En las últimas horas, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, celebró el avance en el Congreso de un proyecto que crea la figura de vandalismo rural, incorpora el delito de intrusión rural y endurece las penas por daños contra establecimientos productivos, una iniciativa que retoma una problemática vinculada con la caza furtiva, la seguridad y la violación de la propiedad privada, que el dirigente ya planteó en la Legislatura.
“Basta de caza furtiva y violación a la propiedad privada. Lo planteamos en la provincia de Buenos Aires y hoy celebramos que esta discusión avance también a nivel nacional”, sostuvo el legislador Bugallo en sus redes sociales al referirse a la iniciativa que comenzó a ganar respaldo en la Cámara de Diputados de la Nación.
El proyecto fue elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y es impulsado por el diputado nacional del PRO y presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohain, que encabezó una sesión informativa en la que representantes de las entidades que integran la Mesa de Enlace expresaron su respaldo a la propuesta. Además, manifestaron su apoyo representantes de distintos bloques políticos, incluido Unión por la Patria.
Uno de los principales cambios planteados es la creación de la figura de intrusión rural, que contempla penas de entre uno y doce meses de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados mediante alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Según los impulsores, esta figura permitiría intervenir ante situaciones como el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo a un robo sin tener que esperar a que el delito se concrete.
La iniciativa también propone crear la figura de daño agravado, con penas de entre dos y ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado, e incorpora expresamente como bienes protegidos los sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados. Asimismo, la pena mínima se duplicaría cuando el autor sea un funcionario público o una persona vinculada habitualmente con la actividad agropecuaria.
“Hace tiempo venimos advirtiendo que cuando las personas ingresan sin autorización a un establecimiento rural, muchas veces de noche, armadas, en vehículos y organizadas, ya no estamos hablando solamente de caza furtiva: estamos hablando de inseguridad rural y de violación de la propiedad privada”, enfatizó Bugallo.
En ese sentido, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica remarcó que ese fue el motivo principal por el que presentó el proyecto contra la caza furtiza en la Legislatura, con la idea de establecer “sanciones más severas, agravantes, decomisos y herramientas concretas” contra los delitos organizados en tierras rurales.
“Nos alegra que una discusión que venimos impulsando en la Provincia hoy gane fuerza en el Congreso, porque el campo no es tierra de nadie: es propiedad privada, trabajo, producción y sobre todo, es el hogar de miles de familias argentinas”, completó Bugallo en el posteo que realizó en sus redes sociales.
Cabe mencionar que, otro de los puntos claves del proyecto que avanza en el Congreso, consiste en actualizar el delito de instigación pública, con penas de dos a seis años de prisión para quienes inciten a cometer estos delitos y una triplicación de la pena cuando la incitación se realice a través de redes sociales o medios de comunicación masiva.
Desde la Fundación Barbechando remarcaron que la propuesta busca contemplar el impacto que determinados daños generan sobre el funcionamiento de una explotación agropecuaria y no solamente el valor de reposición del objeto afectado, y señalaron como ejemplo que la destrucción de una bomba de agua puede comprometer el acceso al recurso de un rodeo completo.
Por caso, la sesión informativa constituye el paso previo al tratamiento de un dictamen en comisión y, de acuerdo con las entidades del sector, existe expectativa de que pueda avanzar debido al respaldo expresado por los integrantes de ese cuerpo. Si obtiene dictamen, el proyecto quedará habilitado para ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados.
El proyecto de Bugallo presentó un proyecto para sancionar la caza en campos privados
En la Cámara de Diputados bonaerense, Bugallo presentó un proyecto que busca prohibir y sancionar la caza no autorizada de animales silvestres en establecimientos privados, además de penalizar la utilización de armas, perros u otros medios destinados a perseguir, capturar, acorralar o cazar fauna silvestre. La iniciativa también lleva la firma del presidente del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo.
En concreto, el texto bonaerense propone crear la figura de “contravención grave contra la seguridad rural” y establece un régimen de sanciones que contempla multas de hasta 20.000 unidades fijas, además de decomisos, secuestro preventivo de vehículos e inhabilitaciones especiales. Asimismo, el proyecto plantea la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, que quedaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense.
El escrito que lleva la firma de Bugallo contempla un régimen agravado cuando la actividad sea desarrollada por tres o más personas, durante horarios nocturnos, mediante vehículos automotores, en áreas protegidas o cuando exista un ingreso ilegítimo a propiedades rurales. De esta manera, el referente de General Arenales busca que las circunstancias que caracterizan a las cuadrillas de caza furtiva organizada tengan una respuesta sancionatoria específica.
Por caso, la iniciativa bonaerense también parte de la consideración de que la legislación vigente resulta insuficiente para desalentar estas conductas. En particular, Bugallo señaló que el artículo 273 del Código Rural provincial ya prohíbe la formación de cuadrillas de caza, la caza nocturna y determinadas modalidades, pero sostuvo que la persistencia de estos hechos demuestra la necesidad de reforzar las herramientas disponibles.
