En la sesión del Senado bonaerense de esta tarde, el legislador de La Libertad Avanza, Gonzalo Cabezas, salió a referirse a la delicada situación de la Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola del país que desde hace un año afronta una tensa crisis financiera. En su intervención, el alfil libertario le quitó responsabilidad al Gobierno nacional y a la gestión municipal de Fernanda Astorino del panorama que atraviesa la firma, cuyo futuro no está asegurado.
La intervención de Cabezas se produjo después de que la senadora peronista Laura Clark tomase la palabra por la aprobación de un proyecto de su autoría en el que manifiesta su preocupación por la crisis de la Granja Tres Arroyos, que en las últimas horas se presentó en concurso de acreedores, luego de un año de no poder solucionar su mal pasar económico.
En su discurso, Clark pidió “apelar a la responsabilidad política de la intendenta y a los senadores que representan a Capitán Sarmiento” para aunar fuerzas en función de Granja Tres Arroyos. Justamente, uno de los legisladores que es oriundo de esa ciudad de la Segunda sección electoral es el propio Cabezas, quien pidió que se le abra el micrófono para expedirse sobre la icónica empresa que tiene una fabrica en su partido.
“Hace muchos años que tengo mi familia en Capitán Sarmiento. Hace mucho tiempo que veo la realidad y la problemática de Granja Tres Arroyos. Usted senadora, se equivoca terriblemente de llevar esta situación a un nivel de consumo nacional. El sector avícola está pasando por un excelente momento, el resto de las empresas se están expandiendo con un crecimiento del consumo interno cercano a 50 kilos. Me parece en algún punto desafortunado, por no decir oportunista”, comenzó Cabezas.
Acto seguido, el senador de la oposición aseguró que los problemas económicos de la Granja Tres Arroyos vienen desde 2018, momento en el que el grupo empresarial decidió comprar por USD 121 millones a la avícola Cresta Roja. “Así como hay malos médicos, malos políticos y malos periodistas, también existen malos empresarios. La familia que hoy lleva adelante la empresa tiró a la basura una empresa que es muy importante para la región, pero no es la realidad del sector”, refirió Cabezas.
Bajo esa hipótesis, el legislador sarmientense aseguró que la intendenta Astorino no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los números de Granja Tres Arroyos, y marcó que la jefa comunal “está dejando su vida para tratar de solucionar algo que las cabezas a cargo de la empresa se han equivocado notablemente”.
Vale recordar que en febrero de 2025 Astorino se transformó en el tercer intendente que pasó de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza, de allí el fuerte respaldo de Cabezas a su gestión. “En las lecturas populistas, poco y nada se aporta en solucionar a quienes verdaderamente le tenemos que responder, los trabajadores de Granja Tres Arroyos”, cerró el legislador.
Granja Tres Arroyos se presentó en concurso preventivo de acreedores
Esta tarde, Granja Tres Arroyos se presentó en concurso preventivo de acreedores. El trámite inició en el Juzgado Comercial N°21, de la Justicia Nacional en lo Comercial, y marcó una nueva etapa en la situación de la empresa, que lleva más de un año de crisis, ajuste y hasta negociaciones de la que tuvo que formar parte el Gobierno provincial.
En números, Granja Tres Arroyos tiene 6.500 empleados, llegó a operar ocho plantas en Argentina y Uruguay, concentró más del 20% de la producción avícola nacional y destinó el 35% al mercado externo. El grupo comercial enfrenta más de 5.700 cheques rechazados por más de $91.800 millones, su deuda bancaria supera los $32.600 millones y afronta ocho pedidos de quiebra.
La presentación en concurso preventivo de acreedores significó el fin de la etapa de negociación promovida por el empresariado, que presentó una reestructuración de USD 350,9 millones con plazos de pago de hasta siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de activos considerados no estratégicos.
A principios de septiembre, Granja Tres Arroyos anunció despidos en su planta de Pilar y profundizó la suspensión de actividades en la fábrica de Capitán Sarmiento. Ante esa situación, el Gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días, por lo que la empresa deberá reincorporar a los trabajadores afectados mientras se abre una nueva instancia de negociación con el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA).
