En medio de la ola de reclamos por la situación alimentaria de la provincia de Buenos Aires, los diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Romina Braga y Andres de Leo, presentaron proyectos para que la administración de Axel Kicillof brinde explicaciones sobre la situación del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), en medio de versiones sobre una posible suspensión de la política.
En ese sentido, la iniciativa de Braga busca que el Ejecutivo bonaerense detalle si se encuentra prevista la interrupción total o parcial del programa MESA durante los próximos meses, especialmente entre mayo y julio del corriente año, frente a los rumores de que la medida iba a ser suspendida por 90 días. De esa manera, la legisladora opositora buscó llevar al plano parlamentario una discusión que ya había escalado públicamente gracias al cruce entre Kicillof y el Gobierno nacional por las responsabilidades en el financiamiento de la política alimentaria.
“Si bien el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires desmintió la interrupción del programa MESA y confirmó en cambio la existencia de un proceso de revisión o reconfiguración, lo cierto es que dicha situación generó preocupación en la comunidad educativa de los municipios, especialmente en las escuelas donde asisten a familias en condiciones de extrema vulnerabilidad social”, señaló Braga en los fundamentos del proyecto.
En esa línea, la diputada de la Coalición Cívica sostuvo que “resulta imprescindible que el cuerpo legislativo cuente con información clara, actualizada y detallada sobre el futuro del programa MESA, sus eventuales modificaciones y el alcance real de las políticas alimentarias en la provincia de Buenos Aires”, en un nuevo intento de ejercer presión directa sobre la gestión de Kicillof para que aclare el panorama respecto del esquema de asistencia alimentaria.
“El programa MESA constituye un complemento esencial del Servicio Alimentario Escolar (SAE), garantizando el acceso a alimentos para miles de niños, niñas y adolescentes, y contribuyendo no solo a su nutrición, sino también a la continuidad de sus trayectorias educativas. Por eso, la transparencia en la gestión de los recursos públicos, así como la previsibilidad en programas de alto impacto social, son condiciones necesarias para fortalecer la confianza institucional y garantizar derechos básicos”, completó la legisladora en el escrito.
En lo que respecta a la solicitud de informes, Braga le exigió al Ejecutivo bonaerense que dé a conocer en qué consiste el “proceso de reconfiguración o readecuación” mencionado por las autoridades, y solicitó que la gestión de Kicillof detalle los objetivos de esa revisión, los cambios operativos previstos en la modalidad de entrega y los criterios de focalización o segmentación de beneficiarios que eventualmente se analicen implementar.
En tanto, Braga pidió que el Gobierno bonaerense precise cuál es la cantidad total de beneficiarios actuales del programa MESA y que enliste la composición de los módulos alimentarios que se distribuyen en el marco de la política de asistencia, con los productos y las cantidades que incluye cada entrega. Además, la legisladora solicitó información sobre la periodicidad de distribución, al considerar que es un “aspecto central” para medir el alcance real del plan y para conocer si existen modificaciones respecto de la frecuencia con la que las familias reciben la asistencia.
Por su parte, de Leo presentó su propio proyecto para manifestar su preocupación por la “posible suspensión” del programa MESA. “Esta interrupción de tres meses dejaría sin refuerzo nutricional a más de 2 millones de chicos”, alegó el titular de bloque de la Coalición Cívica.
“Es imperativo que el Poder Ejecutivo aclare la situación presupuestaria y operativa del programa MESA para los años 2025 y 2026. No se puede permitir que la asistencia alimentaria quede supeditada a dilaciones burocráticas, especialmente cuando el programa alcanza a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio bonaerense”, remarcó el nacido en Bahía Blanca.
Es preciso mencionar que estos proyectos se produjeron horas después de un nuevo enfrentamiento entre la Provincia y la Nación. Esta misma semana, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, reclamó al Gobierno nacional supuestas deudas vinculadas al SAE y financiamiento para el programa MESA, mientras que el Ministerio de Capital Humano rechazó esa acusación y negó atrasos en los envíos.
Ese contrapunto profundizó la discusión sobre las responsabilidades de cada administración en materia alimentaria, ya que desde el Gobierno nacional sostuvieron que tanto el SAE como el programa MESA son planes de asistencia alimentaria de órbita provincial, mientras que desde la gestión bonaerense insistieron en reclamar mayores aportes para afrontar la demanda social.
Desde el Gobierno bonaerense señalaron que la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 38% de la población total del país, por lo que argumentaron que esa dimensión demográfica explica la magnitud de la demanda alimentaria y la necesidad de una mayor asistencia económica por parte del Estado nacional.
En rigor, el Servicio Alimentario Escolar constituye una herramienta central de política pública, ya que alcanza a más de 2.400.000 niños, niñas y adolescentes en más de 11.000 establecimientos educativos distribuidos en los 135 distritos bonaerenses. Asimismo, el programa MESA es complementario al SAE, dado que fue creado durante la pandemia para entregar un módulo de alimentos a los niños, niñas y adolescentes con dificultades económicas.
Desde calle 6 indicaron que durante 2025 el SAE recibió $77.523 millones, una cifra inferior a los $130.939 millones solicitados, y aseguraron que para sostener el mismo nivel operativo en 2026 serían necesarios unos $177.000 millones, mientras que la propuesta nacional ascendería a tan solo $80.883 millones.
No obstante, a pesar del reclamo que el funcionario de Kicillof efectuó ante Nación, este martes el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense anunció cambios en el programa MESA, con una duplicación del presupuesto a la asistencia alimentaria a municipios, un 30% de incremento en el Servicio Alimentario Escolar y un 25% de incremento en programas sociales.
