En las últimas horas, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, mantuvo un encuentro con los gobernadores de las distintas provincias para instarlos a adherirse al Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, la iniciativa del Gobierno nacional que busca incentivar el ingreso de los “dólares del colchón” al circuito formal mediante la eliminación de controles fiscales.
En tanto, durante el encuentro con los mandatarios, Pazo advirtió que las provincias que no se adhieran al plan del Gobierno nacional para incorporar al sistema económico los dólares no declarados de los argentinos, perderán el acceso a información tributaria clave, como datos sobre facturación y consumos por encima de ciertos umbrales.
Es preciso mencionar que, en la reunión también estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que junto a Pazo presentaron los detalles del plan a gobernadores y ministros provinciales, y afirmaron que la recepción fue “favorable” por el enfoque técnico que tuvo el cónclave.
De esta manera, el plan del Gobierno establece que, a partir del 1 de julio, las transferencias bancarias inferiores a 43.000 dólares y los depósitos a plazo de hasta U$D85.000 no requerirán justificación de fondos a ARCA. Además, se implementará un Régimen Simplificado de Ganancias, donde el organismo encabezado por Pazo se enfocará en la facturación y no en gastos patrimoniales y consumos.
Por caso, el plan y la advertencia del Gobierno nacional generó una fuerte controversia en las provincias, especialmente en Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof cuestionó la iniciativa y anunció que en el territorio bonaerense se mantendrán los controles sobre el uso de los dólares del colchón.
En respuesta, Pazo lanzó duras críticas contra Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, acusándolos de ser “responsables de la situación económica actual” y de fomentar la evasión fiscal, ya que el Gobierno considera que esta medida es “clave para sostener el crecimiento económico sin recurrir a la emisión monetaria”.
No obstante, un puñado de expertos en economía advierten que la falta de controles sobre los “dólares del colchón” podría facilitar el lavado de dinero y generar conflictos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige transparencia financiera y cumplimiento de normas antilavado.
ARCA flexibilizó controles fiscales
Esta semana, el titular de ARCA oficializó una serie de modificaciones en el régimen de emisión de comprobantes y en los umbrales de información fiscal, como parte del denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, con el objetivo de incentivar la formalización de ahorros y reducir la burocracia fiscal que, según el organismo, “invadía la privacidad de los ciudadanos”.
Una de las principales modificaciones es la actualización del umbral monetario a partir del cual los comercios deben identificar al consumidor final en los comprobantes de compra. A partir de este jueves 29 de mayo, será obligatorio consignar el CUIT, CUIL, CDI o DNI de los compradores únicamente cuando el monto de la operación supere los $10.000.000, independientemente del medio de pago, mientras que antes esta obligación regía desde los $250.000 en compras en efectivo, o $417.288 con otros medios de pago.
Además, la nueva resolución de ARCA amplió el límite de uso del “facturador” hasta los $500.000 por operación, aunque aclaró que los monotributistas sociales no podrán utilizar esta modalidad cuando la operación supere los $250.000.
En el marco de la reforma tributaria, ARCA anunció que, desde el 1° de junio, entrará en vigor un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, basado en la facturación y los gastos deducibles del contribuyente, sin exigir declaración de consumos personales ni de incremento patrimonial, con el objetivo es reducir el costo de cumplimiento y concentrar los controles en grandes contribuyentes.
Asimismo, se establecieron nuevos umbrales mínimos de información fiscal: las transferencias y acreditaciones bancarias solo deberán reportarse a partir de los $50.000.000 en el caso de personas físicas y desde los $30.000.000 para personas jurídicas, y las extracciones en efectivo, que hasta ahora se informaban desde cualquier monto, tendrán como nuevo piso los $10.000.000.
Por su parte, Pazo defendió el nuevo esquema afirmando que se busca “dejar atrás mecanismos de control fiscal que invadían la privacidad de las personas” y propiciar el ingreso al sistema formal. “Queremos que la gente pueda operar con libertad, sin ser tratada como sospechosa por mover su propio dinero. Podemos ver cuando lo necesitamos, pero ahora no lo hacemos por sistema”, ratificó.
