En medio de la polémica por el tratamiento del proyecto para declarar como personas no gratas a los jóvenes acusados de matar a una nutria en Bahía Blanca, el Concejo Deliberante local quedó envuelto en una nueva controversia en las últimas horas, luego de que la Justicia iniciara una investigación por agravios y amenazas contra 12 ediles que se abstuvieron de la votación.
“Ayer recibimos la citación para hacer la declaración testimonial en la Comisaría Segunda. Mañana voy a ir a hacer la declaración como testigo. La realidad es que no estamos a favor del maltrato animal, ni mucho menos. Eso tiene que quedar claro, sólo nos opusimos al proyecto sobre la declaración de personas no gratas”, indicó la edil de La Libertad Avanza (LLA), Vanina Linzuain.
Una vez escalado el conflicto, la concejala libertaria apuntó contra la presidenta del Concejo, la dirigente del PRO, Gisela Caputo, por un presunto “desmanejo institucional”, e insistió en que la bancada libertaria siempre expresó su rechazo a la violencia contra los animales.
“No había terminado la sesión que ya estábamos recibiendo insultos, agravios, incluso algunos compañeros también amenazas. La presidenta del Concejo Deliberante y sus secretarios estaba reposteando nuestros nombres y nuestras caras”, aseguró Linzuain.
En tanto, la investigación comenzó de oficio tras una nota publicada por un medio bahiense que dio a conocer que los ediles opositores recibían amenazas después de negarse a declarar personas no gratas en Bahía Blanca a Imanol Santerre y Bautista Bravo, los jóvenes que habían matado una nutria a patadas.
En ese contexto, varios de los involucrados analizaban qué capturas de pantalla y pruebas aportar para dar cuenta de los mensajes que recibieron en sus redes sociales. Según explicaron los concejales, sus perfiles acumularon miles de mensajes, algunos con simples insultos y otros con amenazas directas contra sus familias.
“Vamos a aportar todo lo que sea relevante para esclarecer quiénes son los culpables de las amenazas, que en muchos casos fueron eso, y en otros, insultos. Hay algunas personas que están identificadas con seudónimos o nombres y apellidos”, expuso Linzuain, una de las afectadas que deberá presentarse a declarar en las próximas horas.
El ataque contra el animal no solo derivó en una denuncia penal y en la intervención de la Municipalidad que lidera el intendente peronista Federico Susbielles. El episodio también motivó una presentación local que impulsó Caputo, junto con su compañero de bloque Emiliano Álvarez Porte y Fabiana Úngaro, de Avanza Bahía, para declarar a los agresores como personas no gratas en la ciudad.
El proyecto requería 16 votos en la sesión del jueves pasado para poder avanzar, pero sólo obtuvo 10 acompañamientos ya que la mayoría de los presentes prefería aprobar una declaración de repudio sin aplicar la calificación de “no gratos”, una figura que desde el regreso de la democracia sólo se utilizó contra Alfredo Astiz en 1998.
Finalmente, la situación generó un fuerte debate en redes sociales. Desde distintas cuentas comenzaron a circular los nombres de los concejales que no respaldaron el proyecto, con el objetivo de impulsar un escrache contra los ediles que rechazaron la declaración de personas no gratas.
La cronología detrás del caso de la nutria asesinada en Bahía Blanca
La muerte del coipo, también conocido como “nutria criolla”, provocó una conmoción social a nivel local. El pasado fin de semana, comenzó a circular un video en el que dos jóvenes agreden al animal hasta causarle la muerte.
El episodio ocurrió dentro del ejido urbano de Bahía Blanca y tiene como protagonistas a Bautista Bravo e Imanol Santerre, dos jóvenes oriundos de la localidad de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez, que viven en la ciudad por motivos de estudio.
Según la información difundida por distintas organizaciones y autoridades locales, uno de ellos persiguió al animal hasta dejarlo sin posibilidades de escape, mientras que el otro registró toda la secuencia con un teléfono celular.
El especimen atacado era un ejemplar de roedor semiacuático autóctono de Sudamérica que habita en humedales, arroyos, lagunas y zonas cercanas a cursos de agua. Sobre este punto, los especialistas remarcaron que la especie cumple un papel importante dentro de los ecosistemas acuáticos y que no representa una amenaza para las personas.
La Fundación Grupo Alianza Animal impulsó la presentación judicial luego de tomar conocimiento de lo ocurrido a través de mensajes y publicaciones en redes sociales. A partir de allí, la entidad proteccionista reunió información, identificó a los presuntos responsables y puso los datos a disposición de las autoridades competentes.
No obstante, los demandantes también aclararon que su objetivo es que la Justicia investigue los hechos y determine las responsabilidades correspondientes por las vías legales previstas, sin promover situaciones de violencia o represalias contra los involucrados.
Según informó el secretario general de Fiscalía, Santiago Garrido, el juzgado interviniente comenzó a actuar de oficio y ya avanzó en la identificación de los presuntos autores gracias a testimonios y registros fílmicos obtenidos en distintos puntos de la ciudad.
Ante la contundencia de las pruebas, los jóvenes huanguelenses deberán presentarse a declaración indagatoria la próxima semana, en calidad de imputados. La audiencia estará a cargo de la fiscal Marina Lara, aunque evitaron dar a conocer la fecha exacta por cuestiones de seguridad, con el objetivo de evitar una eventual reacción de los grupos más radicalizados de proteccionistas de animales.
Sobre la indagatoria, los atacantes deberán responder por presunta infracción a la Ley Nacional N°14.346 de Protección Animal y a la Ley Nacional N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, normas que contemplan sanciones para casos de maltrato animal y afectación de especies protegidas. Bajo esa interpretación, ambos jóvenes deberían llegar a juicio oral y no podrían acceder al “atajo” de la suspensión de juicio a prueba o probation.
