Ante la decisión dictada por el gobierno de Javier Milei de autorizar la comercialización de cigarrillos electrónicos en todo el país y en medio de los rumores sobre un posible lobby en favor de la tabacalera Phillip Morris, un bloque de la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto de ley para prohibir el mercado y la publicidad de los vapers en toda la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la diputada del bloque UCR – Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, quien busca sancionar la comercialización, distribución e importación con destino provincial de los cigarrillos electrónicos de nicotina y tabaco, es decir los dispositivos que “calientan un líquido para producir aerosol inhalable”.
De acuerdo a la iniciativa, los ministerios de Salud y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica serán los encargados de promover la prohibición de toda forma de publicidad de cigarrillos electrónicos, su venta, la exhibición de estos dispositivos y la entrega de muestras gratuitas.
De ser aprobado, ambas carteras tendrán la potestad de realizar inspecciones en establecimientos en los que se pueda desarrollar la venta de cigarrillos electrónicos, ordenar el decomiso y destrucción de los productos prohibidos hallados en infracción, requerir información a operadores de comercio y plataformas digitales, como así también dictar resoluciones complementarias para mejorar la ley.
En líneas generales, en su propuesta Lordén alerta por el impacto negativo de los cigarrillos electrónicos en los adolescentes, que suelen acudir a ellos como segunda opción del tabaco. “El diseño de estos productos (saborizantes atractivos, formatos desechables, estética juvenil) evidencia que están pensados para captar consumidores jóvenes”, consideró la también médica.
En cuanto a las sanciones, Lordén propuso un esquema de niveles: si se reitera el delito, mayor será la infracción. La graduación de las mismas se basará en la magnitud del daño, la reincidencia, si los productos estaban dirigidos a menores de edad y la buena o mala fe del infractor en el procedimiento.
En ese sentido, el primer nivel es un apercibimiento acompañado del decomiso de los cigarrillos electrónicos, el segundo multas entre mil y diez mil unidades fijas, que a mayo de 2026 están tasadas en $2.215 cada una. En el tercer caso, será de entre diez mil y cien mil UF, la clausura del establecimiento de 30 a 180 días y la cancelación de habilitación comercial. En el cuarto, subirá a entre cien mil y un millón, la clausura definitiva y la inhabilitación para el ejercicio de comercio por hasta 5 años.
En la Legislatura, la problemática por los cigarrillos electrónica no es nueva. En junio de 2025, la por entonces diputada del GEN, Natalia Dziakowski, ingresó un proyecto de ley para prohibir su uso en los espacios cerrados de acceso público y de uso colectivo, como así también en todos los lugares de trabajo en la provincia de Buenos Aires. En junio de 2024, la comisión de Salud Pública del Senado despachó una propuesta de otra exlegisladora del GEN, Lorena Mandagarán, que extendía la prohibición a toda la provincia. Ninguna de esas dos iniciativas llegó a ser tratada en el recinto.
De qué trata el lobby del gobierno de Milei para promover los cigarrillos electrónicos
El ingreso del proyecto se dio en el marco de la decisión del Ejecutivo nacional tomada este lunes, con la que levantó la prohibición que pesaba sobre los cigarrillos electrónicos y creó un marco de regulación para ese tipo de productos. Según el relato del gobierno libertario, la medida que databa del 2011 no frenó el consumo en jóvenes dado que estos productos tienen una tasa de consumo del 35,5% en estudiantes secundarios, de acuerdo a un informe del Observatorio Argentino de Drogas (SEDRONAR).
“La experiencia acumulada evidenció que los esquemas de prohibición absoluta, frente a mercados dinámicos y con elevada capacidad de sustitución de productos, pueden favorecer la persistencia de canales informales e ilegales de comercialización, con productos de origen desconocido, sin control de composición, concentración de nicotina, emisiones, aditivos, ni condiciones de fabricación, lo que incrementa los riesgos sanitarios y dificulta el abordaje integral del fenómeno”, esgrimió la gestión nacional.
Según Lordén, el argumento del Gobierno tiene validez en términos de política sanitaria federal, pero no contempla las competencias propias de los Ejecutivos provinciales. “La provincia de Buenos Aires cuenta con su propio sistema de habilitaciones comerciales, poder de policía local y capacidad de fiscalización, que le permiten hacer efectiva una prohibición que Nación decidió no mantener”, cuestionó.
Más allá de la mirada ideológica del Gobierno libertario de que el Estado desaparezca lo más posible del mercado, el fin de la prohibición del cigarrillo electrónico responde a un trasfondo más político. Según rumores, el enlace parlamentario de la Casa Rosada, Ignacio Devitt, puso en marcha un plan federal para conseguir el apoyo de las Provincias y así lograr habilitar el vapeo, un pedido expreso de Philip Morris.
En rigor, antes de convertirse en Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y ser un miembro selecto de la mesa política de Milei, Devitt trabajó de marzo a noviembre de 2025 como “Gerente Senior de Asuntos Externos” de Philip Morris Internacional, tal como muestra su perfil de Linkedin.
Gracias a los desarrollos tecnológicos de los últimos años, a partir de 2008 Philip Morris giró su atención de los tabacos industriales hacia los cigarrillos electrónicos. En 2014, lanzó en Japón e Italia el dispositivo IQOS, que utiliza un “stick” de tabaco especial que se calienta a unos 350 °C en lugar de quemarse, lo que produce un aerosol que contiene nicotina pero menos compuestos nocivos que el humo tradicional. El producto fue un éxito y entre 2015 y 2020 se expandió a otros países de Europa y Asia, hasta llegar a América Latina.
El primer paso de la jugada de Devitt fue levantar la prohibición y el segundo será enviar un proyecto de ley para oficializar ese marco para regular la publicidad, la comercialización y el consumo de sistemas de vapeo, como así también bajarle impuestos al sector, dado que las tabacaleras quieren pagar un 20% frente al 73% que abonan según el valor de un atado.
De ser aprobado el proyecto de Lordén, el plan de Devitt se vería fuertemente perjudicado, dado que la provincia con mayor número de habitantes, y por ende de consumidores, no comercializaría ningún tipo de cigarrillo electrónico. Bastará con ver si la iniciativa se convertirá en un problema serio para el Gobierno si es que sigue camino en comisiones y llega hasta el recinto.
