sábado, noviembre 15, 2025

A pedido de Bullrich, allanaron a dirigentes sociales denunciados por extorsión

Se realizaron más de 30 allanamientos a dirigentes sociales imputados por extorsión. Las organizaciones denunciaron persecución política.

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En las últimas horas, se realizaron alrededor de 30 allanamientos a una serie de dirigentes sociales acusados por extorsión, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara una denuncia ante la justicia, a raíz de los llamados que recibió la línea 134.

De esta manera, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó los procedimientos luego de haber recibido la denuncia de Bullrich, tras lo cual se identificaron a unos 27 dirigentes sociales que fueron imputados por el delito de extorsión.

En ese marco, Pollicita también había solicitado ante la Justicia la detención de los dirigentes sociales, pero la orden del juez Sebastián Casanello se limitó a ordenar los allanamientos mediante la intervención de la Cámara Federal.

Así, la investigación permitió identificar a los dirigentes sociales del Polo Obrero, Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, así como también fueron allanados miembros de la agrupación Barrios de Pie, entre otros.

Según el fiscal, los dirigentes sociales llevaron adelante tres tipos de extorsión, mediante el uso del rol de intermediarios entre el exMinisterio de Desarrollo Social y los beneficiarios de planes sociales, que implicaba el cobro de una “cuota” del haber para los comedores, vender los alimentos que recibían y la asistencia a manifestaciones.

De acuerdo a la investigación de Pollicita, los referentes populares controlaban la asistencia a las marchas, imponían “multas” de hasta $10.000 cada una para quienes no cumplieran la presencia o prohibían el retiro de alimentos.

Por otra parte, según el fiscal los dirigentes sociales tenían “listas de espera” para las personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo, y existía una jerarquía. En este sentido, los beneficiarios se dividían entre los “comunes”, un escalón arriba, los “delegados” que reciben doble o triple monto, y por encima, los “referentes” que controlan y ordenan a los demás.

En suma, los delitos por los que están imputados los dirigentes de los movimientos sociales son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, argumentados en las denuncias anónimas recibidas a la línea 134.

Qué dijeron los dirigentes sociales tras los allanamientos

El lunes por la tarde, los dirigentes sociales realizaron una conferencia de prensa de emergencia frente al Congreso, luego de que las fuerzas de seguridad llevaran adelante un mega operativo de allanamientos en el marco de la investigación por las extorsiones, entre los que se encontraba el local principal del Polo Obrero, que dirige Eduardo Belliboni.

En ese marco, Belliboni denunció que, los efectivos que realizaron el allanamiento, lo hicieron con múltiples irregularidades y que “quisieron hacerlo en la clandestinidad”, debido a que apagaron las cámaras de seguridad del local del Polo Obrero cuando empezó el operativo y que otros se hicieron en horas de la madrugada.

En tanto que, el dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Charly Fernández, denunció que “muchos de los allanamientos fueron en barrios populares, en villas de emergencia”, y que hubo “frases xenófobas” contra las militantes, a las que destacó por el rol que cumplen en los comedores populares.

De esta manera, la conferencia de prensa, organizada para denunciar “persecución judicial y difamación mediática”, contó con la participación de referentes sindicales, como Hugo “Cachorro” Godoy, de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, diputados nacionales como los del Frente de Izquierda, Romina del Plá, Néstor Pitrola, y Christian Castillo, de Unión por la Patria, Juan Marino, y el legislador bonaerense, Guillermo Kane.

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