El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno trabaja para moderar las multas automáticas que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dentro del proyecto de Inocencia Fiscal que debate el Congreso. El funcionario de Javier Milei aseguró que el objetivo oficial apunta a evitar sanciones inflexibles y diferenciar los incumplimientos ocasionales, de conductas reiteradas.
En ese marco, Caputo explicó que la actual conducción libertaria evalúa cambios en el esquema de sanciones para contemplar la cantidad de días de demora en la presentación de las declaraciones juradas. Al mismo tiempo, el titular del Palacio de Hacienda precisó que el Gobierno busca aplicar multas menores según cada caso concreto, a través de la iniciativa oficialista.
Vale precisar que el proyecto de Inocencia Fiscal prevé una fuerte actualización de los montos sancionatorios ante la falta de presentación en tiempo y forma de declaraciones juradas. La propuesta libertaria eleva las multas de $400 a $440.000 para sociedades, y de $5.000 a $5 millones para personas humanas en el caso de declaraciones informativas.
El texto parlamentario también fija un tope de hasta $10 millones para personas jurídicas que incumplan con la presentación de declaraciones juradas informativas, e incluye sanciones por incumplimientos formales, regímenes de información y operaciones internacionales, con la intención de reforzar el carácter preventivo de las multas.
En tanto, la aclaración del ministro surgió tras una consulta realizada por un usuario de la red social X, quien preguntó por posibles modificaciones en el Senado o por una futura reglamentación de ARCA. Al respecto, Caputo respondió que mantuvo conversaciones con el equipo del ente recaudador y confirmó modificaciones en el mecanismo automático de sanción.
El funcionario detalló que, una vez vencido el plazo para presentar una declaración jurada, ARCA enviará un recordatorio con un margen de 10 a 15 días hábiles antes de aplicar cualquier sanción. Una vez transcurrido ese período, el organismo que actualmente preside Andrés Vázquez, intimará formalmente y aplicará la multa correspondiente.
En concreto, el jefe del programa económico libertario remarcó que el nuevo criterio permitirá evaluar la cantidad de días de atraso para graduar las sanciones a los contribuyentes. Según expuso Caputo, el Gobierno nacional pretende distinguir entre incumplimientos frecuentes y situaciones aisladas previo a la aplicación de cualquier medida automática.
A través de su cuenta de X, el titular de Economía afirmó que esta alternativa permitirá cumplir con las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado. Por caso, el proyecto de Inocencia Fiscal ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda por su tratamiento en la Cámara alta, tras el rechazo a los cambios impulsados por la oposición.
De qué se trata el proyecto de Inocencia Fiscal
El proyecto de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno nacional incorpora cambios estructurales en el esquema tributario y busca complementar la revisión del régimen sancionatorio. La iniciativa libertaria redefine plazos, amplía beneficios para contribuyentes cumplidores y se inscribe dentro del objetivo oficial de incentivar la regularización voluntaria de capitales.
Según precisó en su momento el extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, el nuevo régimen reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción para la determinación tributaria. El exfuncionario de la administración de Javier Milei aclaró que la modificación aplicará únicamente para ciudadanos y empresas que hayan presentado sus declaraciones juradas en tiempo y forma.
En tanto, el esquema también apunta a facilitar la normalización patrimonial de quienes adhieran al régimen. En ese sentido, Pazo explicó que los contribuyentes pagarán el Impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo facturado durante el período fiscal, sin que ARCA tome en cuenta el incremento patrimonial registrado.
Como parte del vigente programa económico orientado a movilizar los llamados “dólares en el colchón”, la propuesta del oficialismo habilita el ingreso al sistema de hasta 50 millones de pesos para personas humanas y 30 millones para personas jurídicas, en cualquier moneda. Además, el régimen exime a los contribuyentes de justificar el origen de los fondos y libera a las entidades bancarias de informar esas operaciones al organismo recaudador.
