El Gobierno nacional dio un paso más hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y autorizó los cortes por mora mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2025, que modificó el esquema regulatorio de la empresa estatal. La administración de Javier Milei afirmó que requería “dar certeza jurídica” para concretar la venta del 49% de las acciones.
El Ejecutivo definió que el proceso incluirá la transferencia del 44% de las acciones al sector privado y un 5% destinado a un Programa de Propiedad Participada para trabajadores. Además, el decreto autorizó por primera vez desde la estatización la interrupción del servicio por mora, en una señal del nuevo esquema de gestión que impulsa la Casa Rosada.
En ese sentido, el Gobierno estableció que AYSA podrá cortar el suministro tras 60 días de atraso para usuarios residenciales y después de 15 días para clientes comerciales o industriales, con una notificación previa de al menos siete días hábiles. Al respecto, la actual conducción nacional justificó la medida con el objetivo de “proteger la sustentabilidad del servicio” y contener el crecimiento de la morosidad.
En tanto, la normativa modifica los criterios de los cargos por construcción, que habían generado diferencias entre usuarios medidos y no medidos. Sobre este punto, la gestión libertaria argumentó que los cambios buscan unificar criterios tarifarios, transparentar el sistema y ordenar el esquema previo a la futura concesión privada.
Vale recordar que el Congreso declaró a AYSA como “sujeta a privatización” dentro de la llamada “Ley Bases” de 2024, y que el Ministerio de Economía ya había dispuesto la venta del 90% de las acciones y fijado abril de 2026 como fecha límite para completar la operación. Por lo tanto, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar a un banco estatal para valuar los títulos y definir el mecanismo de colocación.
Por otro lado, el DNU 805/2025 otorgó mayor autonomía a la compañía, con la posibilidad de utilizar sus ingresos como garantía para obtener financiamiento. Además, la disposición estableció un Plan Director de Mejora Estratégica, que deberá actualizarse cada cinco años y que funcionará como guía general de obras y ampliaciones.
Ante este panorama, el Ejecutivo remarcó que la decisión impactará en millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que podrían enfrentar cortes por falta de pago cuando entre en vigencia el nuevo esquema. De acuerdo con la postura oficial, el sistema anterior resultaba “insostenible” por el peso de los subsidios y los costos operativos que debía cubrir el Estado.
Finalmente, el Gobierno deberá abrir la licitación para la venta de las acciones y avanzar con la elaboración del nuevo contrato de concesión. Por caso, la transición incluirá una etapa de adecuación técnica y financiera bajo supervisión estatal, hasta completar la transferencia definitiva de la operación antes de abril de 2026.
Privatización de AySA: alertan por el impacto en el Conurbano bonaerense
La administración de Javier Milei aprobó, en julio pasado, el plan de transición de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que concluirá con la privatización de la compañía que presta servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 municipios del Conurbano bonaerense. La medida, formalizada mediante la Resolución 221/25 de la Secretaría de Obras Públicas, impactará en más de 15 millones de personas que dependen del acceso al agua potable y a las cloacas.
El nuevo programa reemplazó al plan aprobado en octubre de 2023 durante la gestión de Malena Galmarini y fijó como meta “concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio”. La decisión ya generó preocupación entre usuarios y especialistas, que advirtieron sobre los riesgos de trasladar al sector privado un servicio esencial para millones de hogares.
En ese marco, distintas organizaciones sociales recordaron además la experiencia de los años 90 con la concesión de Obras Sanitarias, que derivó en incumplimientos, subas tarifarias desmedidas y un deterioro del servicio en distritos como La Matanza o Berazategui. Ese antecedente concluyó en el año 2006 con la reestatización de la empresa, luego de múltiples denuncias por contaminación y tarifas que se ubicaron entre las más altas de América Latina.
Finalmente, los especialistas alertaron que la privatización de AySA podría frenar obras clave como el Sistema Riachuelo y limitar la expansión de redes hacia barrios vulnerables del segundo cordón metropolitano. Según remarcaron los expertos, un modelo que priorice la rentabilidad sobre la inversión social amenaza con profundizar desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento.
