El Senado de la Nación comunicó en las últimas horas a la Justicia federal que los arreglos necesarios para recuperar el edificio del Congreso de los daños provocados durante el ataque a las oficinas de Cristina Kirchner en el marco de la discusión del acuerdo con el FMI costarán al menos seis millones de pesos. El cálculo provisorio aún no incluye elementos considerados “históricos” que deberán reconstruirse con trabajo artesanal.
“La evaluación económica reviste carácter provisional y su estimación es aproximada dadas las características del Monumento Nacional del Palacio Legislativo y varios de los componentes dañados”, señaló la directora general de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, tras el ataque del 10 de marzo al Congreso de la Nación.
En ese sentido, Peñafort agregó que “la agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores”.
Asimismo, en el informe solicitado por la jueza María Eugenia Capuchetti que investiga el ataque contra Cristina Kirchner, se detalló que fueron dañadas otras áreas del Senado, tales como aquellas que ocupa la Vicepresidenta y los despachos de los senadores Claudia Abdala, José Mayans y Ricardo Guerra.
En este sentido, para arreglar los daños del ataque del pasado 10 de marzo, se calcularon los siguientes gastos:
- Reposición y colocación de unos 200 paños de vidrio (2 millones de pesos)
- Retapizado e intervención en textiles (1,5 millones de pesos)
- Soldados, carpintería y revestimientos de madera (2,7 millones de pesos)
Fue así que, la suma que se gastará para arreglar el Congreso de la Nación luego de la agresión con piedras superará los 6 millones de pesos. En base a este monto, calculado a pedido de la Justicia federal, Peñafort contó que el “ataque llegó a afectar no sólo el patrimonio legislativo, sino la seguridad de quienes allí se encontraban, incluyéndose autoridades y representantes”.
En este aspecto, luego del atentado del pasado 10 de marzo al Palacio Legislativo, el Juzgado federal N°5 comenzó una investigación que analiza los delitos de “intimidación pública” y “daño agravado” y tiene a una decena de personas sospechadas por haber provocado los destrozos contra las oficinas de Cristina Kirchner.
A partir de la apertura de la causa, Cristina Kirchner, pidió ser querellante, tras hablar de un “ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó ejecutar”, hecho que difundió en un video en donde se veía cómo las piedras entraban al Palacio Legislativo y denunció la grave maniobra.
