La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una medida cautelar ante la Justicia para suspender las resoluciones de los ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado que disponen el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores. El gremio denunció que la medida vulnera el derecho a la estabilidad laboral y exigió al Gobierno que convoque de manera urgente a una mesa de negociación para reubicar a los afectados.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó el régimen implementado por la gestión de Javier Milei como “manifiestamente ilegal” y sostuvo que las resoluciones ministeriales son “inválidas, arbitrarias y violan derechos laborales” amparados por la Constitución Nacional. En ese sentido, remarcó que el pase a disponibilidad es una figura excepcional que requiere la supresión real de funciones, algo que, según el gremio, no ocurrió.
La acción judicial fue presentada por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital ante el Juzgado Contencioso Federal. En el escrito, el sindicato advirtió que ni las facultades delegadas ni la Ley Bases justifican “este pisoteo al derecho a la estabilidad en el empleo público” y reclamó que se reviertan los casos de disponibilidad, reubicando a los trabajadores en sus funciones originales o en puestos similares.
Aguiar denunció que el Poder Ejecutivo “está excedido en sus atribuciones” y cuestionó que sea el propio empleador quien defina la “dotación óptima” del personal, algo que consideró discrecional y contrario a la normativa vigente. También recordó que, desde el inicio del actual gobierno, la Justicia ya falló en varias oportunidades a favor de los trabajadores del sector público, señalando que el Ejecutivo actúa “contra la Constitución y al margen de la ley”.
En la misma línea, Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, sostuvo que el Poder Judicial debe intervenir “de inmediato” y que el Poder Legislativo debe actuar “con unidad y contundencia” para frenar el achique del Estado, que no solo dejará sin empleo a miles de trabajadores, sino que también reducirá la asistencia a la población en un momento de crisis.
El sindicato cuestionó especialmente la Resolución 54/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que desde ayer habilita la disponibilidad de trabajadores con estabilidad, incluso de planta permanente, con criterios como el cierre de organismos o la supuesta superación de la “dotación óptima necesaria”. Según ATE, este último parámetro es “totalmente subjetivo” y se apoya en artículos de la Ley Bases que no corresponden a la situación actual.
En este contexto, Aguiar acordó junto a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, realizar una presentación judicial conjunta. Equipos jurídicos de ambas seccionales mantuvieron una reunión para formalizar la acción, de la que participaron Matías Cremonte por ATE Nacional y Lucas Arakaki y Suyai Lutz por ATE Capital.
Para el gremio, las últimas reconfiguraciones de organismos no cumplen con los requisitos legales para disponer la disponibilidad de personal, ya que no se trata de cierres definitivos sino de reestructuraciones internas. Por eso, consideran que la medida es inconstitucional y un intento de avanzar en el desmantelamiento del Estado sin aval normativo.
Antecedente: ATE frenó la reforma del INTI
El 29 de julio pasado, la Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó por seis meses la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Ley Bases y el Decreto 462/2025. La decisión fue de la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N.° 2, en respuesta a una presentación de ATE.
El Gobierno había anunciado que el INTI dejaría de ser un organismo descentralizado para pasar bajo control de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que implicaba reducir su estructura y eliminar su autarquía. Aunque aseguraban que sus funciones no se verían afectadas, para el gremio esto suponía un “vaciamiento encubierto” del organismo.
ATE argumentó que la reforma violaba principios como la legalidad, la división de poderes y la reserva de ley, además de comprometer la estabilidad del empleo público. Aguiar incluso vinculó el cambio con una “agenda de desindustrialización” y advirtió que el Gobierno buscaba “aniquilar la industria y la producción”.
La cautelar dictada por Forns ordenó suspender por seis meses cualquier reubicación, cese, pase a disponibilidad o eliminación de áreas dentro del INTI. Durante ese plazo, el organismo deberá continuar con su estructura original, en un fallo que significó un nuevo revés judicial para la Casa Rosada en su intento de avanzar con reformas estructurales.
