Las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestaron en las últimas horas su preocupación por la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, avalada por el presidente de la Nación, Javier Milei, al manifestar que su eventual nombramiento no ofrece “seguridad jurídica”.
A través de un comunicado, la confederación presidida por Ignacio Kovarsky sostuvo que el juez Lijo “no brinda las garantías de seguridad para impartir justicia desde tan importante cargo y que ha generado un sinnúmero de debates, que ningún juez probo y respetable debería generar”.
“Nuestro sector productivo necesita más que nunca importantes inversiones para poder impulsar el crecimiento como han hecho nuestros países vecinos, y para ello se requiere una seguridad jurídica, que la postulación de este juez no ofrece”, manifestaron desde CARBAP en referencia a Ariel Lijo.
En ese sentido, la entidad rural perteneciente a la Mesa de Enlace bonaerense consideró que el eventual nombramiento de Lijo solo se traducirá “en una pérdida de confianza y legitimidad para la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su conjunto, y en una negativa mirada de los inversores”. “Sólo desembarcarían si existe seguridad jurídica”, añadieron.
En esa línea, desde CARBAP consideraron que la Corte Suprema tiene la “misión imprescindible” de asegurar la supremacía de la constitución, la equidad del proceso político democrático y garantizar el respeto y realización de los derechos fundamentales.
Con relación a esto, la dirigencia de la confederación rural sostuvo que dicho objetivo “depende de manera crítica de la idoneidad, moralidad, virtudes cívicas, compromiso democrático y competencia de sus integrantes”, cualidades que, según afirmaron, no se corresponden con Lijo.
“Desde CARBAP, la confederación que representa a decenas de miles de productores bonaerenses y pampeanos que invierten día a día en nuestro país, expresamos nuestro desacuerdo con la postulación del juez Ariel Lijo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyeron desde la entidad.
Cabe destacar que, el pasado 21 de agosto Lijo arribó a la comisión de Acuerdos del Senado nacional para detallar sobre el modelo que pretende llevar adelante en caso de ser designado como integrante de la Corte Suprema de Justicia, y destacó que tendrá un perfil más “proactivo” dado que, consideró que la función del cuerpo “no se agota en lo judicial”.
“Es indispensable conocer la realidad de la justicia federal de todo el país y de las justicias provinciales, algo que tuve el privilegio de ver de primera mano, cuando en mi rol de secretario general de la Asociación de Jueces Federales“, señaló Lijo en torno a sus capacidades y experiencias para ocupar el lugar vacante en la Corte Suprema.
Los cuestionamientos a la postulación de Lijo a la Corte Suprema
En detalle, Lijo fue postulado por el Gobierno nacional para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021. De acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en la primera etapa de presentaciones de los pliegos llevada a cabo a fines de mayo, el juez sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones.
En el texto remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta se destacó que -como se cumplió con el procedimiento de preselección- para el Gobierno “resulta obligatorio propiciar la cobertura de los cargos en cuestión”. Se trata del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema.
Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión de la Cámara alta nacional sobresalieron las de la Coalición Cívica, y de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR).
En tanto, el Foro de Estudios sobre la administración de justicia (Fores) señaló que el candidato ha sido objeto de quince investigaciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, por enriquecimiento ilícito, mal desempeño, tráfico de influencias.
