Un nuevo episodio de violencia en tribunales bonaerenses reavivó el debate sobre la crisis estructural del sistema judicial, atravesado por la falta de cobertura de vacantes y el crecimiento sostenido de causas. Los familiares de una joven fallecida en un siniestro vial atacaron un juzgado en Florencio Varela y agredieron a funcionarios judiciales, luego de que un jurado popular dictara un veredicto de no culpabilidad.
El conflicto se produjo tras el cierre del juicio por la muerte de Maia Spinelli, que viajaba como acompañante en un automóvil que en 2024 chocó contra otro vehículo conducido por Valentino Perrone, quien entonces tenía 18 años. El impacto provocó el fallecimiento de la mujer y el caso llegó a un juicio por jurados, un mecanismo que convoca a ciudadanos sorteados para definir la culpabilidad del imputado.
No obstante, la lectura del veredicto provocó una fuerte reacción de los familiares de la víctima, que expresaron su rechazo a la decisión adoptada por el jurado. La tensión escaló rápidamente dentro del edificio judicial y derivó en agresiones contra funcionarios, destrozos en oficinas y daños en vehículos estacionados en las inmediaciones del tribunal.
De hecho, durante los incidentes, el juez Santiago Zurzolo recibió un ladrillazo en el pecho mientras se encontraba dentro de la sala del tribunal. Al mismo tiempo, otras personas agredieron a trabajadores judiciales, provocaron daños en distintas dependencias del juzgado e intentaron iniciar un incendio en el lugar donde se había desarrollado el proceso.
Frente a ese escenario, distintas entidades del ámbito judicial expresaron preocupación por la escalada de violencia que se registró dentro del edificio tribunalicio. En ese marco, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por el ataque contra el tribunal.
La entidad recordó que el veredicto que motivó la reacción violenta fue dictado por un jurado popular compuesto por ciudadanos sorteados, y no por jueces profesionales. Según explicaron fuentes judiciales, el fallo de no culpabilidad se produjo porque no se alcanzó la mayoría de votos que exige la ley para declarar culpable a un acusado, ya que se registraron ocho votos cuando la normativa exige al menos diez.
En tanto, el episodio ocurrido en Florencio Varela se suma a otro hecho registrado semanas atrás en los tribunales de San Martín, cuando un grupo de personas irrumpió en la sede judicial con el objetivo de intimidar al juez Nicolás Schiavo. En esa oportunidad, cerca de veinte individuos vinculados a una organización narcocriminal ingresaron al lugar, rompieron una ventana y accedieron al primer piso, donde funcionan distintos juzgados.
Vale precisar que los episodios de violencia en tribunales se inscriben dentro de un escenario de tensiones por el funcionamiento del sistema judicial bonaerense. En ese marco, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial vienen alertando sobre dificultades estructurales que condicionan la capacidad de los tribunales para responder al aumento sostenido de expedientes.
En febrero de 2026, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a poner en agenda la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires bajo criterios de paridad de género. El gremio advirtió que el máximo tribunal provincial mantiene cargos sin cubrir desde hace años, lo que impacta en la conducción del sistema judicial y en la resolución de causas de alta complejidad.
Además, las advertencias gremiales también se apoyan en informes que describen una fuerte sobrecarga en distintos fueros judiciales. Un relevamiento sobre el funcionamiento de los Tribunales de Trabajo indicó que en 2024 se registró la mayor cantidad de causas iniciadas desde 2003, mientras que el 70% de los tribunales funciona con planteles incompletos, y acumula al menos 71 cargos de magistrados vacantes.
“El colapso del fuero laboral no es coyuntural, es estructural”, sostuvo el secretario general de la AJB, Hugo Russo, al advertir que el incremento sostenido de expedientes no fue acompañado por la designación de nuevos jueces ni por el crecimiento proporcional del personal judicial.
Finalmente, el fuero de Familia también refleja las dificultades estructurales que atraviesa el sistema judicial bonaerense. Un informe del Centro de Investigación y Formación de la AJB indicó que la cantidad de causas en ese fuero creció un 626% en catorce años, mientras que la dotación de personal apenas aumentó un 143%.
La AJB alertó por los nuevos hechos de violencia en tribunales bonaerenses
En paralelo a los recientes episodios de violencia registrados en tribunales bonaerenses, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) repudió un nuevo incidente ocurrido en los Juzgados de Familia del Departamento Judicial San Martín. Según informó el gremio, una persona ingresó de manera violenta al Juzgado de Familia N°3 durante la mañana del martes y generó una situación de riesgo para los empleados judiciales.
El subsecretario de Asuntos Laborales de la AJB, Carlos Gil, alertó que los episodios de violencia dentro de los tribunales comenzaron a repetirse en distintos departamentos judiciales. “No se trata de hechos aislados, sino de situaciones que comienzan a repetirse y que ponen en riesgo la integridad de quienes trabajan en el Poder Judicial y de las personas que acuden a los tribunales”, señaló el dirigente sindical.
En ese marco, el referente gremial planteó la necesidad de medidas específicas para reforzar la seguridad en las dependencias judiciales. Según expresó Gil, el Poder Judicial bonaerense requiere personal capacitado y equipamiento adecuado en los edificios tribunalicios para prevenir episodios de violencia como los registrados en los últimos días.
Desde la AJB remarcaron que el episodio de San Martín se suma a otros hechos recientes que encendieron las alarmas dentro del sistema judicial bonaerense. En los últimos días también se registraron incidentes en el Juzgado de Garantías N°5 de ese mismo departamento judicial y en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Florencio Varela, lo que llevó al gremio a reclamar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires una intervención urgente para garantizar condiciones de seguridad adecuadas en los edificios judiciales.
