Este viernes, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) le solicitó formalmente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que no acepte la renuncia de la jueza Julieta Makintach, quien fue denunciada tras su accionar durante el juicio oral que investigaba las circunstancias de la muerte de Diego Maradona.
Si bien la magistrada fue apartada de sus funciones por la Suprema Corte provincial y está actualmente bajo un proceso de enjuiciamiento político, ahora deberá enfrentar el jury de enjuiciamiento y, cuando los denunciantes finalicen sus acusaciones, la jueza Makintach tendrá 15 días para responder esta medida. Llegado al punto posterior a ese plazo, el jurado se volverá a reunir y debatirá su suspensión definitiva.
Según informó la AJB, la presentación para que el Gobierno bonaerense rechace la renuncia fue realizada el pasado 2 de julio mediante una nota dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, bajo los argumentos de que aceptar la dimisión en este contexto significaría “permitir que evada su responsabilidad institucional y el correspondiente proceso de destitución”.
Es que, Makintach integraba el Tribunal en lo Criminal N°2 de San Isidro, fue licenciada de manera compulsiva luego de que se anulara el juicio oral por la muerte de Maradona por graves irregularidades en su conducción del proceso. El escándalo tuvo una amplia repercusión pública y puso en tela de juicio la credibilidad del Poder Judicial bonaerense.
Si bien el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ya intervino en el caso, aceptó su competencia para analizar la conducta de Makintach y dio inicio al procedimiento formal para evaluar su remoción, la AJB sostuvo que la presentación de su renuncia responde a una maniobra para eludir el juicio político.
Por eso, desde el sindicato judicial insistieron en que el juicio político cumple una función esencial en el sistema democrático, y que no debe ser sustituido por un proceso penal. “Se trata de rendir cuentas ante la sociedad, y eso no puede evitarse con una simple renuncia”, manifestaron desde el gremio que conduce Hugo Russo.
En la misma línea, en la AJB recordaron que el gobernador Axel Kicillof tiene la potestad de rechazar la dimisión mientras no haya sido aceptada formalmente. “La renuncia de una magistrada es un acto complejo que requiere evaluación del Poder Ejecutivo y no debe ser tratado como un trámite automático”, afirmaron.
Además, desde el gremio advirtieron que si se aceptara la renuncia, Makintach podría quedar habilitada a ejercer nuevamente cargos públicos en el futuro, mientras que si se lleva adelante el juicio político y resulta destituida, se impediría su reingreso al sistema judicial o a otros roles estatales.
“El fortalecimiento institucional requiere que quienes ejercen funciones judiciales rindan cuentas por sus actos. No puede haber impunidad cuando se han vulnerado principios básicos del debido proceso”, enfatizó la AJB en el comunicado difundido esta semana.
Por último, la organización gremial, que forma parte de la CTA y la Federación Judicial Argentina, remarcó también que preservar el proceso político de remoción es clave para garantizar la integridad del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Caso Maradona: el escándalo que derivó en la renuncia de la jueza Makintach y el comunicado de la AJB
Es preciso recordar que, el caso que involucra a Julieta Makintach se originó en medio del juicio oral que tenía como objetivo esclarecer posibles responsabilidades penales en torno a la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. La magistrada fue parte del tribunal encargado de juzgar a ocho profesionales de la salud.
Durante el desarrollo del juicio, surgieron múltiples denuncias por parte de la defensa y de los familiares de los imputados sobre supuestas irregularidades en el procedimiento, que derivaron en el descubrimiento de que Makintach estaba realizando un documental sobre todo el procedimiento de manera ilegal y paralela. Los cuestionamientos llegaron a tal punto que el proceso debió ser anulado en su totalidad.
La anulación derivó en la decisión de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires de apartar a Makintach de sus funciones y darle licencia de manera compulsiva. Esa situación motivó la intervención del Jurado de Enjuiciamiento y, posteriormente, la presentación de su renuncia.
El futuro de la magistrada ahora está en manos del Ejecutivo bonaerense, que deberá decidir si acepta o no su dimisión. Mientras tanto, la AJB insiste en que rechazarla es la única forma de asegurar justicia y evitar que el caso se convierta en un símbolo de impunidad institucional.
