La diputada bonaerense del bloque de la Coalición Cívica (CC), Romina Braga, presentó un proyecto de ley para crear un Protocolo Provincial de Atención Integral para personas LGTBQI+ que se encuentren en situaciones de violencia, a fin de garantizar una respuesta institucional adecuada.
Según advirtió la legisladora bonaerense, las personas de la comunidad LGTBQI+ enfrentan formas de violencia que presentan especificidades que los dispositivos institucionales generales no fueron diseñados para atender.
Por caso, Braga mencionó la ausencia de marcos legales que reconozcan las relaciones de pareja entre personas del mismo género, o la violencia ejercida por la familia de origen hacia jóvenes que expresan su identidad no normativa.
De acuerdo al texto, la violencia institucional constituye un problema estructural: agentes del Estado que son históricamente perpetradores de la violencia hacia las personas LGTBQI con detenciones arbitrarias o uso del nombre y género asignados al nacer como forma de humillación.
En ese marco, la legisladora bonaerense subrayó que “esta violencia institucional hacia las personas LGBTQI+ no es una anomalía residual sino una pauta documentada que requiere una respuesta normativa específica”.
Ante este escenario, Braga propone crear un protocolo especifico para intervenir en estas situaciones de violencia, a fin de evitar que las personas de la comunidad sufran discriminación y revictimización.
El texto establece también el uso obligatorio del nombre y género autopercibido en toda instancia de atención, independientemente de la documentación que la persona aporte, con una perspectiva de derechos humanos.
En paralelo, la normativa propone la creación de un Consejo Consultivo de implementación del protocolo, a fin de que participen representantes de organizaciones de la sociedad civil y universidades nacionales con investigación en género y diversidad.
“El proyecto adopta un diseño de alcance amplio (todos los organismos relevantes) pero anclado en la estructura institucional existente, particularmente la Ley Micaela, es decir, no se crean estructuras nuevas, sino que se profundiza y especializa lo que ya existe”, señaló Braga.
Vale señalar que, el proyecto cuenta con múltiples experiencias previas como en México, que, en 2019, aprobó un protocolo que incorpora la figura de referente institucional de diversidad en cada dependencia pública, o la propia Ciudad de Buenos Aires, que realizó un protocolo focalizado en personas trans.
“La ausencia de un protocolo provincial especifico no es una omisión neutral: es una condición que reproduce la vulnerabilidad de las personas LGTBQI+ ante el Estado en los momentos de mayor exposición, este proyecto propone saldar esa deuda con una herramienta concreta”, concluyó Braga en los considerandos de la iniciativa.
