La diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó un proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Última Milla de Conectividad, con el objetivo de brindar acceso a internet en hogares, escuelas, centros de salud y emprendimientos productivos ubicados en zonas relegadas de la provincia de Buenos Aires.
“La conectividad es hoy una condición de ciudadanía. Sin acceso a internet, no hay igualdad de oportunidades ni derecho efectivo a la educación, la salud o el trabajo”, afirmó la diputada bonaerense, en relación a la iniciativa que busca convertirse en una herramienta estratégica para llevar conectividad de calidad a territorios excluidos del desarrollo digital.
El proyecto define como “última milla” a la conexión que vincula las redes troncales de telecomunicaciones con los usuarios finales, y esta etapa, según fundamentó Braga, es la más crítica y suele representar el principal obstáculo para el acceso a internet en comunidades aisladas o vulnerables. Por eso, la agencia buscará relevar territorialmente las necesidades de conectividad, establecer criterios de inversión y planificar proyectos de infraestructura con impacto directo.
Entre las funciones centrales del nuevo organismo, la legisladora destacó la elaboración de mapas dinámicos y sistemas de información georreferenciada, la promoción de inversión público-privada, y la articulación con municipios, universidades, organismos públicos y empresas tecnológicas.
En este sentido, la Agencia dependería del Poder Ejecutivo bonaerense, que estaría asistida por una Mesa Técnica Asesora integrada por representantes ministeriales, del sistema universitario y del sector privado. Esta mesa tendría un rol consultivo para validar diagnósticos y definir prioridades en base a indicadores como nivel de conectividad, grado de aislamiento, índice de vulnerabilidad y potencial productivo.
“La brecha digital reproduce desigualdades estructurales. Si no se interviene con herramientas específicas, miles de bonaerenses van a quedar fuera del desarrollo productivo, educativo y social”, advirtió Braga en el texto.
Asimismo, la diputada consideró que esta herramienta permitirá planificar con evidencia, articular con distintos niveles de gobierno y fomentar la inclusión digital con una visión federal y sustentable. En efecto, el observatorio produciría datos abiertos sobre el estado de la conectividad en todo el territorio bonaerense, accesibles para gobiernos, instituciones educativas, empresas y organizaciones sociales que deseen desarrollar proyectos de inversión.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es garantizar que los recursos se orienten a donde más se necesitan: barrios populares, villas, localidades rurales o regiones con baja densidad poblacional. En particular, se apunta a instituciones educativas sin acceso adecuado a internet, centros de salud sin conectividad para atención remota y comunidades sin servicios básicos digitales.
El proyecto de ley, también prevé que los municipios puedan adherirse voluntariamente al sistema, incorporando sus necesidades a la planificación estratégica de la Agencia. Además, establece como fuente de financiamiento al presupuesto provincial, aportes privados, donaciones, y convenios con universidades, ONGs y organismos internacionales.
Brecha digital: conectividad como derecho y motor de desarrollo
La conectividad de última milla no es solo un tema técnico, sino un derecho clave para garantizar acceso igualitario a servicios esenciales. En ese sentido, Braga destaca que sin conexión adecuada no hay posibilidades reales de inclusión educativa, sanitaria o laboral, especialmente en los sectores más vulnerables.
En la provincia de Buenos Aires, las brechas de acceso persisten con fuerza en zonas rurales, localidades pequeñas del interior y barrios periféricos del conurbano. Según argumenta el proyecto, resolver la conectividad en estos lugares no solo habilita derechos, sino que también dinamiza la economía local, mejora el arraigo poblacional y reduce asimetrías históricas.
El rol del Estado, para la legisladora de la Coalición Cívica, debe ser el de planificar con datos precisos, articular con los distintos actores del ecosistema digital y facilitar las condiciones para que lleguen las inversiones donde hoy no llegan. La Agencia y el Observatorio buscan dar respuesta a ese desafío, generando una hoja de ruta pública, participativa y con transparencia.
La propuesta fue bien recibida por organizaciones del sector tecnológico y del ámbito educativo, que vienen reclamando políticas específicas para cerrar la brecha digital. En palabras del proyecto, se trata de “construir conectividad donde más se necesita: en las aulas, en los hogares, en los pueblos y barrios que hoy están desconectados del futuro”.
