Los abogados de la organización Poder Ciudadano y la fiscal del caso Chocolate Rigau, Betina Lacki, solicitaron a la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata que se revoque la decisión de primera instancia que permitió a Claudio y Facundo Albini cumplir con arresto domiciliario.
Según lo trascendido, Poder Ciudadano, una de las partes damnificadas, cuestionó la falta de fundamentación del fallo del juez Guillermo Atencio, quien otorgó la domiciliaria a los Albini. Los abogados de la organización destacaron que la decisión se basó en una equiparación de roles y situaciones entre los Albini y Julio “Chocolate” Rigau, lo que consideraron insuficiente y erróneo.
Por su parte, la fiscal Lacki también presentó una apelación en la que criticó que el juez Atencio no justificara adecuadamente la decisión. En su recurso, la fiscal señaló que se había realizado una equiparación “genérica” de las posiciones legales de los acusados sin considerar las particularidades de cada caso.
En ese sentido, Lacki consideró que esta falta de motivación podría constituir una sentencia arbitraria, y subrayó que los peligros procesales para los Albini seguían siendo relevantes, independientemente del tiempo que llevaban detenidos. Según la fiscal, la resolución judicial no reflejaba una evaluación objetiva de las pruebas del caso y se apartaba de las constancias procesales que indican riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.
En su resolución, el juez Atencio explicó que la situación de padre e hijo acusados debía ser evaluada de manera similar a la de Rigau, dado que compartían la misma situación procesal. Este criterio fue respaldado por un fallo previo de la Cámara de Casación bonaerense, que había concedido la prisión domiciliaria a Rigau.
A lo largo del año pasado, la defensa de los imputados ya había planteado que ambos estaban en condiciones de recibir una morigeración en su arresto. En el caso de Claudio Albini, su defensa alegó problemas de salud, como afecciones cardíacas y Epoc, aunque la fiscal Lacki rechazó las solicitudes.
Vale recordar que los Albini, quienes se encuentran detenidos desde noviembre de 2023, enfrentan acusaciones de ser los “jefes” del detenido Julio “Chocolate” Rigau en una trama de fraude al presupuesto de la Legislatura bonaerense. Por su parte, Rigau, quien fuera detenido en septiembre de 2023 tras ser encontrado con más de $2,3 millones en efectivo mientras retiraba dinero de tarjetas de débito de empleados de la Legislatura, recibió la domiciliaria a fines de 2024.
El dirigente peronista está acusado de defraudación y de formar parte de una presunta asociación ilícita que operaba dentro del ámbito legislativo. En su defensa, los abogados de Rigau alegaron problemas de salud mental, como depresión y aumento de presión arterial, además de la pérdida de su esposa mientras permanecía detenido.
Los detalles del caso de Chocolate Rigau que complican a los Albini
La investigación, que actualmente sigue en curso, descubrió que Chocolate Rigau, un electricista y puntero vinculado al Partido Justicialista (PJ), tenía un total de 48 tarjetas de débito con sus respectivas claves anotadas, cada una a nombre de una persona distinta, todas vinculadas a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Así, la sospecha que nutre a la causa que se investiga en la actualidad, es que había personas contratadas para cobrar salarios de $580.000, en algunos casos sin cumplir funciones, y entregaban las tarjetas a Chocolate Rigau para que extrajera el dinero que se utilizaba, presuntamente, para financiar actividades políticas.
Además de Chocolate Rigau, están presos también el concejal Facundo Albini y su padre el exfuncionario, Claudio Albini. En ese contexto, el juez consideró en diciembre de 2023 que había pruebas suficientes para concluir que los acusados integraron una asociación ilícita que habría defraudado durante años las arcas públicas bonaerenses.
Según los datos extraídos del teléfono celular de Chocolate Rigau, el puntero del PJ tenía diálogo con Facundo Albini y que, en otras tantas charlas con titulares de tarjetas bancarias, su padre Claudio es a quien le hacían la rendición de dinero que extraían de distintos bancos.
De acuerdo a la investigación, la maniobra en la Legislatura bonaerense habría comenzado en 2021 mediante la firma de contratos a personas que cedían sus sueldos que, a cambio de una obra social y aportes jubilatorios, terminaban en una caja negra.
