La causa judicial iniciada por el propio intendente de Castelli, Francisco Echarren, contra dos exfuncionarios municipales, Laura Olguín y Sebastián Prediger, sumó un nuevo capítulo este mediodía luego de que la Justicia ordenara allanar las propiedades de los acusados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El operativo contó con la intervención de efectivos policiales y peritos locales, que recolectaron documentación y otros elementos de interés para la causa, iniciada en marzo de 2025. La investigación busca determinar si Olguín y Prediger, quienes integraban la Secretaría de Tierra y Vivienda, utilizaron materiales destinados a la construcción de viviendas públicas para avanzar con una obra de carácter privado.
Uno de los principales ejes del expediente apunta a las 83 viviendas del barrio Curita, cuya ejecución se encontraba bajo la órbita de Olguín cuando se desempeñaba como titular del área municipal. En ese marco, la pesquisa judicial analiza si ladrillos, hierros y otros insumos adquiridos para ese programa habitacional terminaron en una construcción particular vinculada con los exempleados públicos.
La investigación también puso bajo la lupa las coincidencias entre el desarrollo de ambas obras, debido a que el Municipio detectó similitudes entre las fechas de inicio, avance y paralización del proyecto oficial y la obra privada. De esta manera, los investigadores buscan reconstruir el destino de los materiales y recursos que el Estado local originalmente había adquirido para las viviendas de familias castellenses.
Otro de los puntos que integra la denuncia corresponde a la compra de 28 techos que la comuna había abonado y que no recibió en los plazos previstos. Sobre este punto, la actual conducción municipal sostuvo que el hecho dio origen a una denuncia penal y que, con posterioridad, recuperó algunos materiales cuyo valor rondaría los $300 millones.
Además, la administración de Echarren también remarcó que el expediente en curso cuenta con documentación, posibles testimonios y medidas dispuestas por la Justicia, aunque las responsabilidades penales todavía forman parte de la investigación.
“No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de denuncias formalizadas, personas imputadas, documentación aportada, testigos y medidas judiciales concretas como allanamientos y órdenes de secuestro”, expresaron desde el Ejecutivo local.
Las autoridades municipales agregaron que continuarán aportando a la causa toda la información que requieran los investigadores y remarcaron que la Justicia deberá determinar la eventual responsabilidad de cada una de las personas involucradas.
“No vamos a permitir que nadie se quede con los recursos ni con el sueño de una familia de Castelli de tener su casa propia”, concluyeron desde la gestión local.
La causa contra los exfuncionarios de Castelli sumó nuevas líneas de investigación
Vale precisar que la causa que alcanza a Olguín y Prediger también incluye otras presuntas irregularidades que exceden la construcción de las viviendas del barrio Curita. En el caso del extrabajador municipal, los responsables de la investigación pusieron el foco en el destino del dinero obtenido por la venta de materiales reciclables provenientes de la planta municipal.
Según la documentación que el armado de Echarren aportó al expediente, estos recursos debían financiar un bono para los trabajadores de la planta, pero desde el Municipio sostienen que ese beneficio nunca llegó a sus destinatarios. El juzgado interviniente cuenta además con alrededor de 20 trabajadores que podrían aportar su testimonio sobre la venta de los materiales y el supuesto incumplimiento del pago.
Por último, los funcionarios judiciales también analizan una operación para adquirir una pala cargadora municipal por un monto que, según la denuncia, incluía un presunto sobreprecio cercano a los USD 12.000. Desde el equipo que acompaña al alcalde kicillofista afirmaron que anularon aquella licitación y que posteriormente adquirieron la misma máquina por unos USD 12.000 menos, mientras la Justicia se dispuso a analizar las actuaciones y solicitudes de compra incorporadas a la causa.
