El gasto público consolidado cayó al 14,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025 y alcanzó su nivel más bajo de la última década, tras un ajuste sostenido del Estado por parte de la administración de Javier Milei. La cifra marcó una baja significativa respecto al 2023, cuando el gasto explicaba cerca del 20% del producto.
El relevamiento, elaborado por la Fundación Libertad, señaló que el ajuste sobre el gasto público se concentró en partidas puntuales del presupuesto. En ese sentido, el informe ubicó a la obra pública, determinadas prestaciones sociales y los subsidios vinculados a la energía y al transporte como principales focos del recorte.
Según el informe, la obra pública nacional explicó un recorte de 1,24 puntos del PBI, en comparación con el 2023. En paralelo, las prestaciones sociales que no corresponden a jubilaciones, pensiones ni a la Asignación Universal por Hijo (AUH) retrocedieron 1,12 puntos del producto.
El estudio también advirtió por una fuerte contracción en los subsidios a la energía y al transporte, con una baja cercana a un punto del PBI. En tanto, los salarios del sector público explicaron un recorte adicional del 0,71%, en un contexto de licuación salarial y congelamiento de vacantes.
Por otro lado, las transferencias a provincias y universidades nacionales cayeron cerca de 0,7 puntos del PBI. El recorte impactó de lleno en el financiamiento de gastos corrientes y el sostenimiento de políticas descentralizadas, especialmente en el sector universitario.
Como contracara, el informe indicó que el gasto en jubilaciones y pensiones registró una baja más acotada, de apenas 0,13 puntos del producto. Sin embargo, desde la Fundación Libertad advirtieron que dichas erogaciones, “se encuentran en niveles históricamente bajos en términos reales y por debajo de años anteriores respecto del gasto total del Estado”.
En relación con el 2024, un análisis de la consultora Analytica sostuvo que el Gobierno frenó el ajuste global del gasto, aunque modificó su distribución interna. El estudio remarcó la existencia de “claros ganadores y perdedores” a partir del nuevo direccionamiento de los recursos.
Por último, las mayores subas se dieron en las transferencias corrientes a provincias, que aumentaron un 22% por el cumplimiento de la medida cautelar a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Además, el gasto público en bienes y servicios, y la AUH también registraron incrementos, mientras que la obra pública volvió a encabezar los recortes, con una caída del 46%, junto a programas sociales y subsidios económicos.
El atraso estadístico del IPC sostiene el ajuste del gasto público
La decisión del Gobierno nacional de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) le permitirá reducir de manera indirecta el gasto público durante el 2026. Un informe técnico advirtió que la continuidad de la canasta de consumo de 2004, funciona como un ancla fiscal estadística que licúa partidas indexadas.
Según un relevamiento de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, la marcha atrás en la nueva metodología del IPC generará un “ahorro” cercano a los 5 billones de pesos. La cifra equivale a casi 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y surge de la diferencia entre la inflación medida y el aumento real del costo de vida.
El documento explicó que el ajuste no surge de un recorte directo de partidas, sino de la actualización rezagada del gasto atado a la inflación. En ese marco, las jubilaciones, las pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la deuda ajustada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) crecen a un ritmo menor que los ingresos tributarios vinculados al consumo.
Finalmente, el informe alertó sobre una brecha creciente entre la estadística oficial y la realidad del bolsillo. Mientras el IPC muestra una desaceleración, una medición basada en una canasta actualizada profundiza la caída del salario real y expone un atraso metodológico frente a países de la región que ya modernizaron sus índices de precios.
