El diputado de Elisa Carrió y defensor de las políticas agropecuarias, Luciano Bugallo, elevó un reclamo a la comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara baja provincial para que le dé celeridad al tratamiento de los proyectos destinados a regular la aplicación de fitosanitarios en la provincia.
La regulación del uso de fitosanitarios continúa siendo una de las asignaturas pendientes de la política bonaerense. Tras años sin avances, primero durante la gestión de María Eugenia Vidal y luego bajo la administración de Axel Kicillof, distintos bloques opositores de la Cámara de Diputados reactivaron el reclamo para que la Legislatura avance con el tratamiento de los proyectos en carpeta.
Previo al receso invernal, Bugallo puso el grito en el cielo durante una reunión de la Ambiente y Desarrollo Sostenible por la demora de años de la Legislatura bonaerense para establecer un marco regulatorio a la aplicación controlada de fitosanitarios. “Necesitamos revertir la falta de reglas claras y actualizar la normativa”, planteó.
“De mi parte, es la segunda vez que presento un proyecto y es una demanda que viene desde hace al menos cuatro años de productores del interior. En este tiempo, el Ejecutivo bonaerense no hizo nada más que un mapa que geolocaliza las distintas ordenanzas, pero no resuelve nada. Pone en evidencia el desorden territorial que hay”, cuestionó el legislador en diálogo con Diputados Bonaerenses.
En ese contexto, Bugallo emplazó a la titular de la comisión de Ambiente de la Cámara baja, Sofía Vannelli, para que defina las prioridades legislativas del año y precise si el proyecto de ley sobre fitosanitarios tendrá, por fin, tratamiento parlamentario o si volverá a quedar archivado, como ocurrió durante los últimos períodos legislativos.
En respuesta, Vannelli sostuvo que el eje de trabajo será tratar los casi 70 expedientes acumulados en la comisión “desde los más simple a los más complejos”, para dar tiempo en los casos de los proyectos más voluminosos a solicitar informes a los ministerios y secretarias provinciales, como así también fortalecer el debate en el cuerpo.
No obstante, el legislador de la Coalición Cívica cuestionó que este modus operandi “duerme el tratamiento” de varios expedientes. “Lo que planteé es poner plazos y si desde el Ejecutivo no cumplen con los informes, podamos avanzar nosotros como poder independiente”, puntualizó.
Actualmente, existen un total de 86 ordenanzas municipales que regulan las aplicaciones de fitosanitarios en la provincia, lo que genera un panorama fragmentado y confuso para los productores agrícolas. Al no haber una ley provincial, cada administración local comenzó a formular sus propias ordenanzas, las cuales en muchos casos terminan siendo denunciadas y resistidas por los vecinos.
En la actual gestión, el Ejecutivo sólo implementó un mapa georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos, con la intención de empezar a ordenar el caos de normativas que rige en los 135 municipios, motivado por la falta de actualización de la ley de agroquímicos provincial, que data de 1998.
Durante la primera reunión del año de la comisión de Ambiente, los diputados sólo aprobaron el expediente de ley de la senadora de Fuerza Patria, Ayelén Durán, que instituye como “Fiesta Provincial de los Humedales” a la celebración que se realiza durante el mes de febrero de cada año en la localidad de Villa del Mar, partido de Coronel Rosales.
Hasta el momento, el cuerpo parlamentario sólo avanzó en diversas iniciativas vinculadas a la agenda ambiental, como la preocupación por la supresión de menciones al cambio climático o la declaración de interés legislativo del “Día Internacional contra el Cambio Climático”, que poco tienen que ver con las inquietudes de parte de la oposición.
Fitosanitarios: los expedientes que esperan tratamiento en la Legislatura bonaerense
Vale recordar que, Bugallo presentó un proyecto de ley que establece las condiciones para el correcto uso de los fitosanitarios en áreas principalmente periurbanas y fija, entre otras cuestiones, las formas de uso, el ámbito de aplicación, la creación de registros, y la confección de un “Manual de Buenas Prácticas”.
Según precisó el legislador, la ley provincial 10.699, que data de 1998, fue perdiendo vigencia con el paso del tiempo, quedando desactualizada frente a la llegada de la tecnología y nuevos productos para la aplicación de los agroquímicos. Asimismo, indicó que la falta de actualización generó un desorden legislativo, “llegando al punto que cada municipio legisla con su propia ordenanza”.
Por su parte, la diputada del monzoismo, Silvina Vaccarezza, impulsó una ley para establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de “gestión, aplicación y uso de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial”, con el objetivo de compatibilizar las actividades productivas con la protección de la salud humana y el ambiente en forma sustentable.
Según consta en el articulado, la iniciativa propone la creación de un registro de acceso público que contenga información sobre empresas y equipos aplicadores, asesores agroquímicos y fiscalizadores, al tiempo que contempla la creación de un semáforo de zonas sensibles donde no se podrá fumigar por sus implicancias en la salud humana.
En tanto, la diputada bonaerense de Unión y Libertad, Sabrina Sabat, ingresó este año un proyecto para prohibir las aplicaciones de productos fitosanitarios en los lugares donde existan establecimientos educativos rurales lindantes a lotes de uso productivo.
