El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió este lunes postergar su primera declaración indagatoria en el marco de la investigación por la causa de irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gestión al frente de la Casa Rosada, prevista para este miércoles 27 de noviembre.
Entre otros argumentos, la abogada defensora del ex presidente, Mariana Barbitta, planteó que “el llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”.
Lo que ocurre es que, el ex jefe de Estado y Julián Ercolini trabajaron en la Universidad de Buenos Aires bajo la misma cátedra del ex Procurador Esteban “Bebe” Riggi. Antes de llegar a la presidencia, Alberto Fernández había cuestionado a los jueces de Comodoro Py 2002 por su actuación en causas contra referentes kirchneristas.
Entre ellos aparecía Ercolini, quien había enviado a juicio a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Además, a fines de 2022, el entonces presidente instruyó al Ministerio de Justicia a radicar una denuncia penal contra los jueces, fiscales y funcionarios que compartieron un viaje a Lago Escondido.
En ese contexto, Ercolini decidió la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa.
En detalle, la medida se aplicó a el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, al broker Pablo Torres García, y a las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San Germán, entre otras. Con esta medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes, y tampoco tendrán acceso a sus cajas de seguridad.
En ese marco, en un escrito de 34 carillas, Barbitta planteó “falta de claridad y precisión” de la imputación contra el ex presidente. “Los déficits de precisión no solo aparecen en el aspecto temporal sino también en la totalidad de la imputación“, alegó.
“En primer lugar, V.S habla de una supuesta ´maniobra mancomunada, coordinada y funcional, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos´, sin explicar como sostiene esa afirmación, cuando mi asistido ni siquiera conoce a la mayoría de las personas con las que comparte “imputación”, agrega la presentación.
Alberto Fernández y la causa de los seguros: los detalles
Según describió el propio Ercolini, a partir del dictado del Decreto n° 823/2021, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de diciembre de 2021, Alberto Fernández dispuso que todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su función, a través de la firma “Nación Seguros S.A”, mediante un convenio interadministrativo.
En ese contexto, se habilitó la posibilidad de que participaran “otras aseguradoras en forma de coaseguro” y eso “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contasen con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas)”.
Entre ellos se encuentran; Héctor Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García y Oscar Alberto Castello, como así también las firmas “HÉCTOR HORACIO MARTÍNEZ SOSA Y COMPAÑÍA S.A.”; “TG BROKER S.A.”; “BACHELLIER S.A.”; “CASTELLO MERCURI S.A.” y “SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.”; a quienes se les abonaban comisiones que conforme lo denunciado, “serían superiores a las de mercado y/o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas”.
Es preciso señalar que, Martínez Sosa, poderoso productor de seguros que maneja pólizas de muchos ámbitos de la administración pública nacional, en algunas provincias y en municipios, está vinculado a Alberto Fernández: el broker le prestó unos 20.000 dólares, según sus declaraciones juradas. Además de ser el esposo de María Cantero, la histórica secretaria que tuvo el expresidente.
“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, afirmó Alberto Fernández cuando comenzó el caso.
