En las últimas horas, un grupo de representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó al Congreso nacional una batería de propuestas fiscales, laborales y financieras para enfrentar la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes), en un contexto marcado por la caída del consumo interno y las dificultades para sostener la actividad.
En ese sentido, dirigentes del sector participaron de una reunión con diputados nacionales de todos los bloques que integran el recinto, donde expusieron un documento con un diagnóstico respecto de la situación de las pymes, y propusieron medidas orientadas a evitar los cierres definitivos de las plantas y recuperar los empleos perdidos en los últimos dos años.
Según dejaron trascender, el encuentro con los diputados nacionales en el Congreso se produjo mientras numerosos comercios advierten por una fuerte retracción en las ventas, una de las principales preocupaciones que hoy atraviesan a las pymes. Por eso, desde la CAME remarcaron que, sin una recuperación de la demanda, cualquier mejora normativa resulta insuficiente para revertir la situación que enfrentan miles de empresas en todo el país.
Por su parte, el presidente de la CAME, Ricardo Diab, sintetizó ese planteo ante los legisladores al señalar que “se puede trabajar en mejores leyes, pero si no hay consumo no se puede transformar nada”. En esa línea, el titular de la entidad sostuvo que la falta de movimiento en el mercado interno impacta directamente en la inversión, la innovación y la generación de puestos de trabajo en las propias pymes.
“No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, agregó Diab durante la reunión con los legisladores nacionales, donde también analizó los costos impositivos, las trabas burocráticas y las dificultades de acceso al crédito que afectan especialmente a los sectores comerciales y de servicios.
Más allá del reclamo por la caída del poder adquisitivo, la entidad empresaria presentó un memorándum técnico con reformas concretas para “promover un entorno más eficiente, previsible y equitativo, que impulse la inversión, el empleo formal y el crecimiento de las pymes”, con un texto que propone modificaciones en materia tributaria, cambios vinculados al mundo laboral y nuevas herramientas financieras.
En el plano impositivo, uno de los puntos centrales del documento quela CAME presentó ante el Congreso refiere al IVA. Allí, la CAME planteó ampliar la base imponible con el cierre de exenciones y regímenes especiales, junto con un esquema de devolución automática y focalizada para sectores de menores ingresos. Además, la entidad pidió agilizar los reintegros, una demanda histórica de numerosas firmas que enfrentan demoras administrativas.
Respecto del Impuesto a las Ganancias, la entidad liderada por Diab reclamó frente a los legisladores nacionales un régimen diferencial para pymes, con deducción inmediata de inversiones productivas y una reducción de la alícuota general. Según el sector, estas medidas permitirían liberar recursos para capital de trabajo, modernización tecnológica y ampliación de planteles laborales.
Otro capítulo relevante del documento que la CAME llevó al Congreso apunta a las cargas patronales. En ese punto, la entidad propuso reducir las contribuciones marginales para nuevos empleos, con el objetivo de estimular contrataciones formales, al considerar que el costo laboral inicial representa una barrera importante para las pequeñas empresas que necesitan crecer, pero aún no cuentan con espalda financiera suficiente.
En cuanto al impuesto a los débitos y créditos bancarios, la propuesta consiste en convertir el 100% de ese tributo en crédito fiscal utilizable contra IVA o Ganancias en un plazo de dos años. Para las pymes, se trata de un costo que encarece la operatoria diaria y resta competitividad. Además, la agenda tributaria incluyó un reclamo sobre Ingresos Brutos, con la solicitud de un nuevo consenso fiscal entre provincias para reducir alícuotas, eliminar pagos a cuenta y armonizar criterios para ventas interjurisdiccionales.
En materia laboral, la entidad propuso crear una Junta Médica Paritaria por convenio colectivo y una Base Única de Certificados Laborales, al tiempo que planteó tipificar penalmente la falsificación de certificados médicos, establecer capacitación obligatoria para profesionales intervinientes y activar alertas automáticas ante patrones anómalos de emisión. Por caso, el documento impulsa una mayor interoperabilidad entre esos sistemas y organismos como las ART y el SIPA, con el argumento de mejorar controles, reducir litigiosidad y dar mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores dentro de un esquema formal.
