dólares obtenidos quedó fuera del circuito bancario y permaneció en efectivo en el domicilio que el exministro comparte con Angeletti.
Sin embargo, el cuestionario elaborado por Pollicita no se limita a la operación vinculada con la casa de fin de semana, sino que también solicita precisiones sobre el origen de los dólares en efectivo que Adorni declaró al rectificar sus declaraciones juradas, la existencia y condiciones de los préstamos atribuidos a sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra del departamento ubicado en Miró 550, en el barrio de Caballito, y las operaciones realizadas con criptoactivos.
Qué argumentó la defensa de Adorni sobre las irregularidades en su patrimonio
En relación con la propiedad del barrio cerrado, el exfuncionario sostuvo que la compra del lote por USD 120.000 se financió mediante un préstamo con garantía hipotecaria de USD 100.000 sobre un inmueble ubicado en la calle Asamblea 1132 y otros USD 20.000 en efectivo que, según la defensa, estaban bajo custodia de Angeletti.
El equipo legal de Adorni también rechazó la cifra que aportó Tabar, quien declaró como testigo que recibió USD 245.000 en efectivo por las refacciones de la propiedad. Sobre este punto, el exvocero presidencial aseguró que el desembolso por esos trabajos alcanzó los USD 175.000 y que los fondos salieron de su cuenta bancaria, provenientes de sus ahorros.
Además, el texto de la defensa cuestionó distintas cifras que el contratista presentó ante la Justicia y señaló inconsistencias en la documentación sobre la obra. Los representantes legales del investigado sostuvieron que más de quince ítems de una de las planillas “carecen de fecha de registro” y plantearon diferencias entre el costo total declarado por el constructor y los montos que surgen de sus propios registros.
En la misma línea, la fiscalía también puso bajo análisis el uso de terceros para adquirir bienes, facturas informadas ante ARCA por más de $6 millones cuyos pagos no encontrarían correspondencia con movimientos registrados en bancos o tarjetas, las deudas con Banco Galicia y los consumos realizados por personas de su entorno que figuraban como adicionales de las tarjetas del exintegrante del Gobierno.
En las declaraciones juradas rectificativas, Adorni declaró un patrimonio de $944,5 millones al cierre de 2025 e incorporó ahorros y criptoactivos que no habían aparecido en presentaciones anteriores. De acuerdo con la información suministrada sobre la investigación, el fiscal no cuestiona en esta instancia la existencia de esos bienes, sino que busca determinar su trazabilidad y el origen de los fondos utilizados para conformarlos.
En ese aspecto, la defensa sostuvo que las rectificaciones de junio de 2026 incorporaron el activo y la deuda hipotecaria de Indio Cuá en partes iguales para ambos integrantes del matrimonio. El escrito afirmó que esas modificaciones buscaron “reflejar correctamente la situación de la sociedad conyugal” y rechazó que hayan respondido a un intento de ocultamiento patrimonial.
La documentación también precisó que los ahorros declarados en efectivo pasaron de USD 513.000 en 2023 a USD 388.961,52 al finalizar 2024, mientras que al cierre de 2025 alcanzaron los USD 209.961,52. Los abogados de Adorni sostuvieron que parte de esos fondos se destinó a la compra y refacción de la vivienda en el country y a la adquisición del departamento ubicado en Miró, en Caballito.
Además, los viajes tanto familiares como individuales realizados durante el período investigado también forman parte del requerimiento. El grupo familiar de Adorni registró desembolsos mediante tarjetas y en efectivo y, entre los movimientos analizados, figura un viaje a Aruba por USD 14.696, que también quedó incluido dentro de las explicaciones solicitadas por la fiscalía.
Otro de los puntos bajo análisis es la evolución del endeudamiento declarado por el grupo familiar, ya que durante el período investigado el pasivo pasó de $92,4 millones a $317,3 millones. En ese marco, la Fiscalía detectó la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares contraídas con particulares y pidió precisiones sobre su origen, sus condiciones y el destino de los fondos.
Respecto de la diferencia de $43.068.549 que detectó el Ministerio Público Fiscal entre ingresos y egresos, la defensa sostuvo que ese monto constituye una brecha residual, sin entidad suficiente para representar un enriquecimiento apreciable. Según el planteo de Adorni, la cifra equivale al 15,8% de los egresos reconstruidos, mientras que los anexos contables y técnicos incorporados al expediente permitirían explicar ese desbalance.
