El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lanzó un comunicado a través de las redes sociales para desmentir los argumentos esgrimidos por la gestión de Javier Milei, luego del anticipado veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada por el Congreso el pasado mes de septiembre.
Luego de la Segunda marcha federal universitaria, realizada este miércoles en múltiples puntos del país, el reclamo de la comunidad educativa persiste luego de un nuevo veto presidencial y las polémicas declaraciones del Gobierno en relación a las Universidades nacionales. En este contexto, las autoridades universitarias de todo el país encuadradas en el CIN, salieron al cruce “de una serie de mentiras” auspiciadas por la actual conducción nacional.
A la espera de que el veto sea tratado en primera instancia por la Cámara de Diputados el próximo miércoles, el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado donde cuestiona una serie de justificaciones que utilizó el Gobierno libertario para defender su política de ajuste y desfinanciamiento de la educación superior.
En ese marco, uno de los discursos más extendidos es que los gastos que realizanlas instituciones universitarias “no se auditan”. En ese sentido, el CIN explicitó que las universidades sí “tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU“.
Otro de los supuestos alegatos para ratificar el veto por parte de la administración nacional fue que las universidades “inventan estudiantes para cobrar más fondos”. En esa línea, los rectores de todo el país remarcaron que el presupuesto anual para las casas de altos estudios no se asigna por cantidad de estudiantes.
“Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes tales como los salarios de docentes y nodocentes, los gastos de funcionamiento y la inversión en ciencia y tecnología”, detallaron desde el CIN.
Siguiendo la discusión en términos macroeconómicos, desde las filas libertarias sostuvieron una idea ya defendida durante la gestión de Mauricio Macri y es que la población empobrecida no accede a la educación superior y termina financiando a los sectores con mayor poder adquisitivo.
En relación a eso, basados en números relevados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (EPH-INDEC), desde el CIN argumentaron que “el 48,5 por ciento de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza”.
Asimismo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional refutaron que la Ley de Financiamiento Universitario “atenta contra el equilibrio fiscal”. El ente explicó que la norma aprobada por el Congreso y ahora vetada por Javier Milei, “representa apenas el 0,14 por ciento del PBI. “Se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado”, agregaron.
Finalmente, sin mencionar nombres propios, desde el CIN señalaron la falta de veracidad en los dichos de Federico Sturzenegger, actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quién expresó que “el aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2 porciento” mientras que “el de los docentes universitarios fue de 81,4 por ciento”.
En respuesta, el Consejo Interuniversitario Nacional precisó que “los salarios de más del 85 por ciento de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza”. Al respecto, las autoridades universitarios remarcaron que “la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios fue de más del 30 por ciento” en los 10 primeros meses de la gestión Milei.
El CIN sale al cruce del Gobierno, en medio de rumores de arancelamiento a la educación superior
El comunicado de los rectores de todas las universidades del país aglutinadas en el CIN surge en un contexto de versiones encontradas en torno a un potencial arancelamiento de las instituciones universitarias. Si bien aún no hubo precisiones oficiales, la intención del Gobierno libertario es cobrarle a los extranjeros no residentes, entre una serie de modificaciones que aún no fueron reglamentadas.
La posibilidad de avanzar en un arancel para los estudiantes extranjeros es una idea que el Ejecutivo ya había expresado e incluso planteado en el texto inicial de la Ley Bases, pero que luego fue excluida durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso.
En tanto, fuentes del oficialismo subrayaron que si bien el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes, la normativa vigente no limitaría a las áreas correspondientes del Gobierno nacional a proceder con el proyecto de arancelar la educación superior a los universitarios extranjeros.
