En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Patricia Bullrich, brindó precisiones sobre el nuevo Código Penal que impulsa el Gobierno de Javier Milei y afirmó que la reforma busca “terminar con la impunidad” a través de un endurecimiento generalizado de penas, con el objetivo de que “el que las haga, las pague”.
En ese sentido, la funcionaria que podría dejar su puesto el próximo 10 de diciembre para asumir la banca en el Senado de la Nación defendió la iniciativa luego de que el presidente Milei anunciara públicamente los principales lineamientos del nuevo Código Penal, que reemplazaría por completo la legislación penal vigente y actualizaría la escala punitiva de gran parte de los delitos.
En sus declaraciones, Bullrich planteó que el nuevo cuerpo normativo apunta a sancionar con mayor severidad los delitos contra la propiedad, endurecer las penas para los crímenes violentos y reglamentar institutos procesales actualmente cuestionados por su impacto en la sensación de impunidad. A modo de ejemplo, sostuvo que la pena por “robo de un celular” podría ascender a 12 años de prisión, en contraste con los beneficios excarcelatorios que hoy permiten que la mayoría de los imputados recuperen la libertad.
Según detalló, el borrador del Código Penal concentra y unifica distintas leyes especiales y reformas parciales dictadas en las últimas décadas, además de incorporar la ley antimafia y nuevas figuras vinculadas al crimen organizado. “Hoy el 87% de los delitos son excarcelables. Ese es uno de los grandes problemas. Con el nuevo código eso se termina”, advirtió Bullrich al remarcar que la prisión efectiva será la regla para los casos más graves.
Entre los puntos centrales, la ministra anticipó que los delitos graves, como homicidios y abusos sexuales, tendrán nuevas penas mínimas, más altas que las actuales: el homicidio simple pasaría a tener un piso de treinta años, mientras que otros agravantes llevarían las condenas aún por encima de esos niveles. En la misma línea, los delitos vinculados al abuso sexual infantil serían imprescriptibles, de manera que puedan ser denunciados aun décadas después de ocurridos.
En la misma línea, Bullrich explicó que la reforma del Código Penal incluye un cambio en el régimen penitenciario, con el objetivo de que el Sistema Penitenciario Federal concentre a los presos de mayor peligrosidad, principalmente vinculados al narcotráfico y a delitos complejos, y que las cárceles provinciales alojen a los condenados por crímenes de menor impacto. “Hoy tenemos ciento cincuenta líderes narcos como internos en el sistema federal, incluidos jefes de Rosario y Córdoba. Ese es el perfil que debe absorber el SPF”, explicó la ministra.
Otra de las modificaciones señaladas por la funcionaria de Milei tiene que ver con el sistema de peculio dentro de las unidades penitenciarias. Sobre ese punto, Bullrich remarcó que solo cobrarán quienes trabajen, y que la “fajina”, entendida como el mantenimiento mínimo del propio espacio dentro de la celda, no será remunerada. “Ahora solo cobra el que trabaja. Eso es claro”, enfatizó.
Al ser consultada sobre los tiempos legislativos, Bullrich reconoció que el debate parlamentario será extenso y que la reforma “no se puede discutir en un día”, dado el volumen técnico y político que implica la actualización completa del Código Penal. Según remarcó, la propuesta será enviada al Congreso en un paquete legislativo que el Poder Ejecutivo buscará defender con mayoría política y apoyo social.
Finalmente, la ministra sostuvo que el Gobierno considera que “hay gobernabilidad popular” para avanzar con la norma, al interpretar los resultados de la última elección legislativa como un respaldo a una agenda de endurecimiento penal. “Los que quieren el cambio quieren que no nos hagan lo que nos hicieron estos meses en el Congreso. Necesitamos una justicia penal que sea efectiva y que proteja a las víctimas, no a los delincuentes”, concluyó.
Nuevo Código Penal: Milei presentó el proyecto con Bullrich y aguardan para enviarlo al Congreso
A principio de este mes, Milei, acompañado por la Ministra de Seguridad, presentó en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen y el nuevo Código Penal, “para cambiar el sistema de fondo”, al tiempo que advirtió que la implementación de estas reformas “depende directamente del Congreso de la Nación”.
Si bien la reforma aún debe recorrer el camino legislativo, el Gobierno dio el primer paso al presentarla. Es que, para convertirse en ley, el escrito deberá ingresar formalmente al Congreso, recibir giro a comisiones, debatirse en el recinto y ser aprobada en ambas cámaras. Recién una vez promulgado por el Poder Ejecutivo podría comenzar un proceso de adaptación normativa, ya que el Código Penal impacta sobre normas federales, provinciales y sobre el funcionamiento de los tribunales.
Además, el sistema judicial deberá actualizar su jurisprudencia y los ministerios públicos provinciales y federal tendrán que adecuar sus políticas de persecución penal. En paralelo, el Servicio Penitenciario Federal y los sistemas carcelarios provinciales deberán armonizar las nuevas escalas de condena y los parámetros de criterios de detención. Esto implica que su aplicación no será inmediata, aun si se aprueba en lo que resta del año parlamentario.
En el plano político, la discusión legislativa anticipa tensiones. En sus declaraciones, Bullrich apuntó directamente contra el kirchnerismo y dio por descontado que ese sector se opondrá a los aumentos de penas y a la baja de imputabilidad para los menores. Por eso, la Casa Rosada necesita construir una mayoría con bloques aliados del centro y sectores independientes para garantizar la media sanción.
En tanto, el Gobierno busca que la discusión se instale como uno de los ejes del próximo período de sesiones extraordinarias, y ya trabaja en un esquema de orden del día que priorice la reforma penal sobre otros proyectos. Con ese movimiento, la Casa Rosada intentará enviar la señal de que la agenda de seguridad seguirá ocupando un lugar central en su programa político.
