Este martes, la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Soledad Alonso, cuestionó con dureza el Decreto 695/2025 firmado por el presidente Javier Milei y publicado esta misma mañana en el Boletín Oficial, que habilita la privatización parcial de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
La diputada bonaerense del peronismo advirtió que “ningún país soberano entrega así su sector nuclear”, y sostuvo que “es urgente frenar y revertir todas las privatizaciones” que busca aplicar el Gobierno nacional, al tiempo que calificó la medida como una amenaza para un activo estratégico que genera superávit y sostiene miles de empleos.
Es que, el decreto establece que se pondrá en venta un 44% de las acciones de la compañía mediante una licitación nacional e internacional y se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5% destinado a los trabajadores, mientras que el Estado nacional y la Comisión de Energía Atómica (CNEA) conservarán el 51% restante para mantener el control mayoritario. Con esta nueva configuración, ENARSA transferirá el 1% de sus acciones a la Nación y NASA cederá el 0,01% que posee en ENARSA.
Es preciso mencionar que, la empresa que actualmente depende en un 79% del Estado, un 20% de la CNEA y un 1% de ENARSA, fue señalada por el Ejecutivo como un caso donde “la intervención estatal no garantizó eficiencia económica”. Así, el Gobierno nacional justificó que la apertura al capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de vida útil de la central Atucha I prevista para 2027 y la finalización del sistema de almacenamiento en seco de elementos combustibles de Atucha II.
En este contexto, Alonso enfatizó que Nucleoeléctrica Argentina S.A. es la operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, y reiteró: “Nuestro sector nuclear no debería estar en venta”. Es que, la legisladora puso el foco en la importancia de proteger la soberanía energética y evitar que el capital privado condicione una de las áreas tecnológicas más sensibles del país.
Por su parte, el Gobierno nacional fundamentó la decisión en la necesidad de atraer inversión privada para financiar proyectos estratégicos, como la extensión de la vida útil de Atucha I, prevista para 2027, y el desarrollo de almacenamiento en seco de combustibles para Atucha II, al tiempo que argumentó que el esquema permitirá reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos de gestión, ya que la compañía recibió transferencias de capital estatal por 700 millones de pesos en 2023.
Pese a estas justificaciones, desde sectores opositores como el que integra la propia Alonso señalaron que Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una empresa con resultados positivos, que en 2024 alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados con un factor de carga del 73,3%, lo que demuestra que se trata de un área productiva que no requiere ser transferida al sector privado sino fortalecida con planificación estatal.
Por caso, el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrán a su cargo la ejecución del proceso de privatización, que será fiscalizado por la Comisión Bicameral del Congreso, mientras que la Secretaría de Trabajo intervendrá en la implementación del Programa de Propiedad Participada. El decreto se inscribe dentro de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que habilita privatizaciones de empresas públicas.
No obstante, los bloques de la oposición del Congreso ya adelantaron que se opondrán a la medida y prometieron resistir el avance de la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. bajo el argumento de que se trata de una de las compañías más estratégicas del país, tanto por su rol en la generación de energía como por el know-how científico acumulado durante décadas.
En tanto, Alonso concluyó que el camino emprendido por Milei “pone en riesgo la soberanía energética y los puestos de trabajo de miles de argentinos”, por lo que insistió en que es necesario frenar y revertir la privatización en curso, mientras que la nueva discusión parlamentaria promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda política de los próximos meses.
