La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a expresar su rechazo a la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei, luego de denunciar que el proyecto cuenta con una “redacción maliciosa”.
Sin embargo, la nueva conducción de la central obrera reclamó la apertura de una mesa de diálogo tripartita, aunque confirmó la movilización prevista para el próximo jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo como la primer señal de un conflicto gremial que puede llegar a empeorar.
En esa línea, el dirigente sindical, Cristian Jerónimo ,sostuvo que el Ejecutivo nacional busca avanzar con una iniciativa sin consenso y sin impacto real en el empleo. “Entendemos que el proyecto es regresivo, quita derechos individuales y colectivos, y no creemos que incorpore nuevos trabajadores al sector formal con esta magnitud”, afirmó.
Además, el referente gremial advirtió que el texto oficial incluye mecanismos que debilitan la protección laboral y denunció una “redacción muy maliciosa”, con puntos y flexibilizaciones que “quitan todo tipo de protección a los trabajadores”, según remarcó Jerónimo.
En ese marco, el representante del Sindicato del Vidrio (SEIVARA) exigió una instancia formal de negociación entre las partes, y apeló a la responsabilidad institucional de la conducción libertaria para dialogar con el sector empresario y sindical.
Sobre este punto, Jerónimo cuestionó que el Ejecutivo avance sin diálogo en el Congreso y advirtió que los proyectos enviados para sesiones extraordinarias responden a una lógica unilateral. “Se buscan aprobar proyectos por imposición que no tienen ningún impacto real en la economía del mundo del trabajo”, sostuvo el integrante de la cúpula cegetista.
Además, el sindicalista también cuestionó las modificaciones laborales incluidas en la Ley Bases de 2024 y advirtió que la extensión del período de prueba, el fondo de cese, la quita de multas y la figura del trabajador independiente, “no generaron un solo puesto de trabajo”.
En tanto, desde la CGT aceptaron la necesidad de revisar puntos específicos del régimen laboral, aunque insistieron en que los cambios deben surgir del acuerdo entre los sectores involucrados. “Cuando se sientan las partes y existe una necesidad específica, se ponen de acuerdo, como ocurrió en sectores como el automotriz y el petrolero”, sostuvo Jerónimo.
Por último, el líder cegetista puso el foco en la defensa de la industria nacional y advirtió sobre las consecuencias de la apertura importadora. “La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo nuestra matriz productiva y rompe a las pymes, mientras otros países protegen su producción”, expresó, y señaló que el sindicalismo participará de un debate de cambios “siempre que se construyan en diálogo”.
Sturzenegger defendió el fondo estatal para despidos que propone la reforma laboral
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral incluido en el proyecto de reforma laboral se financiará con recursos estatales. El funcionario de Javier Milei explicó que el esquema surge de una reducción del 3% en los impuestos al trabajo y que los cambios alcanzarán a todas las relaciones laborales, incluso a las ya vigentes.
En ese marco, Sturzenegger detalló que la iniciativa modifica 57 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y elimina otros nueve, con el objetivo de modernizar el mercado laboral. El ministro libertario sostuvo que el nuevo régimen de indemnizaciones, vacaciones, licencias y horas extras se aplicará a todo el sector privado sin distinción de antigüedad, y apuntó a brindar previsibilidad normativa.
En relación con el fondo para despidos, el titular de la cartera de Desregulación explicó que el esquema se financiará a partir del ajuste del gasto público y se nutrirá de la reducción impositiva para cubrir contingencias judiciales y desvinculaciones laborales.
Por último, Sturzenegger remarcó que la reforma laboral no avanzará sobre derechos esenciales y avaló esquemas de mayor flexibilidad mediante acuerdos directos entre las partes. Por caso, el integrante del Gabinete nacional indicó que el proyecto oficialista apunta a ordenar la normativa vigente y generar condiciones de estabilidad tanto para el empleo formal, como para la inversión privada.
