A tres años del atentado a Cristina Kirchner, legisladores peronistas piden reactivar la causa

A tres años del atentado a Cristina Kirchner, diputados y senadores de Unión por la Patria recordaron la trágica noche y pidieron justicia por la titular del PJ.

Los legisladores bonaerenses de Unión por la Patria reclamaron la reactivación de la investigación judicial del atentado a Cristina Kirchner, a tres años de los hechos, para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales y financiadores.

Asimismo, la tropa peronista denunció que hay impunidad en el desenvolvimiento de la causa y cuestionaron los desvíos que, a su entender, impidieron llegar a los responsables políticos detrás del hecho.

En este sentido, la titular del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Senadores bonaerense, María Teresa García replicó un mensaje de Mayra Mendoza en el que recordó que Cristina Kirchner ya había advertido que “no van por ella, sino por el pueblo”, al vincular aquel atentado con el ajuste sobre jubilados, los recortes en salud, educación y discapacidad.

Es que, la intendenta de Quilmes y candidata a diputada bonaerense por la Tercera sección electoral subrayó que defender a la vicepresidenta es defender a la Argentina y a su gente, y le exigió a la Justicia que reactive la causa que tiene como principal implicado a Fernando Sabag Montiel para esclarecer el motivo del atentado.

Desde La Cámpora, los senadores Pablo Obeid y Emmanuel González Santalla repitieron la misma pregunta que se multiplica en cada aniversario del atentado a Cristina Kirchner: “¿Quién la mandó a matar?” y Santalla agregó que pese a los intentos de la oposición de eliminarla de la vida política, “lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo”.

Otra de las voces críticas de la jornada fue la de la senadora, Malena Defunchio, quien señaló que el poder económico tenía un “programa político para Cristina Kirchner para que esté presa o muerta”, y que, como no pudieron quitarle la vida en aquel atentado del 1 de septiembre de 2022, avanzaron en su proscripción y judicialización en este año.

A tres años del atentado a Cristina Kirchner, diputados y senadores de Unión por la Patria recordaron la trágica noche y pidieron justicia por la titular del PJ.

Sin embargo, la legisladora bonaerense del peronismo enfatizó que la vigencia política de la expresidenta “sigue siendo el mayor punto de acumulación popular”, y recordó que “en su libertad se juega el futuro del país”, mientras retomó la campaña que lleva adelante el oficialismo bonaerense de cara a los comicios de este domingo, que tiene como principal eje la excarcelación de Cristina Kirchner.

Por su parte, la senadora bonaerense, María Rosa Martínez, también fue contundente al exigir justicia por Cristina Kirchner, y remarcar que no sólo intentaron matarla, sino que luego la proscribieron, con una consolidación de un escenario de impunidad que persiste hasta la actualidad.

Desde la Cámara de Diputados bonaerense, el candidato de La Plata, Ariel Archanco, apuntó contra el “pacto de silencio” que rodea la causa de Cristina Kirchner y se preguntó por los autores intelectuales aún no identificados: “Antes de meterla presa la quisieron matar”, recordó, al tiempo que remarcó que, sin justicia para la ex presidenta, no hay democracia posible en Argentina.

En tanto, la diputada bonaerense, Viviana Guzzo, compartió el mensaje del gobernador Axel Kicillof en el que denunció que “se borraron teléfonos y se desvió la investigación” del atentado a Cristina Kirchner, lo que permitió dejar sin castigo a los que planearon y financiaron el ataque que sufrió la ex presidenta en las inmediaciones de su casa. “Es la misma Justicia que la condenó injustamente”, concluyó el mandatario.

Por su parte, Micaela Olivetto volvió a plantear la pregunta central que recorre el reclamo opositor: “¿Quién mandó a matar a Cristina?”, mientras que la ensenadense Susana González subrayó la desigualdad en la actuación judicial, al recordar que la “injusticia para condenarla fue rápida, pero para los demás es tortuga”.

La posición de la Legislatura bonaerense tras el atentado a Cristina Kirchner

En septiembre de 2022, pocos días después del ataque sufrido por la ex presidenta en Recoleta, la Legislatura bonaerense convocó a una sesión especial donde, con amplio consenso, aprobó un texto de repudio al intento de magnicidio y realizó un llamado a la paz social.

A pesar de las diferencias políticas, los bloques de Unión por la Patria, Juntos y otras bancadas de la oposición al peronismo coincidieron en que el atentado a Cristina Kirchner fue un “ataque directo a la democracia”, ya que en ese entonces la líder del Partido Justicialista era vicepresidenta, y debía investigarse con profundidad.

En aquel debate, dirigentes de todos los espacios reconocieron la gravedad del episodio y remarcaron la necesidad de preservar la convivencia democrática. Incluso quienes mantienen diferencias con la líder del peronismo, advirtieron que el atentado a Cristina Kirchner no podía relativizarse, y que era imprescindible un mensaje institucional unificado.

Diputados y senadores del peronismo reflotaron el interrogante que nació hace tres años tras el intento de magnicidio: ¿Quién mandó a matar a Cristina Kirchner?.
Diputados y senadores del peronismo reflotaron el interrogante que nació hace tres años tras el intento de magnicidio: ¿Quién mandó a matar a Cristina Kirchner?.

Además del repudio formal al atentado a Cristina Kirchner, la Legislatura bonaerense exhortó a la Justicia a garantizar que la investigación no se limitara a los autores materiales. En ese marco, distintos diputados y senadores señalaron la importancia de indagar sobre las posibles conexiones políticas y financieras que pudieron sostener a los atacantes.

A tres años del atentado a Cristina Kirchner, el pedido de justicia se mantiene vigente: es que, en cada aniversario el peronismo bonaerense vuelve a recordar que la causa judicial no avanzó en la identificación de los autores intelectuales, y que las irregularidades denunciadas, como el borrado de teléfonos y fallas en la custodia de pruebas, consolidan un escenario de impunidad que amenaza la salud institucional del país.

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