El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, lanzó una advertencia pública al sector automotor tras trascender que el Grupo Stellantis planeaba un aumento de precios del 3,5% para mayo. La reacción del funcionario se dio luego de que el periodista especializado, Horacio Alonso, informara en la red social X que la compañía ya había notificado la suba a su red de concesionarios.
“No creo que sea así, Horacio. Si fuera cierto, sería un cambio en la relación de confianza construida con esta industria. Y si se rompe esa confianza, que tanto costó construir, nosotros usaremos nuestras herramientas para defender a los consumidores”, publicó Caputo desde su cuenta personal.
El mensaje fue leído en el sector como un claro llamado de atención del Ejecutivo ante una eventual escalada de precios en uno de los rubros más sensibles del mercado interno. Fuentes cercanas a Stellantis aseguraron que todavía “no hay nada oficial” respecto a una marcha atrás, aunque el posteo del ministro generó una fuerte repercusión dentro y fuera de la industria.
El cruce entre el Gobierno y las automotrices ocurre en un escenario complejo, mientras que la apertura de mayo encontró al sector bajo presión por el nuevo régimen cambiario y con un nivel de ventas en fuerte retroceso durante el primer trimestre del año.
Tras la salida del cepo y la implementación de la flotación administrada del dólar, entre $1.000 y $1.400, las terminales comenzaron a reevaluar sus estrategias de precios. En contraste, el oficialismo insiste en contener los valores al consumidor para intentar reactivar el consumo en un contexto de poder adquisitivo deteriorado.
En meses anteriores, los aumentos promediaban entre el 1% y 2%, siguiendo la lógica del crawling peg del 2% mensual. Ahora, con un dólar más volátil, las referencias quedaron desdibujadas. “Si se siguiera la lógica del tipo de cambio, los aumentos de mayo deberían ser del 8% o 9%. Pero eso sería completamente contrario a la estrategia del Gobierno de bajar los precios”, explicó un analista del sector.
Dentro de los concesionarios, la incertidumbre es total y según señalaron voceros del sector, algunas fábricas podrían aplicar solo aumentos moderados, cercanos al 3%, compensando con la eliminación de bonificaciones o incentivos a la red de venta, pero consecuencia podría ser un alza indirecta en los precios finales.
En el mercado se especula con que Toyota será la primera en publicar su nueva lista de precios. Sin embargo, varias terminales ya tendrían sus ajustes definidos, aunque sin difusión oficial.
“La mayoría de las marcas está en silencio. No deberían aumentar tanto porque los precios ya están al límite. El que quiera mantener volumen va a ajustar poco, pero el que priorice rentabilidad puede arriesgarse a subir más, con el riesgo de vender menos”, apuntó un especialista. En abril, Volkswagen fue uno de los casos más resonantes: quedó un 25% abajo de Toyota en ventas tras un incremento de precios.
Durante la presentación del nuevo modelo Arkana, el presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, sumó su perspectiva: “El año pasado hubo caída brutal de ventas. Salir a vender volumen puede ser una buena decisión de corto plazo, pero mala de largo plazo. Ahora con la flotación del dólar, hay que resetearse. No se puede cambiar precios todos los días”.
Una advertencia de Caputo con antecedentes
La advertencia de Caputo no es nueva. A mediados de abril, el ministro había señalado públicamente a Volkswagen por aplicar aumentos “injustificados” y advirtió que no permitirían “abusos”. La empresa retrocedió luego de ese posteo.
Ahora, la frase “vamos a usar nuestras herramientas para defender a los consumidores” volvió a tensar el vínculo con las automotrices. Aunque Caputo no especificó qué instrumentos utilizaría, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio ya intervinieron en el pasado a través de gestiones informales, presión pública o negociaciones sectoriales.
El mensaje también es un llamado a las marcas que aún no difundieron sus listas de mayo, ya que si los aumentos son considerados excesivos, el Gobierno podría intervenir nuevamente. Por ahora, la situación permanece abierta y las terminales evalúan cómo sostener sus políticas comerciales sin perder competitividad ni rentabilidad, mientras el Ejecutivo intenta sostener la narrativa de desaceleración inflacionaria en plena etapa de transición económica.
